El superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, ordenó a la Nueva EPS poner en marcha un plan intensivo para reunirse con los prestadores de servicios y legalizar, mediante actas, las facturas a las que deben aplicarse los pagos ya realizados.
Según explicó Rubiano García, estos recursos aparecen en los registros contables de la entidad como “anticipos”, aunque en realidad corresponden a pagos de servicios ya prestados. El funcionario recordó que los hallazgos de la Contraloría General de la Nación frente a este tema ya habían sido identificados por la Supersalud, que desde agosto impuso una medida cautelar a la EPS.
“Lo que no hizo oportunamente Nueva EPS fue aclarar, ante cada pago realizado, a cuáles facturas el prestador debía imputar el valor pagado. Por eso, en el informe de la Contraloría lo que se denomina como anticipos, realmente son pagos a servicios ya prestados”, precisó el superintendente.
De acuerdo con la normativa vigente —el artículo 253451 del Decreto 780 de 2016 y la resolución 2284 de 2023—, cuando el pagador no especifica a qué facturas se aplica un pago, corresponde al prestador definirlo, y en caso de no hacerlo, el abono debe aplicarse a la factura más antigua aceptada.
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Rubiano García indicó que el procedimiento para superar este vacío contable es sencillo: formalizar con cada prestador las actas que determinen las facturas a las que se aplicarán los pagos, eliminando así la figura del “falso anticipo”. La tarea quedó en manos de la nueva gerente interventora, Gloria Polanía, quien deberá culminar en pocas semanas las reuniones con prestadores en todo el país.
El superintendente también aclaró que solo en una mínima proporción de casos, como contratos “tipo bolsa” con IPS de baja complejidad, los pagos podrían considerarse realmente anticipos. En estos, los prestadores están obligados a legalizar los servicios prestados o devolver los recursos no utilizados.
Asimismo, Rubiano recordó que durante la intervención se evidenciaron falencias en los sistemas de información de la EPS, lo que dificultaba el seguimiento de procesos y el procesamiento de cuentas médicas. Por ello, se recomendó la implementación de plataformas más robustas, como Factramed, y la contratación de auditorías médicas permanentes que fortalezcan la transparencia en el manejo de los recursos.
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“La intervención no es un mecanismo caprichoso, busca garantizar el buen destino y el uso eficiente de los recursos del sistema”, concluyó el superintendente.
