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El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó nuevamente en el Congreso el proyecto de ley.
Economía

Ley de Financiamiento y pensiones, en el centro del debate nacional

Expertos académicos de la Universidad Simón Bolívar hablan sobre estas iniciativas del Gobierno nacional, y analizan sus pros y contras para la ciudadanía.

Una reforma a las pensiones de los colombianos y un proyecto de Ley de Financiamiento son dos de las recientes apuestas del Ministerio de Hacienda que se encuentran en el centro del debate en el país y que tienen que pasar un camino espinoso para lograr su aprobación.  Cuatro expertos investigadores de la Universidad Simón Bolívar en las áreas de derecho laboral, constitucional, economía y sociología analizaron estas iniciativas del Gobierno nacional, y emitieron sus conceptos sobre qué tan convenientes son o no para la ciudadanía.

“Una desnaturalización de la pensión de vejez”

Por Inés Rodríguez Lara

La propuesta de reforma del Gobierno nacional no resuelve el fondo y bajo los principios de eficiencia e integralidad el problema del sistema pensional colombiano y ante todo no garantiza el derecho irrenunciable a la seguridad social, la protección a la tercera edad en condiciones de una vida digna, que develaría, una vez más, la frustración del sistema pensional.

Desde su implementación, se contempló la frustración del sistema pensional cuando se estableció la indemnización sustitutiva, la devolución de saldos y la misma garantía de pensión mínima (GPM).En el mismo sentido, en su devenir se ha reglamentado la pensión familiar, los beneficios económicos periódicos (BEEPS); todas estas situaciones que se alejan del alcance del objeto del sistema que se declaró en el año 1993 y que se encuentra vigente.

El ministerio de Hacienda ha expuesto la posibilidad del auxilio a la vejez, bajo la aparente premisa de que “toda persona en edad de jubilación tendrá una mesada”. Este anuncio, sin embargo, ya se había contemplado en el objeto del sistema pensional colombiano; más bien, se hace necesaria una rendición de cuentas del cumplimiento de esta garantía constitucional y legal.

El fundamento de la propuesta del “auxilio de vejez” es quitarle el subsidio que hasta hoy el Estado, como garante de la pensiones, le otorga a las pensiones y que tan solo ha permitido, en cifras oficiales, que se pensionen únicamente un 25 %; y ese mismo subsidio concederlo a la población mayor de 65 años de edad. De ser así, es bastante posible que el porcentaje de pensionados de los 57 años de  edad y de los 62 se reducirá aún más, para tener una población que a partir de los 65 años de edad reciba un auxilio, con lo que se desnaturaliza el derecho a la pensión y de manera indirecta abre el camino que se extienda la edad.

Así mismo, el gobierno ha informado “que no hay correspondencia entre lo que se  ahorra y lo que se recibe como pensión de  vejez”, generando un desconcierto en los afiliados cotizantes que ya perciben una insostenibilidad financiera y poco optimismo, bajo la óptica que no adquirirán su pensión. Se debe formular una auténtica política de equidad e igualitaria, que permita revisar las desigualdades existentes en materia pensional, mayor inversión social, en la cual contribuya el  sector privado.

*Especialista en Derecho Procesal y Laboral. Doctora en Educación e investigadora Senior.

Una propuesta políticamente inviable

Por Ferney Rodríguez-Serpa*

El momento que atraviesa el Gobierno actual no es bueno, ni tampoco lo ha sido el manejo político que ha tenido desde un principio con relación el Congreso. Si bien tiene mayorías, no son significativas políticamente, y mucho menos, a la hora de que sea acompañado para proyectos que de entrada se denotan como impopulares para la opinión pública nacional, lo cual difícilmente desde la visión parlamentaria tendría una representación plausible. 

Se suma un momento de incertidumbre gubernamental que ha venido creciendo entorno al gobierno Duque al no tener una agenda política nacional e internacional definida, lo que lo hace denota improvisación. Además, los reiterados golpes políticos que la Corte Constitucional le ha dado como en el tema de las objeciones a la JEP, el glifosato y recientemente en la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento.

El Gobierno no goza de un momento de confianza para tramitar la reforma pensional ante el Congreso. Además de ello, políticamente no hay un liderazgo en su gabinete que permita tener un lobby representativo, que logre convergencia entre el legislativo y los ministros que deberían tener mayor manejo político. Es decir, el tecnicismo de muchos de ellos, en lo que se denomina tecnocracia, no ha tenido transcendencia política y mucho menos en propuestas de esta naturaleza que resultan impopulares.

