El expresidente César Gaviria Trujillo, líder del Partido Liberal, expresó este lunes a través de un comunicado su “profunda preocupación” por el informe de ‘Noticias Caracol’ que reveló presuntos vínculos entre altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro y las disidencias de las extintas Farc comandadas por alias Calarcá.
“Se han presentado conversaciones filtradas entre integrantes de las disidencias de las FARC. Según el material divulgado, estas comunicaciones contendrían referencias a presuntos aportes ilegales para la campaña presidencial de Gustavo Petro, así como menciones directas a la vicepresidenta Francia Márquez”, señaló el exmandatario.
En ese sentido, consideró que “de comprobarse, estaríamos ante una interferencia criminal inaudita” que exige transparencia, acción inmediata de las autoridades competentes y “un compromiso firme” del Gobierno para esclarecer cada detalle del escándalo.
Sin embargo, para César Gaviria lo más alarmante de la denuncia no es la supuesta financiación irregular de la campaña ‘Petro presidente’, sino la revelación de presuntos vínculos entre actores criminales y funcionarios.
“Las conversaciones sugieren canales activos de comunicación y cooperación entre actores del crimen organizado y funcionarios estatales, revelando una posible infiltración dentro del propio Gobierno Nacional. Si altos mandos civiles o militares han facilitado, tolerado o encubierto estas actuaciones, estaríamos ante una ruptura gravísima del orden institucional”, sostuvo.
Agregó que “no se trata solo de una acusación electoral: es la sospecha de que estructuras criminales han permeado la toma de decisiones, manipulado estrategias de seguridad y condicionado políticas públicas bajo el pretexto de la ‘paz total’”.
Expresó que “es de la mayor gravedad” lo que ha ocurrido a Gustavo Petro con subalternos muy cercanos a él, que “terminan actuando como facilitadores o cómplices de las acciones de las disidencias de las FARC”, según Gaviria.
“El presidente debe revisar con urgencia la confianza que deposita en algunos funcionarios responsables de decisiones que involucran a alias Iván Mordisco, Calarcá, Catatumbo y ciertos generales del Ejército, así como a miembros de organismos de inteligencia que hoy concentran un poder desproporcionado y peligroso”.
El escándalo
‘Noticias Caracol’ reveló el domingo que tuvo acceso a información guardada en computadores, teléfonos celulares y memorias USB que fueron incautadas a jefes de las disidencias el 23 de julio de 2024 en los que aparecen comunicaciones que apuntan a vínculos con agentes de seguridad del Estado.
En un correo revelado, con fecha 8 de febrero de 2024, alias Calarcá le da instrucciones a uno de sus hombres para reunirse con un general del Ejército retirado al que la investigación identifica como Juan Miguel Huertas, para hacer negocios.
El oficial, que fue reintegrado al servicio activo este año por el presidente Gustavo Petro, y es el actual jefe del Comando de Personal del Ejército, les propuso a los disidentes la creación de una empresa de seguridad de fachada para que pudieran moverse en vehículos blindados y portar armamento legalmente, según la investigación periodística.
“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas” para que cuando los diálogos de paz del Gobierno con el EMBF fracasen, las disidencias puedan quedar “con hombres legales”, señala el correo.
El oficial también le ofreció a las disidencias del EMBF protección para sus desplazamientos y les dijo “que el vínculo con el presidente (Gustavo Petro) le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado”, agrega la investigación.
Otro alto funcionario mencionado en la carta de alias Calarcá es Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que en el actual gobierno se convirtió en agente de inteligencia del Estado gracias a su cercanía con Petro.
“La posición del Estado colombiano es clara: individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en diversas regiones del país serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia”, agregó el ministro.
