A seis años y cinco meses de detención domiciliaria resolvió condenar ayer la jueza 34 de Conocimiento de la capital a la ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette, y a su exabogado, Arcadio Martínez, por el delito de soborno en la actuación penal que se lleva por el crimen de Fernando Cepeda.
La ciudadana argentina y el valduparense deberán además pagar una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La togada leyó durante unas tres horas el fallo de 77 páginas, en el que reiteró que no le cabe duda acerca de la responsabilidad de los acusados en el hecho de haber sobornado con 500 millones de pesos al exjefe del Frente ‘José Pablo Díaz’ de las AUC, Édgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, para que éste cambiara la versión que había dado en 2011 y que incrimina a la exrectora en el asesinado del ganadero sabanalarguero el 22 de agosto de 2003.
Al explicar por qué impuso la condena de 78 meses, si la mínima que contempla el delito investigado es de 72 y la máxima de 144 meses, indicó la administradora de justicia que 'aquí no existen agravantes sino atenuantes, como que los acusados no tienen antecedentes penales'
No obstante, reprochó en su lectura que 'hay que tener en cuenta que ambos son distinguidos abogados, y Gette era la rectora de una universidad, con solvencia económica, y trató de engañar a la justicia. Eso es absolutamente reprochable, ya que en su condición de abogados debían dar ejemplo a la sociedad con su conducta, y más Gette, tratándose de una rectora, y quien en razón de su cargo demuestra su falta de honestidad'.
Así mismo, la jueza capitalina optó por concederles la detención domiciliaria: 'a Gette y Martínez se les puede sustituir la prisión carcelaria por domiciliaria, ya que la pena es inferior a ocho años, el delito no se encuentra incluido en el listado de delitos graves y quedó demostrado el arraigo familiar y social de los dos'.
Consideraciones. Entre las consideraciones, llamó la atención la jurista acerca de que a alias Don Antonio se le iba a entregar la mitad del dinero del soborno, 250 millones de pesos, un día antes de que rindiera la indagatoria sobre el crimen de Cepeda. Martínez fue capturado en flagrancia haciendo entrega del dinero el 10 de febrero de 2013 y la diligencia estaba programada para el 11.
Agregó la togada que, entre otros temas, 'la defensa no probó que Martínez hubiese sido engañado', que fue el argumento de los abogados de la exrectora y del jurista, y se preguntó: '¿por que Martínez no dijo que estaba siendo engañado al momento de su captura?'.
Le reclamó así mismo la jueza a Martínez que 'nunca dijo quiénes eran los importantes abogados y funcionarios del Estado interesados en perjudicar a Gette', como lo alcanzó a esbozar su defensa en la teoría del caso.
Concluyó que 'con su conducta, ambos afectaron la correcta administración de justicia'.
Finalmente, la decisión señala que se deben decomisar los 250 millones de pesos incautados a Martínez a favor de la Fiscalía, ya que 'ese dinero se usó como un instrumento del delito que aquí se investigó', y no avaló que esa suma fuera destinada a reparar a las víctimas, como lo habían solicitado la viuda María Paulina Ceballos y los abogados Abelardo de la Espriella y Daniel Peñarredonda -ya que Martínez le ofreció a Fierro otros 500 millones de pesos para que dijera que los legistas lo habían intentado sobornar-.
Sigue presa. Frente al beneficio de casa por cárcel para Gette, la exrectora no saldría de prisión, debido a que enfrenta dos medidas de aseguramiento: una de hace un par de semanas, revelada por este diario, por el crimen de Cepeda y otra, de diciembre pasado, también revelada por este medio, por el extravío de un millón de dólares de las arcas de la universidad y que habría ido a parar a cuentas de la argentina en el exterior.
Autopréstamos. Las deudas de la abogada no terminan en el soborno: hoy se le hará otra imutación a Gette por el tema de los autopréstamos que según la Fiscalía se habría hecho cuando fungió como rectora de la Uniautónoma.
Con la plata del centro educativo, según fuentes cercanas al proceso, la argentina habría pagado el impuesto predial de sus bienes, los leasing de los apartamentos, su cargo de valorización, el impuesto de renta, los servicios públicos y hasta las acciones del hospital universitario.
