La Universidad Autónoma del Caribe atraviesa un momento decisivo en su historia institucional. El reciente fallo judicial que ordena la restitución de los derechos de Silvia Gette frente a la rectoría ha reavivado el debate entre distintos sectores, al tiempo que ha puesto nuevamente en el centro de la discusión la crisis financiera que enfrenta la universidad y el estado actual de su infraestructura.
Gette, junto a su equipo jurídico, anunció que avanzan los trámites administrativos para retomar el cargo, del cual salió ante una investigación por el delito de abuso de confianza calificada y agravada tras transferir un millón de dólares de las cuentas de la universidad a una personal en Estados Unidos.
Por esos hechos, Gette fue condenada en mayo de 2019 a 63 meses de prisión e inhabilidad para asumir cargos en dicho término. Dicha sentencia fue confirmada posteriormente por la Corte Suprema de Justicia en 2022.
“Mario Ceballos fue el fundador, el primer rector, el mentor de este proyecto. Yo nunca aspiré a ser rectora; fue el Consejo Directivo el que me eligió en 2003. Todo lo que hice fue con amor, como parte de la obra que construimos juntos”, aseguró Gette durante una rueda de prensa que dio tras conocerse el nuevo fallo que posibilitaría su regreso a la rectoría de la Uniautónoma.
A renglón seguido, expuso que “era una universidad preferida por la comunidad de la Costa y del país. Lo que ocurrió después de 2013 fue una destrucción. La vendieron, la acabaron. Eso duele profundamente”.
Panorama financiero
En medio de ese contexto, desde el interior de la institución han revivido las preocupaciones por su estado actual.
Un docente consultado por El HERALDO aseguró que la universidad atraviesa una situación financiera delicada, en la que el respaldo patrimonial estaría prácticamente agotado.
“Los activos de la universidad son prácticamente equivalentes a sus pasivos. Eso significa que no hay margen para inversión ni para responder a muchas necesidades”, explicó.
Según indicó, esta situación impacta directamente la operación de la alma mater, incluso en aspectos básicos: “Si no hay recursos suficientes, es difícil pensar en mejoras o en proyectos a futuro”.
El docente también señaló que el estado de la infraestructura es consecuencia directa de las limitaciones económicas.
“No se pueden hacer inversiones importantes. Las mejoras que se requieren no se han podido ejecutar por falta de recursos”, afirmó.
A pesar del actual panorama, destacó el compromiso de la comunidad universitaria: “Aquí hay sentido de pertenencia por parte de profesores y trabajadores, que han tratado de aportar para sostener la universidad, pero eso no remplaza lo que realmente se necesita”.
Javier Manjarrés, representante de los egresados en el Consejo Superior de la Universidad Autónoma del Caribe, manifestó recientemente a esta casa editorial que “la situación en estos momentos es difícil, con unas deudas insostenibles. En los últimos dos años aumentaron en más de $30 mil millones y ya superan los $200 mil millones. Además, la población estudiantil ha disminuido”.
Impacto de la disputa
La posibilidad del regreso de Silvia Gette ha generado posiciones encontradas dentro de la institución. De acuerdo con otro docente consultado por EL HERALDO, algunos sectores ven con expectativa ese eventual retorno, mientras otros cuestionan el momento en el que se da.
Sin embargo, expresó preocupación por el uso de la institucionalidad en medio de esta situación y así lo refrendó el Sindicato de Profesores, Administrativos, Empleados y Catedráticos de la Universidad Autónoma del Caribe (Sinpaec-UAC).
“La universidad, como institución, no puede ser instrumentalizada para la defensa de intereses particulares. La actuación en nombre de la universidad debe responder al interés general de la comunidad universitaria y no la necesidad de garantizar la permanencia de quienes hoy detentan el poder”, expuso la organización sindical.
Y recalcó que no es sano que se recurra a la institucionalidad universitaria para “sustentar posiciones que, en la práctica, terminan favoreciendo intereses individuales o de un grupo, por encima de los intereses de los estudiantes, docentes, trabajadores y egresados. Ese tipo de actuaciones no solo desdibujan el sentido de lo institucional, sino que profundizan la desconfianza y el desgaste de la universidad”.
