En medio del debate político por supuestas irregularidades en el sistema electoral y las alertas por violencia en algunas regiones del país, la Misión de Observación Electoral (MOE) mantiene su monitoreo permanente del proceso. En entrevista con EL HERALDO, Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la organización, aseguró que, tras revisar auditorías, simulacros y procedimientos técnicos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, no se han encontrado anomalías que indiquen un posible fraude electoral. No obstante, advirtió sobre un clima de incertidumbre alimentado por denuncias públicas y sobre riesgos de violencia en al menos 339 municipios del país.
Cuál es el balance general que han hecho desde la MOE sobre el panorama que rodea estas elecciones?
Estamos enfrentando una elección bastante atípica en términos de denuncias y reclamos. Se han instalado narrativas complejas sobre supuestos fraudes electorales por parte de distintos actores, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral, las auditorías y el funcionamiento de las soluciones tecnológicas que utiliza la organización electoral.
Esto nos pone en alerta frente a lo que pueda ocurrir posteriormente con el reconocimiento de los resultados. Sin embargo, esperamos que las explicaciones que ha dado la organización electoral, los monitoreos realizados por entidades como la MOE y las auditorías contratadas por la propia Registraduría ayuden a disipar ese clima de incertidumbre.
Desde nuestro seguimiento, esos llamados de fraude resultan infundados frente a lo que hemos observado.
Además, el panorama también está marcado por riesgos de violencia. Hemos registrado varios hechos relacionados con ataques a campañas y situaciones como los secuestros ocurridos en el departamento del Cauca hace unas semanas. Esto genera alertas sobre lo que podría suceder durante la jornada electoral, aunque también hay que reconocer que las autoridades han reaccionado con rapidez para atender estos casos.
Ustedes suelen participar activamente en las comisiones de seguimiento electoral. ¿Cómo han sido esas diligencias entre las autoridades y los actores políticos?
Este año tuvimos una comisión muy temprana en enero, donde se revisó la situación general del proceso ya en plena etapa de campaña. Allí participaron autoridades del orden nacional y se escucharon las preocupaciones de los partidos políticos, especialmente en temas de seguridad, acompañamiento a sedes de campaña y garantías para actos proselitistas.
En las últimas semanas también se realizaron comisiones descentralizadas en ciudades como Cúcuta y Santa Marta, lo que permitió conocer las realidades de distintos territorios y reforzar los esquemas de seguridad del Plan Democracia, así como los procesos de auditoría tecnológica que adelanta la organización electoral.
Históricamente la violencia ha sido uno de los principales riesgos electorales en Colombia. ¿Cómo está el panorama este año?
Hemos identificado 339 municipios en riesgo por factores de violencia. Es una cifra que ha tenido un crecimiento leve, pero sostenido, aunque todavía está por debajo del umbral de más de 400 municipios que se registraban antes del acuerdo de paz.
Es importante señalar que sí hemos observado un aumento en la intensidad del riesgo en algunos territorios, pero no una expansión generalizada de la violencia electoral.
Por otra parte, frente a la violencia contra liderazgos políticos, hemos visto una disminución en el número total de hechos respecto al año pasado. Sin embargo, hay una mayor concentración de ataques contra liderazgos políticos y un leve aumento en acciones letales como atentados y asesinatos, lo cual genera preocupación.
En materia de delitos electorales como la compra de votos, muchas veces se señala a la región Caribe como el principal foco. ¿Qué muestran los datos?
La información que manejamos proviene de reportes ciudadanos a través de nuestra plataforma pilasconelvoto.com. Para esta elección, las conductas más reportadas están relacionadas con afectaciones al voto libre.
Principalmente hablamos de dos fenómenos: la compra de votos y el constreñimiento al elector, que no necesariamente proviene de actores armados, sino de presiones en entornos laborales o por parte de contratistas y funcionarios públicos.
Es un fenómeno que tiene presencia en distintas regiones del país. En términos territoriales hemos visto mayor incidencia en departamentos como Tolima, Antioquia y Bolívar, además de algunos reportes en Bogotá.
En las últimas semanas ha habido una fuerte discusión pública sobre posibles fraudes electorales. ¿Qué ha encontrado la MOE en su seguimiento al proceso?
Nuestro acompañamiento ha sido permanente desde el inicio del proceso electoral, incluso desde la formulación de los pliegos de contratación de la Registraduría.
También hemos hecho seguimiento a las auditorías tecnológicas, a los simulacros de digitalización, preconteo y escrutinios, así como a los kits electorales.
Hasta el momento, las recomendaciones que hemos emitido han sido atendidas tanto por la organización electoral como por los partidos políticos. De acuerdo con nuestras verificaciones técnicas, no hemos encontrado anomalías que puedan traducirse en un posible fraude electoral.
Finalmente, ¿qué espera la MOE para la jornada electoral de esta jornada?
Nuestro seguimiento será permanente antes, durante y después de las elecciones. El día de la jornada desplegaremos más de 3.700 observadores en más de 500 municipios del país.
Nuestro objetivo es vigilar el cumplimiento de la ley electoral, hacer seguimiento a la instalación de los puestos de votación, monitorear la situación de orden público y reportar cualquier irregularidad que pueda afectar el desarrollo normal de la jornada.
