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Madrid y Cataluña retoman el diálogo pero con posiciones muy alejadas

La independencia de la región fue el tema de discusión entre Pedro Sánchez y Quim Torra en su primer encuentro.

El presidente catalán Quim Torra aseguró que no renuncia a "ninguna vía" para conseguir la independencia de la región, pero celebró la apertura de un diálogo con Madrid tras su primera reunión este lunes con el jefe del gobierno español Pedro Sánchez.

"Una crisis política requiere una solución política. Esta reunión es un punto de arranque para la normalización de las relaciones", tuiteó en español y en catalán Sánchez al culminar la reunión de dos horas y media.

Llegado al poder el 1 de junio con la promesa de recomponer las relaciones con Cataluña dinamitadas con el intento de secesión de 2017, el líder español organizó la primera reunión oficial en más de dos años entre los máximos dirigentes nacional y regional.

Pero a pesar de la voluntad de diálogo, las posiciones siguen siendo antagonistas -"alejadas del todo", dijo Torra- sobre cómo solucionar los deseos de independencia de casi la mitad de los 7,5 millones de habitantes de esta rica región nororiental.

"Cualquier solución política pasa por el derecho a la autodeterminación de Cataluña", dijo Torra. 

Y añadió: "Por nuestra parte no renunciamos a ninguna vía para llegar hasta la independencia de Cataluña" después de meses de debate dentro del separatismo sobre la conveniencia de retomar la vía unilateral hacia la secesión fracasada en el otoño (boreal).

La postura de Sánchez no varió: "Sobre esto hay muy poco que hablar", dijo su vicepresidenta Carmen Calvo en su valoración posterior, reiterando que el derecho a la autodeterminación "no existe" en la Constitución española.

En cambio, su gobierno se comprometió a relanzar una comisión de diálogo bilateral con el ejecutivo catalán, inactiva desde 2011, y a levantar algunos recursos judiciales impuestos por la administración anterior contra algunas leyes del Parlamento catalán, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

Cambio de escenario

Torra, un miembro del ala dura del independentismo, llegó al Palacio de la Moncloa de Madrid sobre las 09H30 GMT luciendo en la solapa de su chaqueta un lazo amarillo, un símbolo para reclamar la libertad de sus líderes encarcelados.

La escena era difícilmente previsible a mediados de mayo, cuando Torra fue designado como sucesor del expresidente Carles Puigdemont y Sánchez, todavía en la oposición, lo acusaba de xenófobo y supremacista por unos escritos ofensivos contra los españoles.

Pero las tornas cambiaron cuando el líder socialista desbancó al conservador Mariano Rajoy con una moción de censura en el Congreso, con el respaldo de los partidos independentistas catalanes a los que prometió normalizar las relaciones con la región.

Como primer gesto, la semana anterior trasladó a cárceles catalanas a seis líderes independentistas que se han pasado meses en prisión preventiva en los alrededores de Madrid, imputados por el grave delito de rebelión por su papel durante el intento de secesión.

Problema de difícil solución

Pero sobre la autodeterminación, Sánchez mantiene la posición de Rajoy, a quien respaldó al intervenir la autonomía de esta región después de que los diputados independentistas del Parlamento catalán proclamaran infructuosamente una república el 27 de octubre pasado.

Esta medida, acompañada por el cese del gobierno regional de Carles Puigdemont y la disolución del parlamento, puso fin a semanas de alta tensión en Cataluña, especialmente tras el referéndum ilegal organizado el 1 de octubre y fuertemente reprimido por la policía.

Aunque su intento de secesión unilateral fracasó, el independentismo se mantiene fuerte: ha recuperado el poder, controla el parlamento regional con mayoría absoluta y cuenta con una base electoral en torno a los dos millones de votantes en una región dividida sobre la cuestión.

La ministra encargada del dosier catalán, Meritxell Batet, evocó a principios de junio una posible reforma de la Constitución para avanzar hacia un Estado federal pero, con sólo 84 diputados (el PSOE) sobre 350 en el Congreso, su margen de maniobra es muy limitado.

"No hay mayoría en España para hacer una revisión de la Constitución. La derecha tiene la posibilidad de bloquearla", señaló Fernando Vallespín, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid.

 

 

 

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