Preocupación estudiantil
Desde la visión estudiantil, la situación también genera inquietud, especialmente en lo relacionado con la infraestructura y las condiciones de estudio.
Santos Amador, estudiante del Programa de Comunicación Social y Periodismo, aseguró que el deterioro es evidente en distintos espacios del campus.
“Hay problemas en paredes, aires, baños, vidrios rotos, salones. Es algo que preocupa porque estamos pagando matrículas altas”, expresó, al tiempo que precisó que la percepción negativa crece con celeridad entre la comunidad universitaria.
“Cada vez son menos los estudiantes y también los comentarios positivos. Algo está pasando”, añadió.
Por su parte, María Rodríguez, estudiante de Psicología, señaló que el estado de la universidad refleja problemas internos más profundos: “Se percibe como un lugar parcialmente abandonado. La situación organizacional se ve reflejada en la infraestructura”.
También cuestionó la falta de herramientas académicas, haciendo énfasis en que no cuentan con todos los recursos necesarios. “Hay cosas que deberíamos aprender aquí y toca buscarlas por fuera”.
Además, mencionó dificultades en servicios básicos dentro del campus tales como los baños y las herramientas tecnológicas. Por eso no ocultó su incertidumbre frente al futuro, en especial, ante un posible cambio en la rectoría.
“No sé si sea la solución. Siento que el problema es más profundo y requiere cambios estructurales”, dijo.
Retos a atender
En medio del debate sobre el futuro de la universidad, el exdecano Anuar Saad señaló que la crisis actual no es reciente, sino el resultado de problemas que se han venido acumulando y profundizando con los años. A su juicio, la situación pudo haberse corregido en etapas anteriores, pero el escenario es más complejo por el deterioro financiero y administrativo.
En ese sentido, advirtió sobre la necesidad de recuperar los hitos que posicionaron a la institución como referente, especialmente en programas como Comunicación Social, que en su momento tuvo más de mil estudiantes y reconocimiento nacional. Explicó que las limitaciones económicas han terminado afectando la calidad académica, impactando laboratorios, intercambios y otros procesos formativos.
Además, planteó que la universidad requiere decisiones estructurales urgentes, como acuerdos reales con acreedores, normalización de la seguridad social de los empleados y ajustes en el manejo de recursos.
También insistió en la importancia de fortalecer la meritocracia, evitar malas prácticas administrativas y mantener a la institución enfocada en su carácter académico.
Defensa de la gestión actual
El hoy rector de la Uniautónoma, Jorge Senior, aseguró a través de un comunicado que no comparte la decisión que permitiría el retorno de Gette a la rectoría y que se acudirá a las vías legales para la correspondiente defensa.
Además, precisó que la audiencia penal realizada recientemente continuará el próximo lunes, fecha en la que tanto la institución como el Ministerio de Educación Nacional ejercerán y sustentarán los recursos judiciales correspondientes frente a la decisión adoptada.
“La universidad respeta plenamente a la rama judicial y actuará dentro del estado de derecho. Al mismo tiempo, no comparte la decisión conocida hasta ahora y la controvertirá por vías legales”, aseveró.
Entre los argumentos que respaldan su postura, mencionó los límites de las facultades del juez penal de control de garantías, la vigencia del actual Estatuto General, los derechos adquiridos de buena fe por terceros y la competencia del Consejo Superior y del Ministerio de Educación en materia de inspección y vigilancia.
Asimismo, advirtió sobre la necesidad de proteger la seguridad jurídica y la estabilidad institucional, especialmente frente a la legalidad de las medidas de vigilancia especial adoptadas por el ministerio, incluyendo los mecanismos de salvamento y el plan de pagos.
Por último, señaló que se ha activado un seguimiento jurídico permanente del caso, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, y aseguró que adoptará todas las acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio educativo y la estabilidad de su comunidad.
Finanzas complejas, según rector Senior
El rector Senior reconoció, de forma reciente, que la universidad mantiene obligaciones importantes, una situación que también ha sido documentada en distintos momentos.
También detalló que la institución se encuentra bajo las medidas de la Ley 1740 de 2014, lo que implica una intervención estatal y mecanismos especiales de vigilancia y control financiero. Entre estas medidas explicó que los recursos de la universidad deben manejarse a través de una fiducia, mecanismo que garantiza supervisión sobre el uso del dinero.
