El caso Odebrecht entró esta semana en una nueva fase que apunta a la yugular de gobernantes de América Latina, con la posible caída del mandatario de Perú y la sentencia de seis años de prisión contra el vicepresidente de Ecuador.
El escándalo provocado por la constructora brasileña, que reconoce haber pagado multimillonarios sobornos a cambio de licitaciones, ha abierto cientos de investigaciones contra ministros, diputados y empresarios en la región.
Pero Pedro Pablo Kuczynski puede convertirse en el primer presidente destituido por sus vínculos con Odebrecht, que afirma haberle abonado casi 5 millones de dólares en asesorías cuando era ministro.
El mandatario peruano parece tener los días contados, a pesar de negar las acusaciones: la oposición tiene mayoría en el Congreso y ha prometido echarle.
'No voy a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como presidente', garantizó Kuczynski el jueves.
Su caída 'sería terrible' para la estabilidad y la imagen del continente, según Luis Benavente, de la consultora peruana Vox Populi, aunque 'la corrupción es una enfermedad latinoamericana' instalada 'en todas las bases del sistema político-social.
Orden de extradición
El caso Odebrecht ha sido particularmente sangriento en Perú.
El expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa están en prisión preventiva por recibir presuntamente 3 millones de dólares para su campaña y sobre el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) hay una orden de captura y pedido de extradición desde Estados Unidos por beneficiarse supuestamente de 20 millones.
Ecuador tampoco se ha salvado de este terremoto político.
Su vicepresidente, Jorge Glas, fue sentenciado el miércoles a seis años de prisión por asociación ilícita tras recibir 13,5 millones de dólares en sobornos.
Su condena 'marca una ruptura con el ocultamiento de la corrupción que hubo durante el gobierno de Rafael Correa' (2007-2017), según el politólogo Simón Pachano, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
Lula, con la soga al cuello. Brasil es el otro país donde Odebrecht ha dejado más víctimas, aunque es apenas un capítulo de la Operación Lava Jato que investiga los sobornos pagados por grandes constructoras a partidos y políticos para obtener licitaciones en Petrobras.
La empresa hasta tenía un departamento dedicado a la gestión y distribución de sobornos a políticos brasileños.
El expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) está con la soga al cuello por su presunta vinculación.
La justicia investiga si Odebrecht le pagó un terreno para su instituto en Sao Paulo y si ofreció a su familia un apartamento en una localidad cercana.
En el marco de Lava Jato, Lula ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por recibir un lujoso tríplex en un balneario.
Si la segunda instancia judicial confirma la condena, puede ir a prisión y quedar fuera de las presidenciales de 2018.
En este sentido, el analista político Mauricio Santoro, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), subraya que 'la eventual caída del presidente peruano probablemente será usada en las elecciones brasileñas para criticar a los gobiernos del Partido de los Trabajadores', el de Lula y de su sucesora Dilma Rousseff, destituida en 2016.
El director ejecutivo de la constructora, Marcelo Odebrecht, fue de su lado condenado a 20 años de cárcel por el caso, reducidos luego a diez. El 19 de diciembre pasará a prisión domiciliaria por colaborar con la justicia, tras haber pasado dos años y medio en una cárcel de Curitiba (sur).
Sus delaciones permitieron investigar a ocho ministro del actual presidente, Michel Temer, un tercio del Senado y unos 40 diputados.
El mandato del propio Temer también peligró por las denuncias sobre la presunta aportación de Odebrecht a la candidatura presidencial que formó con Dilma Rousseff, su antecesora, aunque la justicia electoral lo absolvió en junio de este año.
Las garras de la constructora brasileña también apuntaron a Venezuela, donde dijo haber desembolsado 98 millones de dólares.
El presidente Nicolás Maduro se vio envuelto en la polémica, pero la justicia –acusada por la oposición de ser partidista– frenó las acusaciones y descartó investigarlo.
Los tentáculos también alcanzaron a dos hijos del exmandatario panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y a tres de sus ministros, todos imputados, y al exdirector general de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), único investigado en su país y acusado de aceptar al menos 10 millones de dólares.
