Han transcurrido 18 meses desde la intervención de la empresa Air-e ante evidencia de graves problemas financieros y administrativos; sin embargo, a la fecha, su situación, en vez de mejorar, es cada vez más preocupante.
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Cabe recordar que la decisión del Gobierno se tomó porque la empresa presentaba incumplimientos de pago en el mercado mayorista de energía, deterioro patrimonial, un alto riesgo en la continuidad del servicio, fallas administrativas y financieras, entre otros problemas.
Ante este escenario, el sector eléctrico, en especial las empresas generadoras, han manifestado su preocupación ante las crecientes deudas de la compañía y su dificultad para ponerse al día con ellas.
A julio de 2025, la deuda de la intervenida empresa Air-e, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, era cercana a los $3,6 billones, lo que representa –para los generadores de energía– un alto riesgo financiero.
De ese monto, alrededor de $1,7 billones se generaron después de la intervención del Gobierno, y el 88 % de esas obligaciones corresponde a compromisos con el mercado mayorista de energía, principalmente con generadores del sistema.
EL HERALDO conoció un análisis basado en información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el operador del mercado eléctrico XM y el Ministerio de Minas y Energía, que advierte que la situación de Air-e no solo afecta a la empresa intervenida, sino que empieza a representar riesgos para toda la cadena de pagos del sistema eléctrico.
El informe señala que la deuda con generadores creció rápidamente, pasando de $927.000 millones antes de la intervención a $1,5 billones después de la toma de control, lo que evidencia un incremento acelerado de los compromisos con las empresas que suministran energía al sistema.
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Además, Air-e presenta déficits mensuales superiores a $130.000 millones y mantiene indicadores financieros significativamente más débiles que otras empresas del sector eléctrico.
Hay que destacar que, según información presentada ante la Comisión Accidental de Seguimiento a Air-e, la ejecución del plan de inversiones de la compañía ha sido limitada en los últimos años. En 2023 alcanzó el 41 %, mientras que en 2024 cayó a apenas el 19 %, lo que evidencia dificultades en la ejecución de los recursos destinados a mejorar la infraestructura eléctrica.
Esta situación, de acuerdo con los expertos, también pone en riesgo la cadena de pagos del mercado mayorista de energía, lo que tendría implicaciones para la estabilidad del sistema eléctrico y el suministro en la región Caribe.
Ante este panorama, expertos advirtieron que venderle energía a Air-e en las condiciones actuales representa un alto riesgo financiero, debido a su deterioro patrimonial, el crecimiento acelerado de sus deudas y su débil capacidad de recaudo.
Reacción de generadores
En ese sentido, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, le detalló a EL HERALDO que la deuda de la compañía con las plantas térmicas ya alcanza $1,3 billones.
“La incertidumbre sigue siendo muy alta. Cada vez preocupa más el tema porque no se ve ninguna solución ni de corto, ni de mediano, ni de largo plazo”, afirmó Castañeda.
El líder gremial explicó que los generadores no están recibiendo el pago completo por la energía que venden al sistema, lo que incrementa el riesgo financiero.
“Cada mes que llega la factura por las ventas de energía al sistema, particularmente a las térmicas, llega un 10 % menos. Es decir, si yo facturo 100 pesos, me entregan 90, y ese riesgo es Air-e”, señaló.
Según Castañeda, mientras el país atraviesa un periodo de lluvias y los embalses tienen buenos niveles, el crecimiento de la deuda se mantiene relativamente controlado.
Sin embargo, el panorama podría cambiar drásticamente si se presentan condiciones climáticas secas que obliguen a despachar más generación térmica.
“Si llega un verano fuerte o un fenómeno de El Niño, la deuda podría crecer entre $100.000 millones y $150.000 millones mensuales; eso ya es insostenible”, advirtió.
De acuerdo con el presidente de Andeg, en un escenario de mayor generación térmica, el incremento de la deuda podría alcanzar cerca de $500.000 millones en un trimestre, lo que pondría en una situación crítica a la cadena de pagos del sistema eléctrico.
