La crisis que afronta Canacol Energy ha dejado de ser un caso de insolvencia empresarial para escalar a una amenaza estructural que pone en jaque la seguridad energética del país.

Su perentoria solicitud a un tribunal de Canadá, país donde está residenciada la compañía, para que le autorice cancelar de forma unilateral 19 contratos de suministro de gas con 12 empresas, sin duda, tensiona el mercado y, sobre todo, dispara los riesgos en la continuidad y abastecimiento de un servicio que es esencial en un momento particularmente sensible.

Razones existen de sobra. Una eventual terminación anticipada de los contratos afectaría el 7,5 % del abastecimiento nacional de gas, con impactos directos sobre hogares, industria y generación térmica. Y aunque por factores técnicos y operativos la producción de Canacol ha caído de manera progresiva durante los últimos 3 años: de más de 200 millones de pies cúbicos por día —equivalente al 20 % de la producción nacional— a 70 millones de pies cúbicos por día de la actualidad, no sería fácil suplir en el corto plazo el vacío que quedaría.

No se trata, por tanto, de un porcentaje marginal, pero, adicionalmente, ya el mercado del gas enfrenta restricciones de oferta en la producción nacional y creciente dependencia de las importaciones. De hecho, el gas importado, que a día de hoy solo regasifica la planta de Spec, ubicada en Cartagena, cubre cerca de una cuarta parte de la demanda, en un contexto de precios internacionales muy volátiles. En vista de que el suministro de Canacol no podría reemplazarse de la noche a la mañana, menos aún con tan limitada capacidad de importación, el panorama que se vislumbra pasa por un desabastecimiento del energético, presión sobre la actual infraestructura y, en el mejor de los casos, una sustitución con gas importado mucho más costoso que podría acabar trasladándose a las tarifas de los usuarios.

Y aún hay más. El asunto pasaría de castaño oscuro con la llegada del fenómeno de El Niño, porque el parque térmico tendría que operar a máxima capacidad para respaldar el sistema eléctrico, lo que incrementaría la demanda de gas. Cancelar contratos en estas condiciones equivale a introducir una variable de inestabilidad adicional en una ecuación muy compleja.

Ahora, el impacto en la región Caribe sería particularmente severo. Empresas como Gases del Caribe, Surtigas y Gases de La Guajira, entre otras distribuidoras, quedarían expuestas a una disrupción que compromete el suministro a miles de hogares, comercios e industrias. A ello se sumaría el efecto dominó sobre grandes consumidores como Cerro Matoso, cuya operación —dependiente un 80 % del gas de Canacol—, se paralizaría con notables pérdidas.

Una interrupción en el suministro de gas al complejo minero-industrial, situado en Córdoba, que sostiene procesos que funcionan a temperaturas de 1.450 grados, causaría serios daños en sus equipos, cuyo costo de reposición superaría los $700.000 millones, como se lo advirtió a EL HERALDO su presidente, Ricardo Gaviria. A ello se sumaría el efecto social: cerca de 2.000 empleos directos y hasta 50.000 personas vinculadas a su cadena de valor quedarían literalmente en el aire. Esto sin contar el golpe fiscal por la caída en las regalías.

Naturgas pone sobre la mesa alternativas distintas a la terminación de los contratos, desde renegociaciones hasta esquemas de inversión que preserven la operación. Al final, la oportuna reacción del Estado será definitiva. Por ahora, el Ministerio de Minas y Energía dice que garantiza el suministro, la Superservicios ha activado una vigilancia especial y la Supersociedades tiene en sus manos la posibilidad de invocar la excepción de orden público para impedir que una decisión extranjera afecte el interés general. Pues, adelante: actúen.

Si la decisión judicial en Canadá prospera sin salvaguardas locales, Colombia enfrentaría una tormenta perfecta de la que no tenemos cómo salir bien librados. Permitir la ruptura de los contratos enviaría una señal desconcertante. No solo se pondría en riesgo el abastecimiento inmediato, sino que se socavaría aún más la seguridad jurídica y credibilidad del país como destino de inversión energética. Hoy más que nunca se requiere de una acción firme y coordinada para proteger a los usuarios. Esto no es un asunto político ni producirá réditos electorales, estamos ante una obligación estratégica del Estado que no puede equivocarse.