El Congreso de la República cerró la tercera legislatura con la aprobación de la reforma laboral impulsada por el actual Gobierno, un hecho que reavivó el debate en la política nacional y generó reacciones dispares entre los distintos sectores. La reforma, que había sido archivada en su primer intento, fue finalmente conciliada y aprobada en ambas cámaras, y ahora está lista para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro.
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Aunque el proyecto aún no entra en vigencia, desde ya ha comenzado a marcar una clara línea divisoria entre quienes celebran lo que consideran una victoria para la clase trabajadora y quienes alertan sobre su posible impacto económico en el entorno empresarial.
El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, calificó la aprobación como “el camino de los cambios y de las reformas sociales”, y recordó que el país llevaba más de tres décadas sin una actualización sustancial de su marco laboral. “Muchos sindicalistas fueron perseguidos e incluso asesinados luchando por derechos consagrados en esta reforma”, escribió en su cuenta oficial de X.
Una de las celebraciones más efusivas vino por parte del senador Wilson Arias, del Pacto Histórico, quien aseguró que “luchar valió la pena” y destacó puntos del articulado, como la restitución del recargo nocturno y dominical, así como las mejoras en los contratos de aprendizaje. Arias sostuvo que el resultado fue posible gracias a la movilización ciudadana, en especial de los jóvenes y estudiantes que “marcharon, explicaron y presionaron” por la reforma.
Desde otras bancadas afines al Gobierno, como la de la Alianza Verde, también se habló sobre la celeridad con la que fue tramitado el proyecto. La senadora Angélica Lozano aseguró que el hecho de que “en solo 37 días se haya aprobado la reforma laboral, prueba que el tiempo no es excusa para sacar adelante leyes que le sirvan al país”.
La aprobación se dio con 59 votos a favor en el Senado y 126 en la Cámara de Representantes. Para la representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, este proyecto representa una política integral que “mejorará sin duda la vida de millones de personas” y contribuirá, según dijo, a reducir la desigualdad, formalizar el empleo y dinamizar la economía nacional.
También se sumó al coro oficialista la senadora María José Pizarro, quien expresó en un video desde el Congreso: “Esta bancada le ha cumplido al país. Hoy es un día para celebrar y para festejar”.
Asimismo, las congresistas Martha Peralta Epieyú y Sandra Ramírez celebraron la decisión del congreso, considerando que esta se trata de un gran avance en materia de los derechos de los trabajadores en el país. “¡Se le devuelven por fin los derechos laborales a los trabajadores, lo logramos!”, precisó la senadora Peralta.
Sin embargo, la reforma no fue recibida con el mismo entusiasmo por parte de los sectores de oposición. La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez advirtió que el articulado representa “un golpe al empleo formal” y que las nuevas disposiciones “imponen más cargas a empresarios y frenan la generación de trabajo”.
En la misma línea —aunque previo a que se llevara a cabo la votación— se pronunció el senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, quien dejó constancia de su voto negativo argumentando que la iniciativa “no crea un solo puesto de trabajo y destruye varios cientos de miles”. Según Ramírez, la reforma afectará especialmente a la economía informal y dificultará la inserción laboral de los jóvenes.
Desde Cambio Radical, el senador Antonio Zabaraín también se había mostrado crítico. Aunque reconoció la importancia del proceso legislativo, se apartó del articulado por considerar que este dejó por fuera a sectores clave como el de los transportadores. “Era una oportunidad única para ese gremio”, sostuvo.
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Entre tanto, legisladores que acompañaron el proceso aunque no coincidieron con todos los artículos, como el conservador Juan Samy Merheg y el senador de La U, Juan Felipe Lemos, insistieron en la necesidad de tramitar con urgencia una ley que alivie los efectos sobre microempresarios y pequeñas empresas.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también antes de que se conocieran los resultados, defendió el proyecto y calificó el debate como “candente pero leal”. En su intervención desde el Senado, aseguró que se trataba de “una reforma laboral democrática, progresista y en clave de trabajo digno y decente”. Agradeció, además, a los trabajadores y sectores sociales que respaldaron el proyecto desde las calles.
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La reforma aprobada recoge un articulado de 70 disposiciones, entre las cuales se encuentran la ampliación de recargos, mayores garantías para aprendices y nuevos mecanismos de inspección laboral. Aunque aún debe ser sancionada por el presidente, el Gobierno ya la considera una victoria política y legislativa.
