Tres recursos han sido presentados ante el Tribunal Administrativo del Atlántico frente a las medidas cautelares que frenaron el cobro de la valorización en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en el marco de una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel.
En diálogo con EL HERALDO, el congresista explicó que el primero corresponde a un recurso de apelación por parte del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías (Invías), seguido de una recusación contra el magistrado.
Lea: Puerto admite error en recurso sobre cobro de valorización en Vía al Mar
En tercer lugar, la Alcaldía de Puerto Colombia presentó un oficio con el que se respalda la legalidad del cobro. Dicha posición ha generado “gran sorpresa”, teniendo en cuenta que las autoridades locales han expuesto su rechazo a este proceso en otros escenarios.
Al respecto, el congresista del Centro Democrático expresó que dicha comunicación también ha generado “tristeza”, teniendo en cuenta el impacto que dicha medida generaría para los habitantes de esta población del Atlántico.
“Nos sorprendió el comunicado de la Alcaldía de Puerto Colombia. A mí me corresponde prender las alarmas cuando aparece un documento oficial radicado por la Oficina Jurídica de ese municipio”, recalcó el congresista.
Para usted: Con un recurso, Alcaldía de Puerto Colombia pide reactivar el cobro de valorización en la Vía al Mar
Agregó que en la mañana de este martes sostuvo una conversación con el alcalde Plinio Cedeño, quien le reiteró su rechazo al cobro de la valorización. Además, anunció que se adelantarán los trámites correspondientes para enmendar la situación.
“Nos informó que tendrá una reunión con su equipo jurídico para revisar y aclarar el tema. Entendemos que en cualquier administración se pueden cometer errores. Creemos que es justo aceptar que pueden existir errores procesales, pero también es cierto que el alcalde tiene todas las herramientas para corregirlos, y nosotros no tendríamos ningún problema en reconocerle públicamente esa rectificación”, dijo.
Le puede interesar: Habilitan dos nuevos puntos de atención del Sisbén para mejorar el acceso ciudadano
Frente a los otros recursos, Meisel dijo que la recusación “nos obliga a revisar el sentido de la acción popular en el marco jurídico colombiano. Porque si ese es el argumento para recusar a un magistrado, entonces habría que replantearse si las acciones populares deben seguir existiendo en nuestro ordenamiento. Ser magistrado no lo excluye de los derechos ni de las obligaciones que se tienen con un territorio”.
Meisel fue enfático al sostener que rechazan el cobro de la valorización debido a que impacta de forma negativa a las comunidades de Atlántico y Bolívar, conllevando a un esfuerzo económico que no se verá retribuido en el territorio.
Más: ¿Qué le esperaría a la costa Caribe colombiana si no se enfrenta el cambio climático?
“La ciudadanía debe entender que esto no es un asunto de política partidista. Es comprensible que el Gobierno nacional tenga oposición y también tenga seguidores. Nosotros no estamos entrando en esa discusión. Lo que le pedimos a la ciudadanía es que participe, que se informe y que entienda lo que está en juego”, dijo.
En la misma línea, dijo que “lo grave es que se está pidiendo ese esfuerzo a una ciudadanía que, en gran parte, no tiene capacidad de pago. No me digan que un campesino de Juan de Acosta, de estrato uno, que tiene su casa y una pequeña parcela en el mismo municipio, es un multipropietario y debe pagar valorización por cinco o seis hectáreas donde apenas cultiva para no morirse de hambre”.
