La suma de fallas en ESE UNA que llevaron a su intervención

Ante la crítica situación financiera y administrativa de la ESE UNA –que ha quedado al desnudo durante las últimas semanas–, la Superintendencia de Salud ordenó su intervención por un periodo de un año, en busca de adoptar las medidas que permitan garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud, así como la estructuración e implementación de soluciones que permitan superar las falencias.

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EL HERALDO tuvo acceso a apartes del informe de resultados de la auditoría integral que adelantó la Superintendencia a la ESE UNA entre el 11 y 14 de marzo, en la cual se detectaron 49 hallazgos en los ejes financiero, administrativo-legal y prestación de servicios de salud para las vigencias 2023, 2024 y lo corrido del presente año.

Cabe anotar que esta serie de irregularidades se constituyen en el sustento de la Supersalud para poner en marcha esta intervención, teniendo en cuenta que las directivas de la ESE UNA presentaron dos planes de mejoramiento –uno el 13 de mayo y otro el 28 de mayo– que no fueron aprobados debido a que su contenido no se encontraba encaminado a subsanar los mencionados hallazgos.

Es de anotar que a través de dicha auditoría también se hizo seguimiento y verificación a la ejecución del plan de mejoramiento que fue adoptado tras una serie de recomendaciones hechas por la Supersalud, luego de un proceso efectuado en marzo de 2024.

Tras la auditoría, la Superintendencia de Salud alertó que la Junta Directiva de la ESE UNA no se reúne con la periodicidad establecida en la normatividad vigente. La norma establece que dichos encuentros deben desarrollarse –de forma ordinaria– cada dos meses.

Se alertó por presuntas faltas con relación a los principios de programación y universalidad, teniendo en cuenta que no se formuló el presupuesto con base en una “planeación rigurosa que garantizara la disponibilidad de recursos suficientes para atender las necesidades previstas ni contempló la totalidad de gastos desde el inicio de la vigencia”.

También se reporta que no se estaban garantizando las condiciones laborales “justas y dignas”, así como tampoco se estaba generando estabilidad para el personal de la entidad.

Además, la Supersalud dejó por sentado que la ESE UNA no reconocía sus pasivos ni sus gastos y costos, de conformidad con el marco normativo aplicable.

“En consecuencia, no se cuenta con información financiera relevante ni representa fielmente los hechos económicos, toda vez que se evidenciaron situaciones en las cuales las cuentas por pagar a contratistas no fueron reconocidas en el periodo en el cual se prestaron efectivamente los servicios”, se lee en el documento.

Otro de los puntos que se especificó corresponde a la existencia de registros contables que no corresponden o no explican los hechos económicos sucedidos en cada periodo, así como no se reconocieron los costos asociados a la prestación de los servicios de contratistas, “aun cuando el mismo podía medirse con fiabilidad en razón a la existencia de contratos con honorarios pactados”.

Además, la Supersalud evidenció que la ESE UNA no contaba con el personal necesario para los servicios habilitados, sin contar que tenía usuarios en los servicios de internación –algunos de ellos correspondientes a sujetos de especial protección constitucional–sin garantías de atención integral, lo que incumple las disposiciones legales vigentes.

Por otro lado, la Supersalud reveló que se presentaban diferencias en la información financiera relacionada con la propiedad de planta y equipos, “al mantener activos fijos con etiquetas desactualizadas y bajo condiciones que denotan evidente falta de control”. Esto fue calificado como incumplimiento de los principios de relevancia y presentación fiel.

A eso se agrega que la entidad “no garantiza la presentación y mantenimiento de la infraestructura en los servicios habilitados para la atención de usuarios”, teniendo en cuenta que en algunas áreas se encontraron paredes y techos con presencia de humedad y mesones de trabajo en inadecuadas condiciones.

