El Heraldo
De izq. a der., Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad; Néstor H. Martínez, fiscal General, y los presidentes de la Corte Constitucional, Alejandro Linero; del Consejo de Estado, Germán Bula; de la JEP, Patricia Linares, y de la Corte Suprema, José Luis Barceló. En el centro, la moderadora del panel. Wilfred Arias
Política

Mensaje del Fiscal a la JEP: “Las buenas cercas hacen buenos vecinos”

Durante la cumbre organizada por la Procuraduría, Néstor Humberto Martínez reveló que en la casa en la que fue capturado el exguerrillero fueron incautados 10 computadores.

El foro ‘Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad’, organizado por la Procuraduría General de la Nación en esta capital, puso en evidencia cómo se encuentra el pulso jurídico –y, porque no, político– entre las altas Cortes y la “crema y nata” de la justicia del país, a propósito de la decisión que la semana pasada tomó la Justicia Especial para la Paz (JEP) de suspender la extradición que pesa contra Jesús Santrich, por presunta conspiración para el envío de 10 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. 

En el tercer panel del evento, que se realizó en horas de la tarde en el hotel Almirante, estuvieron cara a cara Alejandro Linares, presidente de la Corte Constitucional; José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema de Justicia; Germán Bula, presidente del Consejo de Estado; Patricia Linares, presidenta de la JEP; Néstor Humberto Martínez, fiscal general; y el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad. Aunque en principio el tono académico de la conversación parecía ser el que estructuraría el panel, los comentarios sobre los límites entre la justicia ordinaria y la transicional por dicho caso abrieron el debate. 

10 computadores decomisado

El primero en dar el ‘golpe’ fue el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien aseveró que si bien reconocía las potestades que la JEP tenía por mandato constitucional, era necesario que se respetaran “las cercas” que había, pues ello era garantía de un futuro trabajo armónico en conjunto.

Particularmente, criticó el hecho de que en el auto 007 en el que la Justicia Especial anunció la suspensión de la extradición, también se solicitó una revisión de legalidad al allanamiento que se hizo de la casa en la que fue capturado Santrich, en el cual, según dijo, se obtuvieron 10 computadores. 

“Esos diálogos a los que se nos invitan serán más productivos en la medida que hayan menos eufemismos. Hay que ser claros y directos mirándonos a los ojos. Sería un verdadero desafío, con rasgos de temeridad, que una decisión judicial de la Fiscalía General, en materia de capturas, como se anuncia en el auto que fue expedido, sea objeto de revisión de legalidad por una jurisdicción de transición que nada tiene que ver con las competencias de la justicia ordinaria. No hay una sola norma constitucional ni legal que le otorgue esas facultades”, señaló Martínez. 

“Releyendo ese auto, me di cuenta que el accionante también pidió declarar la ilegalidad del allanamiento. Hablémosle claro al país. La Fiscalía  allanó el domicilio del señor Hernández y en esa operación incautó 10 computadores.Con esa acción se pretende es declarar ese allanamiento para que pierdan toda eficacia probatoria que forman parte de la verdad del posconflicto” agregó.

Inmediatamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, le refutó a Martínez y afirmó que aunque en efecto las buenas cercas hacían a los buenos vecinos, también era cierto que los “vecinos no eran notarios, sino jueces”. 

El magistrado hacía referencia a que todos los jueces, tanto los ordinarios como ahora los transicionales, están sometidos al mandato del imperio de la ley, y que por tanto su trabajo de definir –en el caso de la JEP– la fecha en la que se cometieron los supuestos delitos de Santrich, requería de elementos de juicio que los corroboraran. 

“Es cierto, señor fiscal: Las cercas hacen buenos vecinos. Pero ellos son jueces. Uno ordinario y el otro de lo transicional, en procura de una paz que es un mandato constitucional”, finalizó Barceló, dejando entrever una posición de defensa a las actuaciones de la JEP. 

