Las protestas que desde hace 15 días sacuden a Bolivia escalaron este miércoles a una crisis política y diplomática, con el Gobierno de Rodrigo Paz denunciando un intento de desestabilización ante la Organización de Estados Americanos (OEA), expulsando a la embajadora de Colombia y recibiendo el respaldo de EE. UU. y otros Gobiernos de la región.
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La crisis, que comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles y el rechazo a varias reformas, derivó en pedidos de renuncia contra Paz, quien asumió el poder hace apenas seis meses.
Los bloqueos de carreteras y las protestas se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto, ambas en el departamento de La Paz, donde participan sindicatos, campesinos aimaras y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).
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Este miércoles, Paz anunció un “reordenamiento” de su gabinete de ministros para hacerlo “más ágil” y cercano a las demandas sociales, además de la creación de un Consejo Económico y Social con el que busca socializar las reformas impulsadas por su Administración y contrarrestar las acusaciones de privatización lanzadas por los sectores movilizados.
El mandatario también buscó bajar la tensión con Argentina, luego de que Morales denunciara sin pruebas que aviones Hércules de ese país trasladaban militares y material represivo a Bolivia.
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Paz aseguró que Buenos Aires solo participa en un operativo humanitario para enviar alimentos a La Paz y El Alto.
Desabastecimiento y presión política
La situación en La Paz, sede del Gobierno y del Legislativo, y en la vecina El Alto es crítica.
Los bloqueos mantienen parcialmente aislada a la región y han provocado escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, incluido oxígeno medicinal.
En los mercados populares los precios se han duplicado o triplicado, mientras cientos de personas hacen largas filas para conseguir pollo o gasolina.
El Gobierno habilitó un “puente aéreo” con apoyo de aviones argentinos para trasladar alimentos e insumos básicos, aunque admite que la situación sigue siendo difícil.
Incluso, hogares estatales para niños podrían quedarse sin alimentos en las próximas horas.
Las protestas se radicalizaron esta semana, especialmente después de la llegada a La Paz de una marcha de seguidores de Morales que caminó durante días desde el altiplano.
El lunes se registraron enfrentamientos, saqueos y ataques contra periodistas y ciudadanos, en la jornada más violenta desde el inicio del conflicto.
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El Gobierno acusa a Morales de promover la conflictividad y sostiene que las protestas buscan generar una “ruptura constitucional”.
Además, insiste en vincular parte de la movilización con estructuras del narcotráfico, algo que el exmandatario rechaza.
La confrontación también escaló en el plano judicial. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, pidió públicamente al presidente de Colombia, Gustavo Petro, colaborar para que Morales comparezca ante la Justicia por el proceso de trata agravada de personas que enfrenta.
Morales permanece desde hace meses en el Chapare, su bastión político y sindical, protegido por cientos de seguidores.
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La crisis se internacionaliza
Bolivia expulsó a la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, por considerar “injerencistas” unas declaraciones de Petro, quien calificó las protestas como una “insurrección popular” y afirmó que en Bolivia “hay un pueblo en las calles al que están matando”.
Tras la expulsión de García, el mandatario colombiano acusó este miércoles al Gobierno boliviano de caer en “extremismos” y advirtió sobre el riesgo de una “masacre” si no se abre un diálogo nacional.
En cambio, Estados Unidos dio su absoluto respaldo al Gobierno de Paz.
El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington “no permitirá que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente”, mientras el vicesecretario Christopher Landau habló incluso de “un golpe de Estado en marcha”.
La crisis boliviana también llegó formalmente a la OEA. Durante una sesión del Consejo Permanente, el canciller Aramayo denunció acciones orientadas a la “desestabilización institucional” y pidió atención internacional ante una situación que, según dijo, compromete derechos fundamentales y amenaza el orden democrático.
Asimismo, varios Gobiernos de la región respaldaron al Ejecutivo boliviano.
Uruguay pidió resolver el conflicto de manera pacífica y preservar la institucionalidad democrática, mientras República Dominicana condenó cualquier intento de alterar el orden constitucional y expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias de los bloqueos.
