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Defensa de Saab pide considerar las motivaciones políticas de la extradición

El Tribunal Constitucional de Cabo Verde debía evaluar los recursos presentados por la defensa en relación a las circunstancias de su arresto.

La defensa del empresario colombiano Álex Saab -presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y detenido en Cabo Verde desde junio de 2020- pidió hoy en la vista judicial sobre sus recursos contra una extradición a Estados Unidos que se tengan en cuenta las motivaciones políticas del caso.

Según declaró a los medios uno de los letrados de Saab, Geraldo Almeida, "el carácter político de las acusaciones y la solicitud de extradición quedó claramente demostrado durante todo el proceso", algo que contradice la Constitución caboverdiana, que prohíbe cualquier extradición por motivos políticos.

Los abogados hicieron esta solicitud hoy en una vista clave para el empresario colombiano, donde el Tribunal Constitucional (TC) de esta nación isleña africana debía evaluar los recursos presentados por la defensa de Saab en relación a las circunstancias de su arresto.

En concreto, la corte debía decidir hoy sobre una solicitud que defiende la inconstitucionalidad de la detención de Saab (Inspección Concreta de Constitucionalidad) y sobre un recurso de amparo interpuesto por sus letrados.

El TC caboverdiano, sin embargo, no reveló hoy su decisión y anunciará su veredicto en un plazo máximo de una semana.

La defensa de Saab hizo referencia también al principio de "doble incriminación", según el cual los hechos por los que se solicita una extradición deben ser constitutivos de delito en ambos países, algo que no sucede en este caso, ya que los delitos que alega Estados Unidos no existen en el país africano.

Bajo el mismo principio, el TC también debería averiguar si existe alguna acusación de carácter penal contra Saab en su país de origen, Venezuela, porque "si no hay delito en Venezuela, no puedo haber ningún crimen en Cabo Verde", aseguró Almeida.

Por otro lado, el fiscal general, José Landim -a quien Saab denunció esta semana junto con los inspectores de la policía judicial que intervinieron en su detención por delitos de integridad física, tortura o tratos degradantes, entre otros-, no añadió nuevos argumentos y siguió manteniendo que no se había producido ninguna inconstitucionalidad.

El empresario colombiano solicitó por carta este miércoles a los jueces ser escuchado en persona durante la audiencia, según confirmaron a Efe fuentes de su defensa, pero esta petición no fue concedida.

Esta semana, el obispo Felipe Ramos, de la diócesis de San Francisco de Asís, con sede en estado de Massachusetts (en el noreste de Estados Unidos), solicitó al tribunal caboverdiano a través de una carta que decida a favor de Saab y contra su extradición porque "están en juego los fundamentos mismos de nuestros Estado de derecho", según dijo.

También el Ministerio de Exteriores Ruso condenó la detención de Saab y alegó que la petición de extradición de Estados Unidos "puede repercutir negativamente en las relaciones internacionales y tener un efecto bumerán para cualquier país, incluido EE. UU.".

El arresto y las acusaciones contra Saab

Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 cuando su avión hizo escala en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de la isla caboverdiana de Sal, en cumplimiento de una petición de EEUU a través de Interpol, pero la defensa alega que esa alerta se emitió después del arresto.

Tras su detención, Venezuela aseveró también que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno, que se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde, por lo que sus abogados argumentan que "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela".

El nombre del empresario, de 49 años, apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz lo acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano.

Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecio al gobierno de Maduro.

Según el Gobierno estadounidense, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron de estas operaciones con "cientos de millones de dólares".

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