El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, fue designado mediante sorteo como el magistrado encargado de analizar el decreto emitido por el presidente Gustavo Petro para convocar una consulta popular para el próximo siete de agosto.
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En este sentido, a partir de la fecha, el togado deberá ordenar toda la documentación y solicitar los respectivos conceptos para preparar su ponencia, la cual será debatida entre los otros ocho magistrados.
El Decreto 639 es una defensa jurídica, política y filosófica del derecho del pueblo colombiano a pronunciarse directamente sobre las reformas sociales propuestas por el Gobierno.
A lo largo de 26 de sus 32 páginas, el documento alega que el Congreso bloqueó este derecho mediante un procedimiento viciado, con graves fallas como alterar un voto y cerrar anticipadamente la votación sin permitir la participación de todos los senadores.
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Ante estas supuestas anomalías, el Gobierno considera inválida la decisión del Senado y aplica la “excepción de inconstitucionalidad”, que permite al presidente no acatar actos que contradigan la Constitución.
Antes de la firma, Petro advirtió a su gabinete que quien no respaldara el decreto sería removido del cargo. El documento fue firmado por los 18 ministerios, pero en cuatro casos —Relaciones Exteriores, Justicia, Minas y Ambiente— no lo hicieron los ministros titulares por diversas razones.
Por su parte, durante su intervención en la posesión de la magistrada Lina Escobar, Ibáñez destacó la importancia de la independencia judicial para mantener la democracia en el país.
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“La independencia judicial es esencial para el Estado de Derecho, pero también es profundamente vulnerable a los ataques: si la sociedad a la que sirven los jueces no se empeña en resguardarla, esa independencia puede hacerse añicos”, señaló.
Reclamos
El Grupo Libertad y Democracia, integrado por expresidentes latinoamericanos y otros representantes, denunció este viernes que el decreto con el que el presidente Gustavo Petro convocó una consulta popular para aprobar su reforma laboral representa una “ruptura institucional de extrema gravedad” y una “amenaza a la democracia” del país.
En un comunicado conjunto firmado por líderes como Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Felipe Calderón (México) y Juan Guaidó (Venezuela), entre otros, el grupo acusó a Petro de intentar “imponer, sin controles ni legalidad, un nuevo orden político cimentado en la desobediencia institucional y el desconocimiento premeditado de los principios republicanos”.
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El decreto de convocatoria de la consulta popular ha sido ampliamente rechazada por la oposición, que lo ha demandado por “inconstitucional”.
Además, la Fundación Para el Estado de Derecho advirtió ante el Consejo de Estado que el Gobierno estaría usando la consulta como una forma de extorsión política, con la que presiona al Congreso, tensiona la justicia y desfigura los mecanismos democráticos de participación.
Este viernes el Gobierno nacional notificó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el decreto que convoca a la consulta popular. Ahora, el registrador, Hernán Penagos, deberá decidir si continúa el trámite o espera un pronunciamiento judicial.
Por otro lado, el Gobierno –de forma irónica– interpuso recurso de reposición contra la decisión del Consejo de Estado, que admitió una demanda que pedía la nulidad del concepto desfavorable del Senado.
Eduardo Montealegre se posesiona como Minjusticia
Eduardo Montealegre tomó posesión como nuevo ministro de Justicia ante el presidente Gustavo Petro, oficializando su nombramiento mediante el Decreto 647 del 13 de junio, casi dos semanas después de que fuera anunciado públicamente.
Las demoras en la formalización del cargo impidieron que Montealegre pudiera firmar el decreto de la consulta popular, mecanismo que ahora deberá defender jurídicamente ante la Corte Constitucional como una de sus principales tareas al frente del ministerio. Su carrera política lo ha vinculado estrechamente con anteriores mandatarios.
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Durante el gobierno de Álvaro Uribe, en 2009, se consolidó como uno de los abogados más cercanos al entonces presidente, llegando incluso a recibir poder para demandar a Hugo Chávez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esa misma época, junto con el consejero de Estado Juan Ángel Palacio y el entonces ministro del Interior, Fabio Valencia, participó en la estrategia para convencer a los congresistas de que podían votar el referendo reeleccionista sin impedimentos legales. Su llegada a la Fiscalía General ocurrió en 2012, cuando Juan Manuel Santos lo ternó para el cargo.
