La nueva masacre ocurrida en Maicao —la tercera en lo corrido del año en La Guajira y la número 37 a nivel nacional— confirma el carácter sistémico de la violencia que golpea con particular crudeza al departamento. El asesinato de cinco jóvenes, entre ellos un menor, tres indígenas wayuu y un ciudadano venezolano, enluta a sus familias y amigos, mientras expone la vulnerabilidad de un territorio atrapado en medio de una feroz disputa criminal.

Hechos perpetrados con total sevicia en el barrio Villa Mery que encajan con los patrones advertidos desde hace al menos cuatro meses por la Defensoría del Pueblo en una de sus alertas tempranas: incursiones armadas, homicidios selectivos y colectivos, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, control territorial ilegal y violencia indiscriminada contra la población civil. Lejos de ser un caso aislado, la matanza retrata la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN): estructuras criminales que libran una guerra a muerte por el dominio hegemónico del narcotráfico, el contrabando y la extorsión en la Sierra Nevada de Santa Marta y a lo largo y ancho de la Troncal del Caribe.

La masacre sería una retaliación, luego del golpe del Ejército contra Los Pachenca, al mando de Naín Pérez Toncel, alias Naín o ‘Bendito Menor’, quien acaba de desafiar al Estado con el anuncio de un paro armado y una supuesta “limpieza social” en La Guajira. Esta retórica con la que pretende justificar sus crímenes es una inaceptable proclamación de violencia que intenta someter al departamento al imperio del miedo, paralizándolo por completo. Frente a esta amenaza, no caben ambigüedades ni respuestas tardías. Guardar silencio o minimizar su gravedad sería, en la práctica, permitir que los violentos impongan sus reglas.

Así las cosas, la violencia no solo se deriva de disputas territoriales, también responde a lógicas de ajuste de cuentas que terminan cobrando vidas de inocentes. En un contexto tan volátil, los jóvenes —muchos de ellos indígenas o en condiciones de extrema fragilidad— se convierten en blanco fácil de una estrategia de terror que busca instaurar control social.

La reacción institucional, aunque necesaria, resulta aún insuficiente frente a la magnitud de la crisis. El anuncio de una recompensa por $200 millones, el envío de refuerzos policiales y las operaciones militares que han dejado bajas en las filas de las organizaciones ilegales son pasos relevantes, pero no resuelven la raíz de un conflicto recrudecido, especialmente, luego del acceso a la fallida paz total que los unos y los otros recibieron del Gobierno Petro.

Lo más preocupante, además de lamentable y, sobre todo, vergonzoso, es que la escalada se sucede a pesar de las reiteradas advertencias de la Defensoría del Pueblo. Esta alertó del riesgo en 21 municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, donde los grupos armados han impuesto formas de gobernanza ilegal, alimentadas por el dinero de las rentas ilícitas y el reclutamiento de jóvenes, pero —como en otras ocasiones— el Estado si acaso reaccionó.

Es particularmente alarmante y doloroso que la violencia en La Guajira cobre la vida de jóvenes pertenecientes a comunidades históricamente vulnerables, como el pueblo wayú. Eso revela una dimensión todavía más delicada porque normaliza su instrumentalización en dinámicas criminales o, peor aún, su eliminación como parte de retaliaciones o ajustes que buscan reafirmar dominio. Otra expresión infame de que sus vidas no tienen ningún valor.

Frente a ese panorama, no basta con respuestas reactivas. ¿Cuál es el plan de fondo para frenar tan graves manifestaciones de violencia? La Guajira exige una intervención integral que recupere el control institucional, desarticule las economías ilícitas y proteja de manera efectiva a sus comunidades. De lo contrario, cada nueva masacre seguirá siendo apenas un eslabón más en una inacabable cadena de violencia que se expande, se reproduce, se consolida y termina por naturalizar la barbarie, como ocurre en otras regiones de Colombia.

Por el histórico abandono de La Guajira restablecer el control de su territorio es más que un asunto de seguridad, se convierte en una obligación moral y constitucional, a la que debe comprometerse quien salga electo en las presidenciales porque en este gobierno ya no fue.