Tras el archivo de la ley de financiamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado miércoles en su primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas, el Gobierno deberá recortar del Presupuesto anunciado de $523 billones los $9,8 billones que agregaría la también denominada reforma tributaria, lo que corresponde a alrededor del 1,8% del monto presupuestal.
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Precisamente, Petro se refirió este jueves en las redes sociales al archivo del articulado, anunciando cambios en las esferas tributarias, compensar con el salario mínimo, priorizar el crédito a la economía popular y que las organizaciones populares sean las grandes contratistas con el Estado, cambiar la fórmula tarifaria de la energía duplicar el impulso del turismo y un remezón en el gabinete.
“Después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las Comisiones Económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo. Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla, decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media, para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea”.
Agregó el jefe de Estado en este sentido que los legisladores “decidieron tratar de desfinanciar el Gobierno, buscando volver al poder en el 2026, otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición. Las consecuencias y la reacción del Gobierno serán complejas”.
Afirmó que la pasada reforma tributaria que le aprobó el Congreso en 2022 “ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la constitución al quitar $6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras y estimularon así la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo”.
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Y anunció al respecto: “Como dije antes: la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Haré cambios en la esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando deben ser la prioridad central.
El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo. El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular, como vector de la reactivación económica. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión”.
Concluyó Petro: “El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso. Hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados; el cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales, las tarifas de energía eléctrica, es un gran reactivador económico. La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento”.
A su vez, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo a periodistas que “se vienen las renuncias y la reorganización del gabinete, como ya lo había anunciado el presidente, quien es el que toma las decisiones. Seguramente se tomarán en el mes de enero para definir la última recta del Gobierno Nacional, pero será el presidente mismo el que haga los anuncios”.
Explicó el jefe de la cartera política que “todos sabemos que al término de una legislatura y antes de comenzar la otra, y más este año, que es un año electoral, de inhabilidades de quienes están ocupando no solamente ministerios, instituciones públicas, y aquí mismo en distintos escenarios de la política”.
Y aseveró Cristo sobre su situación particular: “Yo no voy a renunciar, yo no sé por qué no me dejan pasar la Navidad y los aguinaldos tranquilos. No está contemplado”.
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El pasado miércoles, al término del debate en cuestión, el nuevo ministro de Hacienda, Diego Guevara, dijo a periodistas que “hoy el Congreso ha negado las posibilidades de inversión y los proyectos regionales. (...) Se ha hecho un recorte al Presupuesto, esto no es un voto en contra del presidente Petro sino en contra de las regiones y de la inversión”.
A su vez, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, dijo que en 2025 “no habrá plata” debido a que el Congreso actuó “de manera irresponsable”.
“En el sector vivienda se van a reducir los subsidios de vivienda de interés social y de interés prioritario. De la misma manera se van a reducir recursos para la construcción de acueductos y proyectos de saneamiento básico. (...) Se iba a fortalecer el Ministerio del Deporte con $400 mil millones, pero solo quedará con $69 mil millones para inversión. Eso afectará todo el apoyo para los deportistas y el fomento a la práctica deportiva”, dijo el funcionario.
Añadió en este sentido que “el sector de Igualdad también será afectado en materia de protección de derechos para mujeres, comunidades diversas, negros, palenqueros, indígenas, campesinos y jóvenes de hogares en situación de pobreza extrema”, agregando que se acabará el pago de subsidios de los servicios públicos a los estratos 1, 2 y 3: “Los subsidios a los combustibles, de gas, de proyectos y fortalecimiento de empresas”.
Y aseveró que tampoco se podrá financiar con recursos del Gobierno la empresa Air-e y que las tarifas de servicio se verán afectadas.
Al respecto, el ministro de Minas, Andrés Camacho, aseveró que “el Congreso propina un duro golpe a la Transición Energética: Para abril de 2024, los estratos 1, 2 y 3 tenían un saldo acumulado de aproximadamente $2,6 billones de cuentas por pagar a las comercializadores de energía eléctrica, correspondiente a la Opción Tarifaria; fórmula creada en el 2020 para evitar incrementos abruptos de las tarifas.
El Proyecto otorgaba la competencia al Gobierno Nacional para asumir los saldos no cobrados por la aplicación de la Opción Tarifaria de los estratos 1, 2 y 3, con el objetivo de disminuir el alza de las tarifas de energía eléctrica de estos hogares”.
“El Proyecto establecía un nuevo mecanismo para que las empresas que realicen inversiones en proyectos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales, puedan deducir el 50% de la inversión en el impuesto de renta en un periodo de hasta 15 años”, expuso, y señaló que “la deducción del impuesto de renta se habría podido hacer a través de la emisión de bonos de transición energética, que las empresas podrían negociar libremente en el mercado; reduciendo su carga fiscal y obteniendo liquidez por la venta de los bonos”.
Esto, añadió, reduciría los costos y aumentará la competitividad de las nuevas empresas en el mercado de energías renovables; favorecería el desarrollo de proyectos innovadores, y fomentaría la diversificación de la matriz energética.
“La Ley 1715 de 2014 estableció la exclusión del IVA de los equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la pre-inversión e inversión, para la generación de energía a partir de las fuentes no convencionales. El Proyecto proponía cambiar esta exclusión del IVA por una exención, para evitar los sobrecostos que enfrentan las empresas nacionales al no poder recuperar el IVA pagado y que los ha incentivado a importar”, planteó el jefe de la cartera de energía.
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Explicó que la medida buscaba fortalecer la competitividad de las empresas nacionales, reducir la dependencia del país de las importaciones y crear un entorno más favorable para el desarrollo sostenible de proyectos de generación con Fncer y la autosuficiencia energética.
“El Proyecto otorgaba al Gobierno Nacional la facultad de redirigir los recursos para subsidios de las tarifas de energía eléctrica para financiar infraestructura de paneles solares.
Esto permitiría democratizar el acceso a la energía de los hogares de los estratos 1, 2 y 3, reducir las tarifas de los usuarios, generar ahorros fiscales de hasta $1,5 billones de pesos en 2030. Se preveía alcanzar un millón de hogares, iniciando la instalación de soluciones fotovoltaica en 2025 y concluyendo en 2030″, dijo Camacho.
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Y concluyó que “en la actualidad existe una brecha de financiación para la adaptación, mitigación y conservación de la biodiversidad, así como para la descarbonización de la economía.
El Proyecto establecía un componente verde en la Regla Fiscal como estrategia para reducir este pasivo ambiental. Con esto se incentivaba inversiones que desde la Transición Energética Justa aportan a la transformación productiva del país y a la sostenibilidad ambiental y social”.
Así mismo, a finales de noviembre pasado, el ministro de Educación, Daniel Rojas, advirtió que estaba suspendida la convocatoria de créditos del Icetex para 2025: “Los recursos de la vigencia de 2025 dependen de la aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso”.
Rojas indicó que se han solicitado para el 2025, para el sector educación, recursos por el orden de los $6,5 billones para la educación superior que incluye al Icetex, y se han aprobado en el Presupuesto General $4,6 billones “por lo que nos toca hacer ajustes internos y llamamos al Congreso para que apruebe la Ley de Financiamiento para que haya recursos adicionales para no poner en vilo los recursos del Icetex y de las universidades”.
