El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, a través de una carta enviada a la agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, le solicitó el “cumplimiento inmediato” de las obligaciones que le asisten como responsable del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo a lo contemplado en el decreto de ordenanza 487 de 2024.
Esta misiva la envió el mandatario departamental luego que conociera a través de un comunicado de la empresa Air-e la intención de incluir un cupón por separado para que sea el usuario quien decida si paga o no este tributo.
Verano, señaló que antes de entrar a realizar las precisiones jurídicas del caso y a explicar las razones por las cuales “la inconsulta decisión vulnera el ordenamiento jurídico, en primer lugar, quisiera manifestar mi enérgico rechazo a una decisión que fue tomada unilateralmente por Air-e S.A.S. E.S.P. y que no fue socializada con el Departamento del Atlántico como principal afectado con dicha determinación”.
Dice además la carta que en reiteradas ocasiones la Gobernación le manifestó a la compañía que los recursos provenientes de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana contribuyen no solo a la consecución de los fines esenciales del Estado y a alcanzar los propósitos fijados en nuestro Plan de Desarrollo 2024 – 2027, sino que además dejar de contar con ellos de forma intempestiva supondrían un gravísimo impacto fiscal para el Departamento.
El mandatario departamental reiteró su rechazo a la acción tomada por Air-e de no comunicarles esta decisión a través de un comunicado y no por los conductos de comunicación que siempre han tenido entre la Gobernación y la empresa Air-e.
“Merece nuestro categórico y fundado rechazo ante tan displicente conducta, máxime cuando en meses recientes las puertas del diálogo y el consenso siempre han estado abiertas de nuestra parte, pero haciendo énfasis – eso sí – en que cualquier determinación siempre debe estar amparada por lo dispuesto en la normatividad vigente”.
Así como lo había dado a conocer el secretario jurídico de la gobernación, Rachid Náder, entre la empresa y el Departamento se venían desarrollando mesas de trabajo, “pero en las mismas jamás se ventiló y mucho menos se acordó esta decisión que bajo ninguna circunstancia hubiera sido avalada por nosotros, pues la misma implica el desconocimiento y la abierta transgresión a disposiciones jurídicas de obligatorio acatamiento”, aseguró Verano.