En resumen, no es una propuesta viable por lo impopular que representa para el país y para los sectores populares que ven como otros países de la región como Chile y Ecuador han tumbado medidas de este tipo. Aunado a esto, el Gobierno pretende nuevamente presentar la Ley de Financiamiento que aumentaría el paquete de iniciativas en el congreso, dispersando la concentración de la agenda política. 

*Sociólogo, abogado y magister en Derecho Procesal.

Una controversia de vieja data

Por Eduardo Palencia Ramos* 

La decisión de inexequibilidad de la Corte Constitucional sobre la Ley de Financiamiento del gobierno de Iván Duque, que había sido aprobada por el Congreso, se presenta en momentos muy críticos para el Ejecutivo y revive una controversia característica en los últimos tiempos en el país, al menos tras el surgimiento de la Constitución de 1991, en cuanto a la función limitativa del poder ejercido por los jueces de las altas cortes. 

El primero de los escenarios advierte un gobierno que ha carecido de legitimidad popular y que, ante sucesos como el aludido, se enfrenta a un nuevo desafío en el que tendría que ser muy perspicaz y meticuloso si pretende sortear otro óbice. 

El segundo de los escenarios exhibe una de las más álgidas polémicas en las últimas décadas en Colombia: la racionalización del poder que, desde las altas cortes, específicamente en este caso Constitucional, se ha hecho sobre el Ejecutivo. Esto, antes de ser objeto de críticas, debe asumirse como un reflejo de la más alta evidencia democrática, debido a que de esta manera se materializa el prurito republicano de la división de poderes. 

La inexequibilidad de forma determinada por la Corte Constitucional no obsta a que el Gobierno presente nuevamente este proyecto, por eso se le dio la facultad al mismo de modificar, derogar o dejar intacto el articulado. También ha de considerarse que esta ley solo deja de regir a partir del año siguiente y, además, esta decisión no tiene efectos retroactivos.

*Abogado constitucionalista y magister en Ciencias Políticas y Derecho Público. 

Efectos económicos de la Ley de Financiamiento

Por Florentino Rico Calvano* 

La Ley de Financiamiento responde a la necesidad de atender un déficit en el Presupuesto General de la Nación por $14 billones. Pretende recaudar 8 billones de pesos, siendo una ley cortoplacista y coyuntural. Es una iniciativa de equilibrio presupuestal. Beneficiaría a grandes sectores de la economía que están desfinanciados. La carga tributaria para las empresas es elevada y se necesita una disminución gradual de la carga a personas jurídicas, para que haya desarrollo y crecimiento económico.

Las personas de mayores ingresos contribuirían en mayor proporción con el Estado; los cambios no afectarían a los más vulnerables y habría mecanismos de compensación para estos ciudadanos. Busca la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, ya que la salud de las finanzas públicas es una prioridad del Gobierno. Se justifica para corregir que, de cada 100 pesos ahorrados en bienes excluidos, los hogares más ricos se benefician con 27, mientras los más pobres solo con 4. Así mismo, de cada 100 pesos ahorrados en bienes exentos, los hogares más ricos se benefician con 13, mientras los más pobres solo reciben 7. En general se garantizaría una estructura tributaria más progresiva. Los beneficios que se proponen en ICA, GMF, IVA por la adquisición de bienes de capital contribuyen a disminuir el componente de renta en 10 puntos porcentuales. 

Es preocupante que, actualmente, los hogares más pobres destinan el 30 % de su gasto a bienes con tarifa de 19 %, por lo cual no están siendo compensados. Se beneficiaría la cobertura y servicios de salud de 45 millones de colombianos y permitiría la implementación de los Acuerdos de Paz y Posconflicto y del PND 2019-202. Igualmente, financiaría 529 millones de raciones de alimentación escolar (PAE)  y los créditos para acceso a la educación superior (Icetex), así como los programas de Infraestructura. 

También garantizaría subsidios de energía para 11,3 millones de familias y 5,1 millones de familias en el servicio de gas. Cobijaría los cinco ciclos de Familias en Acción para 2,4 millones de familias y atención a la infancia (Icbf) y madres comunitarias, entre otros temas clave para el desarrollo equitativo del país. 

*Economista, investigador Senior de la Universidad Simón Bolívar.

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