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Víctimas del conflicto durante un acto de conmemoración en Barranquilla.
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Política

El suplicio de ser víctima en Colombia

A las puertas de una discusión en el Congreso por la prórroga de la Ley de Víctimas, organizaciones piden al Estado que les cumplan.

No recibir el pago de indemnizaciones o recibirlas con serios atrasos, luchar por la prórroga de la ley que los respalda y saber que pese a las sentencias judiciales los incumplimientos por parte del Estado continúan hacen que ser víctima en Colombia sea un verdadero suplicio.

Así lo denuncian organizaciones de víctimas que ahora enfrentarán una nueva ‘batalla’: la prórroga de la Ley 1448.

A Alfonso Castillo, vocero nacional del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), los hallazgos encontrados por la Contraloría en la Unidad de Víctimas no le sorprenden.

“La situación es aún peor. De tiempo atrás las organizaciones de víctimas hemos hecho varios pronunciamientos  en el sentido de señalar el incumplimiento en la Ley 1448”, expresó Castillo.

En este sentido, en un reciente informe, la Contraloría General denunció graves retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas. De hecho, citó que  a 31 de diciembre de 2018 había  más de un millón de pagos pendientes.

Dentro de los hallazgos fiscales, por la suma de $2.509 millones, la Contraloría también detectó que hay “barreras de acceso para solicitar la indemnización administrativa” y calificó como “muy pobre” la cobertura del Programa de Reparación Colectiva.

Tras esto, el vocero nacional de Movice puso de presente que de 8 millones de víctimas, con dificultad han podido reparar a un millón de estas, a pesar de que a la Ley que los respalda y reconoce como víctimas le queda solo un año de vigencia.

“El hecho grave no es el hallazgo de la Contraloría, sino en general el incumplimiento de la Ley 1448. Ya con 10 años, la Unidad de Víctimas no ha sido capaz de indemnizar a las víctimas del conflicto armado”, lamentó Castillo.

Por su parte, Rosario Montoya, víctima de crímenes del Estado, expresó que en varias ocasiones han denunciado la falta de cumplimiento de la Ley de Víctimas y que las irregularidades presentadas por la Contraloría no son nuevas.

La espera por el pago de indemnizaciones se hace tan larga que, según denunció Montoya, a veces la muerte es más rápida que la respuesta del Estado.

“Los ancianos se mueren esperando su indemnización”, señaló.

Además, Castillo criticó el “pobre resultado” que presenta la Unidad de Víctimas cuando se trata de reparación a colectivos.

“Cómo es posible que de 600 casos de reparaciones colectivas, en 9 años solo hayan podido mostrar resultados en 6 casos (el 1%). Eso es un atraso fenomenal”, cuestionó el vocero nacional del Movice.

Disminución del presupuesto

La asignación del presupuesto es una de las grandes peleas que a las víctimas en Colombia les ha tocado librar.

Castillo rechazó el hecho de que usen a las víctimas como ejes de los discursos y tales palabras no se hagan evidentes en la asignación presupuestal.

“Los gobiernos han venido asumiendo ese tema como un ejercicio formal y no real. Se dice que están en la construcción de la paz, que sin las víctimas no sería posible, pero en la práctica lo que hay es una evidente disminución del presupuesto para indemnizar a las víctimas”, indicó.

Por ello, manifestó que le preocupa que ahora que la Ley de Víctimas será discutida en el Congreso (tras el fallo de la Corte Constitucional que ordena ampliar el plazo de la Ley 1448, que vencía el próximo año), la propuesta del Gobierno sea modificar los estándares ante la falta de cumplimiento.  

“Como el Estado no es capaz de cumplir, entonces pongamos las cuotas más bajas para que no haya tanto incumplimiento”, refirió Castillo que decir eso sería lamentable.

Incumplimiento a sentencias

Paralelo al incumplimiento de la Unidad de Víctimas, otras agencias del Estado han seguido el mismo modelo.

María del Pilar Silva, abogada experta en reparación de víctimas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), precisó que también hay “total impunidad” en las reparaciones colectivas e indemnizaciones a nivel de sentencias judiciales.

“La masacre de Caloto ocurrió en 1991 y todavía sigue en cobro en el Ministerio de Defensa. Ni el Ejército, Fiscalía ni la misma Agencia del Estado le quieren dar cumplimiento a la mayoría de casos de sentencias judiciales por reparación”, señaló Silva.

La abogada rechazó el hecho de que estas entidades estatales prefieran pagar el interés diario que hay por incumplimiento de las sentencias, antes de ponerse al día con las víctimas.

“Eso es un detrimento, muchas familias mueren y no alcanzan a recibir la reparación. La Fiscalía y el Ministerio de Defensa dejaron de pagar hace más de 5 años”, aseguró Silva, quien hizo un llamado al Estado para que les pague a las víctimas de este país.

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