También se alertó por la falta de dotación en seguridad para la atención de los usuarios. Al respecto, la Supersalud expuso que no se “suministran soportes de los mantenimientos preventivos, correctivos y/o calibraciones de los equipos; tampoco se garantiza la totalidad de la dotación en los carros de paro, utilizada en la reanimación cardio-cerebro-pulmonar”.

Se referenció la falta de medicamentos e insumos ante la “falta de planeación, seguimiento y control de los procesos contractuales”, lo que conllevó a un alto riesgo de ocurrencia de eventos adversos como complicaciones del estado de salud y muerte de los pacientes al no llevarse a cabo los planes de tratamiento ordenados por los médicos tratantes.

En ese sentido, se señaló que el entonces gerente Pablo De la Cruz incumplía sus funciones al no tomar acciones frente a las irregularidades con el contrato suscrito con la Unión Temporal Servicios Farmacéuticos El Atlántico, encargada del suministro de medicamentos.

Según los hallazgos, el servicio farmacéutico no satisfacía los requerimientos y exigencias para su funcionamiento debido a que se registraba un almacenamiento inadecuado de medicamentos, dispositivos médicos e insumos; no se garantizaba el control de fechas de vencimiento y conservación de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos; no se controlaban las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos; no se garantizaba la cadena de frío de los medicamentos que lo requieren y no se aseguraba el reempaque de tabletería ni de medicamentos.

Otras de las anomalías detectadas frente a este servicio son la falta de los medicamentos de acuerdo con lo establecido por el prestador en sus procesos prioritarios; el incumplimiento con la prohibición relacionada con la tenencia de muestras médicas; la falta de generación de acciones de mejoramiento que impacten de manera definitiva la disponibilidad de tecnologías necesarias para la prestación de servicios de salud, así como las fallas en el procedimiento de devolución de medicamentos a la farmacia.

De igual forma, la Superintendencia dejó por sentado que la entidad presentó reiterados incumplimientos frente a los informes periódicos de seguimiento a la efectividad de los sistemas de gestión de riesgos y la presentación de los resultados de estos monitoreos, junto con los informes realizados por los órganos de control a la Junta Directiva.

En otro aparte del informe de resultados de la auditoría se especificaron las falencias en el reconocimiento, medición y presentación de las transacciones económicas realizadas con los aliados durante 2024, lo que “afectó la razonabilidad de su información financiera”.

En ese punto se identificaron facturas que no fueron reconocidas dentro de las cuentas por pagar aun cuando cumplían con los criterios para hacerlo, generando riesgo de subestimación de pasivos, así como no se reconocieron costos asociados a la prestación de servicios por parte de los aliados ni se reconocieron provisiones en lugar de cuentas por pagar en transacciones que no tenían ninguna incertidumbre. A eso se suma que se presentó la totalidad de las cuentas por pagar como corrientes, aun cuando existen partidas con antigüedad superior a 360 días y no se revelaron hechos materiales que impactaron la operación de la ESE tales como la suspensión del contrato de alimentación.

Al margen de esto, la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico no analizó los informes de ejecución presupuestal presentados por el gerente ni emitió concepto sobre los mismos, “toda vez que no se evidenció el registro en las actas respectivas de apartados que así lo comprobaran”.

Y en la vigencia 2024, la ESE UNA entregó información incompleta y que carece de fiabilidad sobre adiciones y traslados presupuestales, al punto que no se suministró la totalidad de actos administrativos que soportaran el valor de las adiciones certificadas por el gerente en el documento de ejecución presupuestal de ingresos de 2024, y se observaron discrepancias en el total de actos administrativos informados por la administración y el área de Control Interno.

Asimismo, la entidad –en su proceso de programación presupuestal– incorporó apropiaciones que superaron la expectativa real de recaudo durante la vigencia 2024, lo que implicó la adquisición de compromisos sin contar con una fuente cierta que respaldara su pago. De esta manera se generó un déficit presupuestal del recaudo frente a los compromisos adquiridos del 40,61 %, que corresponde a $74.571 millones.

