Tras el archivo de la ley de financiamiento del gobierno del presidente Gustavo Petro el pasado miércoles en su primer debate en las Comisiones Económicas Conjuntas, el Gobierno deberá recortar del Presupuesto anunciado de $523 billones los $9,8 billones que agregaría la denominada reforma tributaria, lo que corresponde a alrededor del 1,8% del monto presupuestal.
Así mismo, luego del hundimiento del polémico proyecto de ley, el Ejecutivo ha salido a advertir que subirían las tarifas de la energía, que no habría créditos nuevos del Icetex en 2025, que se golpearía la inversión en viviendas, vías y otros asuntos.
Esto produjo múltiples reacciones de distintos sectores políticos y económicos del país.
El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, le respondió al ministro de Minas, Andrés Camacho: “La opción tarifaria la hemos venido pagando los ciudadanos. El plan del agente interventor de su gobierno (válida o no) fue diferirla a 12 años, pero igual para pagarla los ciudadanos, no el Gobierno. No inventen”.
A su vez, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador, expresó: “El director del DNP, Alexander López, me culpa del hundimiento de la ley de financiamiento, y tiene razón. Gracias al Congreso por mostrar su independencia”.
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Por su parte, el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, advirtió que “para los que no pagan impuestos negar la ley de financiamiento es un regalo navideño, un acto mezquino que favorece a los de mayores ingresos y algunas empresas, pierden los más pobres. Votaron sin leer la ponencia, es un acto de campaña contra el Gobierno. Politiquería”.
De otro lado, el ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, destacó que “el hundimiento de la ley de financiamiento muestra que hay más país que gobierno. Un reconocimiento a los ciudadanos y la sociedad civil que evidenció el peligro de esta ley para las finanzas públicas y de los colombianos”.
Entre tanto, la senadora petrista María José Pizarro, criticó que “un puñado de caciques políticos decidieron negarle el presupuesto de inversión social a la mitad de departamentos del país, solamente para perjudicar al Gobierno. Los verá celebrando el hundimiento de la ley de financiamiento con el falaz argumento de que el Gobierno buscaba cobrarle más impuestos a la clase media y baja”.
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De otra parte, el representante Armando Zabaraín, del Partido Conservador, saludó: “En las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso alzamos la voz contra la ley de financiamiento del Gobierno. Y al director de Planeación Nacional, Alexander López, le manifesté que no permitiremos más medidas que afecten el bienestar de nuestra gente”.
Y el senador Antonio Correa, de La U, criticó el hecho de que “se niegue la discusión al proyecto de la ley de financiamiento, conociendo los antecedentes de préstamo exprés que aún paga este gobierno y que fue hecho por el gobierno anterior al FMI, con altos intereses ‘para atención del covid”, con investigaciones pendientes; el hueco fiscal por los subsidios al ACPM, que no se desmontaron por negligencia en el anterior gobierno y que por responsabilidad fiscal a bien lo hizo Petro”.