Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria el 1 de septiembre en España, una medida con la que el Gobierno espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros (unos 625 millones de dólares).
Desde el sábado, los inmigrantes ilegales tendrán derecho exclusivamente a lasurgencias, la maternidad y la atención infantil hasta los 18 años.
Esta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública, aquejada de una deuda de 16.000 millones de euros (20.000 millones de dólares), ante la que se han rebelado algunas de las regiones españolas y numerosos profesionales sanitarios, además de los partidos de la oposición.
La población de extranjeros residentes en España es de 5.711.040 personas, según el Instituto Nacional de Estadística, pero 459.946 de ellos no tienen permiso de residencia.
Con este recorte, el Gobierno aspira a ahorrar unos 500 millones de euros, teniendo en cuenta su gasto per cápita y el de los que 'traen a sus familiares a España sin derecho a utilizar la Sanidad', en palabras de la ministra de este departamento, Ana Mato.
El Ministerio de Sanidad se compromete a no dejar sin tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la atención la financiará el país de origen si hay convenio de colaboración. Efe