En la misma línea, el gerente De la Cruz no veló por la utilización eficiente de los recursos financieros de la entidad, toda vez que incluyó en el presupuesto de 2024 asignaciones destinadas al pago de los aliados estratégicos, los contratistas y otras obligaciones, las cuales no fueron suficientes para cubrir el valor a facturar durante dicha vigencia.

Según el análisis de la Supersalud, esta “gestión ineficiente” de recursos impacta la viabilidad financiera de la ESE UNA, “y al no contar con información financiera libre de errores materiales, no observa el principio de contabilidad pública de negocio en marcha”.

Otra de las alertas corresponde a la falta de actualización del manual de políticas contables y la no presentación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2024 aplicando los criterios establecidos en el marco normativo para aquellas empresas que no cotizan en el mercado de valores y no captan ni administran ahorro del público.

También se puso de presente que la ESE UNA no realizó la debida estimación y reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar para la vigencia 2024, ni reveló si la estimación se realizó de manera individual o colectiva. Tampoco se contó con la información de costos distribuida en sus unidades funcionales que le permita determinar el valor de los servicios ofrecidos y que le sirva de herramienta gerencial para la contratación y toma de decisiones con las entidades responsables de pago.

La Supersalud dijo que no se estaban cumpliendo las responsabilidades en el manejo de la desnutrición aguda, moderada y severa en niños de cero a 59 meses de edad al no contar con equipos antropométricos para la toma de medidas antropométricas ni hacer seguimiento a esta población que sea derivada al manejo ambulatorio.

Con relación a la atención de las víctimas de violencia sexual, la Superintendencia dijo que no se cumplía con el protocolo, puesto que no se evidenció la notificación de eventos a Sivigila ni asesoría de VIH.

Y sobre la población con discapacidad y la población étnica, la auditoría reveló que se incumplen los aspectos normativos vigentes. Estas irregularidades se extienden a la atención de las víctimas del conflicto armado.

En lo concerniente a las historias clínicas, el documento expone que no se garantiza su adecuado registro, evidenciado en “no registro de signos vitales; deficiente calidad en registros clínicos; no contiene los mínimos de una historia clínica; algunos registros de la prestación de los servicios en salud no son concordantes sugiriendo inconsistencia en el registro y deficiencia en la custodia de la historia clínica”.

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En el recorrido por las salas de cirugía se pudo identificar que no cuentan con adecuada limpieza y desinfección, mientras que las paredes o muros no son impermeables, “presentando deterioros que generan partículas que aumentan el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud como las de sitio operatorio”. También determinó que existe mobiliario con presencia de óxido.

En la auditoría a la ESE UNA se evidenció que no se estaba garantizando el cumplimiento de sus responsabilidades frente a la inscripción y habilitación de servicios ante la entidad territorial en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), puesto que algunos servicios no se estaban prestando a pesar de estar habilitados, así como brindar otros servicios sin estar autorizados.

Frente a los servicios de urgencias, la Supersalud expuso que no se brindan “de manera integral, continua y oportuna” al identificarse usuarios clasificados triage II con tiempo de espera mayor a 30 minutos, a lo que se suma que no se el registro de la información del triage de los pacientes que ingresan.

También puso de presente las dificultades en la activación de la ruta de salud mental con enfoque diferencial y protección especial, mientras que la sala de observación pediátrica y adultos no cumple con los espacios establecidos de 6 metros cuadrados por camilla, ni presenta barreras físicas móvil o fija entre camillas, ni contaba con sistema de llamado de enfermería.

“No se garantiza una atención con calidad, resolutividad del problema y definición de conductas tendientes a disminuir el riesgo para el usuario, de acuerdo con su proceso de salud – enfermedad; tampoco hay prestación de los servicios de salud con accesibilidad, seguridad, continuidad y oportunidad”, anotó.

Con relación a la población gestante, el documento expone que no se garantiza el acceso efectivo y oportuno a servicios, al tiempo que no se garantiza la completitud de los kits de emergencia obstétrica.