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Economía

Abren investigación a Rappi por presunto incumplimiento de órdenes

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia explicó que tiene que ver con la normativa de comercio electrónico en el país.

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia formuló cargos contra Rappi S.A.S y abrió una investigación administrativa por el presunto incumplimiento de cinco órdenes impartidas para que la empresa cumpla la normativa de comercio electrónico en el país.

La entidad explicó que las órdenes fueron dadas mediante una resolución de agosto y que la investigación administrativa comenzará para determinar si Rappi atendió dichos requerimientos.

"La decisión fue tomada luego de evaluar la respuesta y documentos allegados por la sociedad, con los que se pretendía acreditar el cumplimiento de la orden administrativa impartida, determinándose de manera preliminar, el presunto incumplimiento de cinco de los requerimientos efectuados por este ente de inspección, vigilancia y control", dice el comunicado por el que se pronunció la SIC.

El primero es el supuesto incumplimiento a una orden con la que se le pide a la compañía informar a los consumidores que tienen "derecho de retracto y de revisión de pago" antes de aceptar la oferta.

Por su parte, la aplicación "limitó" esta orden a los miembros de Rappi Prime y para el resto de usuarios los remitió al "aliado comercial".

La segunda orden buscaba que Rappi cambie las cláusulas de términos y condiciones, ya que no asume su responsabilidad como proveedor, mientras que con otra pretendía que el valor de los productos no pudiera ser modificado después de que el usuario hiciera la compra.

"Respecto de la orden relacionada con establecer de manera clara, en los acuerdos de cooperación celebrados con sus aliados comerciales, la intervención de cada uno de los suscriptores del acuerdo frente a la efectividad de la garantía, esta entidad la consideró presuntamente incumplida", dice.

Por último, la Superintendencia asegura que hubo un "incumplimiento parcial" de una orden para que los consumidores pudieran acceder a información sobre el trámite y tiempo de respuesta y solución de sus peticiones, quejas y reclamos.

En caso de que la entidad logre probar lo anterior, se podría imponer una multa de hasta 1.000 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a 828.000 millones de pesos.

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