Seguidamente, la presidenta de la justicia especial dijo que nunca habían realizado alguna acción de hecho, sino atendiendo a una ley que se había incorporado a la Constitución como resultado de los Acuerdos de Paz. Linares recalcó, además, que no había intención en saltarse ninguna competencia, y que la reglamentación de la JEP quedaba a plena disposición del Congreso. 

En horas de la mañana, durante la instalación del evento, el procurador Fernando Carrillo había anunciado que se iban a presentar acciones legales contra la decisión que había tomado la justicia especial, alegando que su institución era sujeto procesal en esa jurisdicción, y no se le podía desconocer para un anuncio como ese.

“Santrich estaba dispuesto a morirse”

El presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, aseveró ayer desde Cartagena que luego de recibir el permiso de la Fiscalía de visitar a Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, pudo observar cómo el exguerrillero estuvo dispuesto a dejarse morir.

“Hubo dos cosas que impidieron que eso sucediera. Primero, la carta que yo le envié a él en la que le pedía que suspendiera la huelga de hambre, y segundo el pronunciamiento de la JEP”, aseveró, recalcando que la muerte de Santrich hubiera traído unas consecuencias muy graves a todo nivel para el país.

De Roux participó en el tercer panel que se realiza en el marco del foro Justicia Internacional y Lucha contra la Impunidad organizado por la Procuraduría.

Santos y la justicia especial

En la instalación del foro, el presidente Juan Manuel Santos , por su parte, hizo una férrea defensa de la JEP, asegurando que el modelo transicional tiene como objetivo central a las víctimas y recuperar el tejido social destruido durante los años de violencia a través de la verdad. 

“Se trata de una justicia que no busca la impunidad. Aquí no habrá amnistías. Aquí se juzgarán los crímenes de lesa humanidad y las violaciones más graves de los derechos humanos”, indicó, Santos.

 

Los otros dos paneles

Antes del tercer panel hubo otros dos en horas de la mañana. El primero, que fue moderado por Marco Schwartz, director de EL HERALDO, tuvo la participación de José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional de España; Pablo Sánchez, fiscal General del Perú; Caroline Gontran, jefa del departamento de Adesuntos Europeos e internacionales del Ministerio de Justicia de Francia; Helena Ribeiro, secretaria de Estado de Justicia de Portugal; Antonio Dorado, secretario general de la administración de España, y Enrique Gil Botero, ministro de Justicia de Colombia. 

Una de las conclusiones  fue la necesidad de que la prensa y la rama judicial tuvieran un acercamiento más continuo, de forma que una y otra se beneficiaran. El tema de la corrupción fue la ejemplificación de ello. “Si el periodismo de investigación se relaciona de mejor manera con los jueces, y viceversa, podría darse una simbiosis que permitiera, por ejemplo, más control social a temas de corrupción”, indicó uno de los panelistas.  

También se discutió sobre la necesidad de que se crearan más tribunales para tratar temas específicos, de forma que no se recargaran temas sobre pocos magistrados. 

El segundo panel contó con la participación de Hugo Rojas, profesor de las universidades Alberto Hurtado y Católica de Chile; Lorena Balardini, profesora de la Universidad de Buenos Aires; Javier Ciurlizza, director de la Región Andina Ford Foundation; Joaquín Villalobos, docente experto en justicia transicional, y Pablo de Greiff, relator de verdad, justicia y reparación de las Naciones Unidas. Allí se trataron experiencias comparadas de justicia transicional.

Iván Duque

El último panel que estaba previsto consistía en la intervención de todos los candidatos presidenciales para que hablaran de su propuesta de justicia. El único que llegó fue Iván Duque. Allí, el aspirante aprovecho para explicar, entre otros puntos, que su idea de crear una única Corte no se la inventó él, sino que es una discusión que lleva mucho tiempo, y de que los choques de trenes que se han presentado no se han resuelto de manera acertada.

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