
Con transformador ilegal robaban energía en cantera en Luruaco
Air-e reportó que por este hecho la compañía registra pérdidas mensuales que superaban los $108 millones.
La empresa Air-e continúa con las acciones para frenar el robo de energía en el departamento del Atlántico. La compañía informó que en las últimas horas pudieron establecer que con un transformador ilegal robaban energía en una cantera.
En un operativo, que contó con el acompañamiento de la Policía Nacional y técnicos especializados de la empresa Air-e, detectaron un potente transformador en la cantera que operaba en zona rural del municipio de Luruaco.
De acuerdo con la información suministrada por la compañía comercializadora del servicio de energía eléctrica, el procedimiento se llevó a cabo en la cantera Seval, ubicada en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en donde se encontró instalado un transformador de 630 kVA, el cual alimentaba la trituradora de piedra de la cantera, la cual tiene 10 motores para su operación.
Igualmente, con el transformador que fue instalado de manera ilegal y sin la autorización de Air-e se alimentaba la iluminación, oficinas administrativas, equipos de cómputo y equipos de climatización de la cantera.
Con la energía que se apropiaban en esta cantera se pueden alimentar 650 casas, lo que evidencia la dimensión de esta conducta reprochable e inaceptable, sobre todo cuando es cometida por una empresa con ánimo de lucro, en la que se generan ingresos por la actividad que desarrollan.

Inicialmente se estima que las pérdidas mensuales que provocaba esta empresa, a través del robo de energía, era del orden de los 108 millones de pesos.
La empresa aclaró que los hechos encontrados fueron documentados por los agentes de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional de Colombia y los mismos serán objeto de la investigación que se adelante en desarrollo del proceso penal por el delito de defraudación de fluidos, consagrado en el artículo 256 del Código Penal, el cual establece penas hasta por 6 años de prisión y multas hasta por 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Este tipo de fraudes afectan la calidad del servicio de energía, representa un latente atentado contra la vida y la integridad de las personas que la realizan. Así mismo, atenta contra la estabilidad financiera del prestador del servicio de energía y afecta económicamente a los usuarios”, dijo Ramiro Castilla Andrade, gerente de Air-e en el Atlántico.
Finalmente indicó que se hizo el desmonte y la incautación de la infraestructura eléctrica que había sido instalada de manera ilegal, neutralizando de manera definitiva, la operación con energía hurtada.