Tareas pendientes del Fiscal General

La impunidad sigue favoreciendo la corrupción en el país, concluyó Transparencia por Colombia. Por eso, el fiscal general, Eduardo Montealegre Lynett, tiene el gran reto en 2013 de que los responsables de robos multimillonarios de dineros públicos sean castigados. Funcionarios oficiales, aliados con empresarios y contratistas, siguen apropiándose de estos recursos porque saben que poco o nada les va a suceder en materia penal. El objetivo del ente acusador para este año es lograr que pase mucho, y de manera severa, porque en 2012 quedó en deuda contra las corruptelas.

El gran escándalo de la corrupción bogotana estalló en la alcaldía del capturado Samuel Moreno Rojas, pero varios de sus protagonistas, como los encarcelados primos contratistas Manuel, Guido y Miguel Nule o los empresarios Emilio Tapia y Julio Gómez han logrado dilatar el proceso en su contra. Lo que se espera es que la Fiscalía actúe de manera enérgica así como lo acaba de hacer contra el abogado Álvaro Dávila, quien había eludido en siete oportunidades la imputación de cargos, que finalmente se llevó a cabo en este proceso, por lo que fue enviado a la cárcel Modelo. En el caso de Gómez, el Tribunal de Bogotá ordenó nueva imputación: el preacuerdo con este era una burla a la justicia.

De ese mismo ‘carrusel' de la corrupción se beneficiaron, presuntamente, 17 concejales y ex concejales quienes, según cronograma de la Fiscalía, rindieron declaración en noviembre del año pasado. Empero, el ente acusador no tomó ninguna decisión sobre la situación jurídica de los cabildantes de los partidos de la U, Verde, Cambio Radical, Polo Democrático Conservador y Liberal. Según las primeras pesquisas, los dirigentes políticos se favorecieron, en la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas, de contratos en entidades como el Acueducto y el Instituto de Desarrollo Urbano, entre otras. Antes que hacer control interno, se dedicaron a contratar obras y a recibir burocracia.

El saqueo a la salud por $1,5 billones que denunció a comienzos de 2011 el presidente Juan Manuel Santos no ha tenido el castigo que la mayoría de los colombianos esperaban. Tan solo cinco funcionarios han sido detenidos, y recientemente dos de ellos prendieron el ventilador para señalar a cinco dirigentes de la Nueva EPS involucrados en recobros por más de $10 mil millones. Mientras en materia disciplinaria la Procuraduría ha inhabilitado en dos oportunidades al expresidente de Saludcoop Carlos Palacino y la Contraloría le formuló cargos por un detrimento patrimonial de $1,3 billones, por el mal manejo de dineros de la salud, la Fiscalía no ha actuado contra este —el fiscal Eduardo Montealegre fue asesor suyo— ni contra otros directivos de varias EPS involucrados en dicho escándalo.

¿Este año habrá condena por la muerte violenta del universitario Luis Andrés Colmenares? ¿Los imputados y llamados a juicio serán absueltos? ¿Qué pasará con quienes, al parecer, obstruyeron la justicia, como la mamá de Carlos Cárdenas y su abogada Aydé Acevedo? Estas y otras preguntas rondan el proceso en el que la Fiscalía sostiene que al estudiante lo mataron a golpes. A través de estrategias calificada como 'dilatorias' por el ente acusador, la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero logró que no se iniciara el juicio y solo el 19 de febrero se reanudarán las audiencias preparatorias. Y está pendiente la acusación contra Cárdenas.

En 2012, la Fiscalía y la Dijín protagonizaron un histórico fracaso al capturar al exdiputado Sigifredo López como quien asesoró en 2002 a las Farc para el masivo secuestro en la Asamblea del Valle del Cauca. Luego de que las pruebas contra el dirigente quedaran sin fundamento, el propio fiscal, Eduardo Montealegre, denunció que en el país hay un cartel de falsos testigos, integrado por desmovilizados de la guerrilla y del paramilitarismo, en contubernio con abogados. Por eso, el ex ‘para’ Armando Lugo, alias El Cabezón, será excluido de Justicia y Paz por haber acusado sin fundamento al congresista Luis Fernando Velasco, a quien extorsionaba. Otros 15 ex miembro de las AUC serán expulsados por faltas similares.

La Dirección Nacional de Estupefacientes fue liquidada por graves irregularidades cometidas con bienes decomisados a mafiosos. Por las multimillonarias pérdidas se inició un tibio proceso contra el exdirector de esa entidad Ómar Figueroa, y se anuncia que el 16 de enero le imputarán cargos al depositario Camilo Bula y el 17 al también exdirector Carlos Albornoz. En cuanto al descalabro de InterBolsa, con dineros de particulares, la Fiscalía debe recibir este mes las declaraciones de cinco de sus ex directivos, entre ellos Rodrigo Jaramillo, expresidente, y su hijo Tomás.

En julio de 2011, el presidente Juan Manuel Santos denunció el saqueo de $36 mil millones de la educación pública; en febrero de 2012 la denuncia del jefe del Estado ascendió a $132 mil millones y en septiembre de ese mismo año la Contraloría General habló de que se habían desaparecido $264.200 millones. Todos esos dineros han ido a parar a los bolsillos de dueños de colegios privados, políticos y alcaldes que se aliaron para hacer ver que atendían a un número determinado de estudiantes cuando en realidad estos no existían. Es decir, a través de ‘alumnos fantasmas’ lograron enriquecerse. No obstante el grave daño social, las acciones penales han sido mínimas. Contra este otro monstruo de la corrupción la Fiscalía debe mostrar, sin duda alguna, resultados efectivos y sanciones ejemplarizantes en el presente año.