En una carta conocida por EL HERALDO, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dio a conocer que Air-e, empresa encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica a cerca de 1,2 millones de usuarios – aproximados a 4 millones de personas - en tres departamentos del Caribe Colombiano, atraviesa una situación crítica que podría llevar a su liquidación.
De esta forma, realizó un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que adopte los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento de las obligaciones que tiene la compañía, para así también evitar un posible apagón.
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“Las preocupaciones aquí expresadas constituyen un llamado a la SSPD para que se adopten los correctivos necesarios que permitan el cumplimiento de las obligaciones, especialmente las relacionadas con el mercado mayorista de energía, y así evitar la materialización de una advertencia de limitación de suministro”, se lee en el documento.
Como consecuencia, agregó que se podría desencadenar un racionamiento con graves implicaciones para la seguridad económica y los derechos fundamentales de millones de personas.
“Sin el respaldo de la Superintendencia, a través del Fondo Empresarial, la prestación del servicio a cargo de la empresa intervenida se vuelve inviable. Las medidas regulatorias y administrativas no son suficientes, se requiere apoyo y gestiones concretas que permitan a la empresa a salir adelante, de lo contrario, se tendría que considerar una liquidación. En cualquier, escenario, debe primar la obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio público a su cargo”, argumentó el ministro.
Un panorama complejo
Palma señaló que, tras conversar con la Agente Especial designada, Diana Bustamante, conoció que la situación de Air-e, tras la intervención, es delicada. Como muestra, puntualizó que la entidad no ha podido cubrir totalmente las obligaciones con las generadoras, acumulando una deuda que asciende a 1,3 billones de pesos.
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“No pagarles a los generadores produce un efecto negativo en el resto de los actores del sistema. Aunque el modelo está basado en la solidaridad, las empresas que generan, especialmente en térmicas, deben cumplir sus obligaciones con los proveedores de combustibles”, dijo.
Por otro lado, detalló que en la última visita que realizó a la compañía se evidenció una exposición en bolsa para 2026 superior al 70 %, así como un déficit proyectado en el flujo de caja por valor de $2,8 billones para el año en curso.
“La situación se agrava por el riesgo de materialización del incumplimiento de la senda de pérdidas, lo que implicaría una reducción total de ingresos estimada en $567.976 millones durante el periodo de devolución, proyectado para iniciar en junio de 2026″, explicó.
Por ende, calificó como urgente que la Superservicios defina una solución de fondo que garantice una prestación eficiente y continua del servicio de energía eléctrica, además de una inyección de capital que permita cumplir con los compromisos adquiridos con las generadoras y demás actores del sistema.
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“Como Ministro de Minas y Energía, tengo la responsabilidad de formular y coordinar las políticas del sector de energía eléctrica, orientadas a garantizar la prestación de este servicio público domiciliario esencial, según el numeral 3 del artículo 2 del Decreto 381 de 2012, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 365 y 370 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley 142 de 1994, que establece que el Estado intervendrá en los servicios públicos conforme a las reglas de competencia allí previstas”, sentenció.