Cambio en la cúpula
Emilio Odebrecht anunció que dejará en abril de 2018 la presidencia del Consejo de Administración del grupo en el marco del proceso de reestructuración que ha puesto en marcha la compañía para 'pasar la página' del escándalo de corrupción de dimensión internacional en el que se vio envuelta.
El patriarca de la familia Odebrecht, de 72 años, anunció que dejará el cargo durante la próxima Asamblea General de Accionistas, prevista para abril próximo, según anunció el viernes en la clausura de la reunión anual del grupo, en Salvador, capital de estado de Bahía.
'Reconocemos nuestros errores. Cambiamos. Estamos pasando página. Precisamos ahora centrarnos en el futuro, que se construye en el presente', apuntó Odebrecht, citado en el comunicado.
El todavía presidente del Consejo de Administración no anunció el nombre de su sucesor, pero dijo que junto a él renovarán el órgano para adecuarlo 'a las exigencias y a los desafíos de la nueva etapa de vida de Odebrecht'.
La decisión llega pocos días después de que el patriarca de los Odebrecht anunciara que ningún miembro de la familia podrá presidir más el grupo, entre otras medidas para aumentar las transparencia de la firma, que desde sus orígenes está controlada por los Odebrecht.
Emilio Odebrecht hizo parte del acuerdo de colaboración firmado por 77 exejecutivos del grupo con las autoridades brasileñas en el que confesaron las prácticas corruptas que realizaron durante años en el gigante sudamericano y en otros países de la región.
El ejecutivo dijo que la 'corrupción es un impuesto silencioso y mortal' porque 'encarece todo el sistema productivo y es recaudado por manos sin escrúpulos'.
'Practicada de forma continuada y sistematizada, la corrupción mata la economía de un país o de una región y, en consecuencia, provoca sucesivas crisis', añadió.
Odebrecht, presente en 25 países, participó de un 'cartel' con otras 15 importantes constructoras del país para obtener contratos de manera fraudulenta con la petrolera estatal Petrobras, según desvelaron las investigaciones iniciadas hace casi cuatro años.
Las autoridades comprobaron que esas empresas inflaban los valores en los contratos y repartían las diferencias entre ejecutivos de la petrolera, empresarios y políticos, que amparaban esas prácticas y legislaban a favor de las compañías.
La corrupción en Odebrecht no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de Latinoamérica y África, cuyas autoridades investigan el pago de sobornos a sus políticos de parte de la constructora.
Odebrecht ha firmado acuerdos, que incluyen el pago de multas, con los gobiernos de Estados Unidos, Brasil, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Perú y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga y trabaja con otros países para cerrar pactos similares.
USD 11 millones : el efecto en Colombia
En Colombia, el funcionario más alto en problemas por los sobornos de la brasilera es el director del ente de infraestructura en el país, Luis Fernando Andrade, cabeza hasta hace un par de meses de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien enfrenta un juicio por la adición de la vía Ocaña-Gamarra. Entre tanto, el funcionario más alto que ha sido condenado es el exviceministro de Transporte, el cartagenero Gabriel García Morales, a quien le dieron una polémica pena de 5 años de cárcel y $65 millones de multa por haber confesado que recibió US$ 6,5 millones dólares para favorecer la adjudicación de la Ruta del Sol II. El resto son congresistas y excongresistas, como Otto Bula y ‘Ñoño’ Elías, quienes están presos, y una decena más que están en líos por el escándalo y son requeridos por las autoridades de su fuero. Además, han sido mencionados otra decena de particulares en distintas etapas de la entrega de coimas. Entre tanto, la marea en lo que tiene que ver con las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga ha quedado en nada en el Consejo Nacional Electoral, CNE, un ente politizado y sin dientes para investigar y sancionar la posible entrada de dineros de la multinacional a las cruzadas electorales de 2010 y 2014. En total, hasta ahora, se asegura que la empresa dejó en coima, en nuestro país, 11 millones 100 mil dólares.
