La plenaria del Senado aprobó este jueves, con 60 votos a favor, el informe de conciliación de la reforma al SGP, que el pleno de la Cámara ya había avalado el pasado miércoles, con lo que la iniciativa pasa a sanción presidencial.
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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, felicitó “al Congreso de la República por esta decisión, quizás una de las más importantes sin duda en este periodo y en las últimas décadas. Reiterar el compromiso del Gobierno Nacional con una autonomía que sea sostenible fiscalmente. Ustedes han aprobado hoy el punto de partida para un gran debate nacional”.
Anunció en este sentido el jefe de la cartera política: “Vendrá aquí al Congreso la ley de competencias, tendrá que modificarse la ley de ordenamiento territorial, tendremos que estudiar seriamente la necesidad de una ley de reforma tributaria territorial para fortalecer la capacidad fiscal de los municipios y departamentos de Colombia”.
La reforma al SGP aumenta las trasferencias de los Ingresos Corrientes de la Nación, ICN, del Estado central a las regiones del 23,8% actual al 39,5%.
Dicha reforma, indicó el Ministerio del Interior en un comunicado, es un paso histórico para cumplir con las promesas de autonomía territorial de la Constitución de 1991, pues a partir de 2027 aumentará gradualmente el porcentaje de recursos que se le transfieren a las regiones con un plazo máximo de 12 años.
“Este proyecto de acto legislativo ha sido votado por la bancada de gobierno, los partidos independientes y por la bancada de oposición. Es una buena demostración de que, a pesar de las diferencias, hoy las mayorías del Senado aprueban este proyecto de la mayor importancia y vamos a convocar a partir de enero de 2025 a todas las fuerzas políticas para escuchar sus opiniones, sus criterios, sus propuestas, sus aportes a una ley de competencias que va a ser fundamental para el futuro de Colombia”, expresó Cristo.
La norma conciliada solo entrará en vigor cuando el Congreso de la República apruebe, en los próximos dos años, la nueva ley de competencias que redistribuya las responsabilidades entre el Gobierno central y los entes territoriales.
“La Ley de Competencias será una gran oportunidad para que nos encontremos todos los colombianos, sin distingo de ideología y de partido, la gente de las regiones, la gente del centro del país, la gente de las comunidades más afectadas por la violencia, los indígenas, los afrodescendientes, los campesinos, para que podamos buscar un Acuerdo Nacional que yo creo que más allá del Gobierno actual, debe fijar lo que es el futuro del Estado colombiano en las próximas décadas”, adelantó el ministro.
La cartera política precisó al respecto que además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.
Por ello, el Ministerio del Interior propuso que la construcción de la ley de competencias se realice a través de una mesa técnica que incluya todas las voces posibles, con el apoyo y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).