Esta semana Colombia sufrió un golpe que para los analistas económicos es significativo, tras conocerse que la agencia calificadora de riesgo Standard & Poors (S&P) le rebajó la calificación crediticia a este país de BB a BB-, una señal que confirma el deterioro de las finanzas públicas, aunque con un giro que introduce algo de alivio: la perspectiva pasó de negativa a estable.
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Incluso, el ajuste consolida a Colombia por debajo del grado de inversión, reflejando una tendencia que no logra revertirse. Sin embargo, el cambio en la perspectiva sugiere que, en el corto y mediano plazo, no se anticipan nuevos recortes si se mantienen ciertas condiciones fiscales, lo que atenúa la incertidumbre en los mercados.
El informe de S&P pone el foco en un desequilibrio estructural: el país sigue sin cerrar la brecha entre ingresos y gastos. La agencia proyecta que los déficits fiscales continuarán siendo elevados en los próximos años, lo que limita la capacidad de maniobra del Gobierno.
Aunque las políticas recientes han servido para sostener el consumo y evitar una desaceleración más brusca, el costo ha sido acumulativo. Entre los principales factores de presión, el reporte identifica: inflación persistente, que mantiene en alerta las expectativas de precios; deterioro externo, con una cuenta corriente más amplia; y mayor endeudamiento, especialmente externo, que reduce el margen de acción fiscal.
Lo que afecta al ciudadano
Más allá de las reacciones que se han escuchado de voceros gremiales y expertos económicos, aquí hay un punto clave: ¿cómo afecta al ciudadano de a pie?
En ese sentido, Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, señaló a EL HERALDO que la rebaja de calificación y el aumento del riesgo país tienen implicaciones directas sobre las condiciones financieras.
“Las tasas de interés tenderán a mantenerse elevadas como mecanismo de compensación por el mayor riesgo percibido, limitando el espacio para reducciones significativas y manteniendo condiciones financieras restrictivas en términos reales”, socializó el experto.
En ese sentido, enfatizó que esto se traduce en un mayor costo de financiamiento para el Gobierno, un aumento en la carga de intereses sobre los ingresos fiscales y menores márgenes para inversión pública.
“A su vez, el encarecimiento del crédito para empresas y hogares restringe la inversión privada y el consumo, lo que apunta, en agregado, a un menor crecimiento potencial de la economía”, expresó Ballén.
Por su parte, Maira Hernández, directora Financiera de la fintech Tumipay, apunta que esta rebaja es una señal de alerta que no se puede ignorar.
“Refleja un entorno de mayor presión fiscal, más endeudamiento y menor previsibilidad económica, lo que en la práctica se traduce en un encarecimiento del dinero y menor llegada de inversión extranjera. Cuando el país pierde grado de confianza, el costo lo terminan asumiendo todos: desde el Estado hasta las empresas y los ciudadanos. Esto impacta directamente al ecosistema empresarial, especialmente a pymes y fintechs, que dependen de capital para innovar y escalar, y que ahora enfrentan un entorno más restrictivo”, manifestó la experta consultada.
Para el ciudadano de a pie, detalló que el efecto es más tangible de lo que parece, puesto que se traduce en tasas de interés más altas, más dificultad para acceder al crédito y menor capacidad de consumo en los hogares.
“Aun así, Colombia mantiene fortalezas como la independencia del Banco de la República. Más que una crisis inmediata, lo veo como un punto de inflexión: es una oportunidad para recuperar disciplina fiscal, fortalecer la confianza y evitar caer en un escenario aún más restrictivo para la economía”, dijo Hernández.
Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, sostuvo que la rebaja de calificación crediticia de Colombia por parte de Standard & Poors se debe a la creciente deuda pública y la falta de dinamismo en los ingresos tributarios, lo que genera incertidumbre y aumenta el riesgo país.
“Esto podría resultar en un aumento de las tasas de interés y, eventualmente, en la necesidad de una reforma tributaria, afectando directamente a los ciudadanos”, afirmó Amorocho a este medio.
Agregó que esta decisión tiene que ver con la relación que tiene el Gobierno con quienes contratan deuda pública con él.
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“Es decir, en primera instancia, no tiene un vínculo directo que afecte al ciudadano, porque eso afecta directamente al deudor, si se le ha rebajado la calificación y se viene deteriorando la rebaja de la misma en la deuda colombiana, es porque hay factores en los cuales las calificadoras de riesgos creen que en materia del retorno de la deuda hay cada vez circunstancias que podrían estar generando problemas con el pago de la deuda. Y eso básicamente se deja ver por la falta de dinámica que han tenido los ingresos tributarios relacionados con la alta dinámica que ha tenido el gasto del estado, el crecimiento del déficit fiscal, que va a estar este año en un 6,4 % del Producto Interno Bruto (PIB)”, explicó el experto.
Acto seguido, expresó que como el Estado no tiene ingresos, precisamente este depende de los tributos que les exige a sus contribuyentes.
“Cuando usted tiene una deuda en aumento y le están bajando la calificación aumentando el riesgo país, lo que eso inmediatamente se traduce es un aumento de la tasa de interés que cobran por los nuevos créditos, en los cuales Colombia ha mostrado un alto apetito, sobre todo en el crédito interno, pero también en el crédito externo por la vía de bonos”, resaltó Amorocho.
Financiamiento se encarece
La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, expresó que esto aumenta la percepción de riesgo para los inversionistas internacionales y, con ello el costo del capital en toda la economía.
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“En la práctica, esto significa que el financiamiento se encarece y se vuelve más limitado. El Estado enfrenta mayores costos, las empresas acceden a crédito en condiciones más exigentes y los hogares sienten tasas más altas y menor disponibilidad. El resultado es una presión adicional sobre variables como el tipo de cambio y, en conjunto, una menor capacidad de invertir, consumir y crecer”, expuso la también presidenta de Acolgen.
Explicó que con una calificación más baja Colombia pierde competitividad frente a otros destinos y se reduce el interés por proyectos de largo plazo.
“Afecta transversalmente a sectores como energía, infraestructura, industria, agro y tecnología, y también a los consumidores, porque todos dependen de financiamiento y confianza. En sectores intensivos en capital, como energía e infraestructura, el aumento en tasas y la carga impositiva elevan la probabilidad de aplazamiento o cancelación de proyectos”, señaló.
Gremios empresariales alertaron sobre las consecuencias
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que este ajuste no es un hecho aislado. “Es la consecuencia directa de un manejo fiscal que ha llevado a un crecimiento significativo del presupuesto nacional cercano al 50 % en términos nominales. A pesar del gran aumento en impuestos, ha sido financiado en una muy buena parte con un endeudamiento del Gobierno nacional”, expresó Mac Master.
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, afirmó que esto es consecuencia de la errada gestión de un gobierno que decidió “darles la espalda a la técnica y al rigor de la evidencia económica para sustituirlos por la improvisación, el desprecio por la institucionalidad y dogmas de ideologías fracasadas”.