“Que la deuda crezca en seis meses un billón de pesos no lo aguanta nadie, no lo aguanta el sistema”, enfatizó.
Obligados a entregar energía
Castañeda también criticó que, mediante disposiciones regulatorias, los generadores estén siendo obligados a continuar vendiendo energía a la mencionada compañía.
“Con una circular que a todas luces desconoce la regulación, se nos está forzando a seguirle vendiendo energía, aumentando el riesgo día a día”, afirmó.
El dirigente se refiere a la circular de la Superservicios expedida en diciembre de 2024, mediante la cual dio instrucciones a los agentes del mercado eléctrico frente a las empresas que han sido intervenidas por la entidad.
La circular establece que los agentes del mercado de energía no pueden iniciar ni continuar procesos de limitación del suministro contra empresas que se encuentren bajo medida de toma de posesión por parte de la Superintendencia.
Esto significa que, aunque una empresa intervenida tenga deudas con generadores o con el mercado mayorista de energía, no se le puede suspender o limitar el suministro eléctrico mientras dure la intervención, con el fin de garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.
Además, advierte que el incumplimiento de estas instrucciones podría dar lugar a sanciones contra los agentes del mercado eléctrico.
A esta circular se suma el hecho de que, a inicios de octubre de 2025, la Superservicios– en comunicación enviada a los generadores y comercializadores de energía del país– los invitó a participar en el proceso de compra de energía promovido por Air-e, con el fin de cubrir sus necesidades de suministro para los años 2026 y 2027.
En el oficio, la entidad apeló a los principios de solidaridad y colaboración sectorial, teniendo en cuenta la situación crítica que enfrenta la empresa en la prestación del servicio.
Esta solicitud no fue bien recibida y algunos generadores respondieron manifestando su imposibilidad de participar en la convocatoria de compra de energía promovida por Air-e bajo las condiciones planteadas.
Las empresas argumentaron que la actual intervención de la compañía por parte del Gobierno, el reiterado incumplimiento en sus obligaciones de pago dentro del mercado mayorista y el deber fiduciario de proteger el patrimonio de sus accionistas y mantener la suficiencia financiera exigida por la regulación, les impedía asumir nuevos compromisos comerciales en estas circunstancias.
El riesgo de los generadores
El análisis concluye que cualquier contrato con Air-e pone a los generadores de energía en un alto riesgo financiero y va en contra de las responsabilidades que la Ley 222 de 1995 exige a los administradores y representantes legales.
“La apelación de la SSPD al principio de solidaridad no puede interpretarse como un deber de asumir pérdidas ni de subsidiar con recursos privados a una empresa intervenida y en situación de insolvencia”, se lee en el documento.
Además, concluye que, en las condiciones actuales, lo más prudente para los generadores sería abstenerse de suscribir nuevos contratos de suministro de energía con Air-e.
Según el análisis, continuar vendiendo energía a la empresa intervenida podría aumentar el riesgo financiero para las compañías del sector y comprometer la estabilidad de la cadena de pagos del mercado eléctrico.
La intervención de Air-e fue peor que la enfermedad: Efraín Cepeda
El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, aseguró, ante la crisis de Air-e, que su intervención ha resultado peor que la enfermedad y “demuestra el fracaso del Gobierno en el manejo de la empresa y la improvisación en ese proceso”.
Afirmó que preocupa la falta de claridad sobre la situación financiera de la compañía y el manejo de los recursos que recibe, así como por la inestabilidad en su dirección, tras el nombramiento de cinco agentes interventores en un periodo de 18 meses.
Sostuvo que el Gobierno “no ha mostrado voluntad para plantear una solución estructural al problema” y considera poco probable que se adopten medidas de fondo en los meses que restan del actual mandato.
“Confiamos en que el cambio de gobierno traiga consigo una nueva visión, no solo para resolver la situación de Air-e Intervenida, que no difiere mucho de la de Afinia, sino también para superar esa ironía que sufrimos en la región Caribe, de tener una crisis permanente en el sistema eléctrico, teniendo las condiciones para ser el HUB energético del país”, dijo.
