El Gobierno nacional fue noticia esta semana en materia económica tras revelarse una ruptura de relaciones con el Banco de la República, y todo por el retiro de una sesión de la junta directiva del Banco de la República luego de que cuatro codirectores propusieran un aumento de 100 puntos básicos en la tasa de interés, dejándola en 11,25 %, una decisión que al final fue confirmada.
Según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila la iniciativa no contó con el respaldo del Gobierno Nacional, que considera que una subida de esa magnitud podría tener efectos adversos sobre la economía del país, particularmente en el contexto actual.
Y claramente, la retirada contó con una defensa férrea del presidente Gustavo Petro, quien acusó a la junta directiva de “matar la economía” del país.
“El gobierno se retira de la junta. No somos participes de una posición de oposición suicida”, indicó en su momento el jefe de Estado, quien además expresó que la junta directiva del Banco de la República perdió la independencia no porque el gobierno se impuso, sino porque “la junta desacató lo que ordena la constitución de 1991, que es que la junta debe coordinar con el gobierno, y no lo hizo, lo avasalló con su decisión ignorante, la mayoría de la junta directiva rompió el acuerdo de paz, que es la constitución de 1991”.
Acto seguido, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, defendió la autonomía de la junta y recordó que su mandato es proteger el poder adquisitivo de la moneda.
“Todos los miembros de la Junta actúan por sus convicciones, siguiendo un mandato constitucional que es muy claro: mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Ese es nuestro horizonte. El ministro actúa como representante del presidente; él sí tiene a quién reportarle”, afirmó.
Esta ruptura jamás se había dado, por lo que se considera “histórica”, pero no para pensar en un buen camino si se habla en materia económica, o al menos eso es lo que piensan diferentes gremios y analistas.
Con ejemplos
El ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo ilustró con un ejemplo lo que él denomina como un “disparate institucional” que han planteado Petro y el ministro de Hacienda, anunciando que el gobierno no vuelve a participar en las reuniones de la junta del Banco de la República.
“Supongan ustedes qué hay un amago de crisis bancaria y los bancos necesitan tener acceso con urgencia a la liquidez que suministra el banco emisor en momentos de crisis. Como el gobierno desbarata el quorum del Banco de la República no se puede dar la autorización de su junta que se requiere en un caso hipotético como el planteado. ¿Qué pasaría? Que la estructura financiera del sistema entraría en crisis con cerrazón de puertas y la estantería financiera caería sobre millones de ahorradores y cuentahabientes, por no poder tener acceso a los apoyos de liquidez, que es una de las funciones básicas de todo banco central. Al no poder precaver múltiples liquidaciones bancarias que se seguirían y donde los que más pierden son los ahorradores y usuarios del sistema”, explicó.
Acto seguido, dijo: “¿Por qué no puede darles el apoyo de liquidez el Banco de la Republica a los bancos, para evitar una corrida o un pánico financiero? Porque la junta no pudo reunirse oportunamente pues el gobierno desbarató el quorum. Esa es la barbaridad populista que envuelve el desafortunado anuncio de Petro y su ministro de Hacienda”.
Impacto político y jurídico
El ex gerente del Banco de la República Juan José Echavarría explicó brevemente a Caracol Radio que el abandono del ministro de Hacienda podría enfrentarlo a varios escenarios, entre ellos la Procuraduría General de la Nación podría iniciar una investigación disciplinaria por falta gravísima ante la eventual omisión de sus funciones, lo que podría derivar en la destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos (entre 10 y 20 años).
“La eventual ausencia del ministro en la junta también habilita a cualquier ciudadano o entidad a presentar una acción de cumplimiento, una figura legal mediante la cual se exige judicialmente que un funcionario acate obligaciones normativas expresas. La responsabilidad funcional no es negociable ni transferible”, detalló.
Por su parte, Alberto Carrasquilla, exministro de Hacienda, dijo que existe una dimensión jurídica bastante delicada tras la decisión, ya que es obligatoria la presencia del ministro en la junta directiva.
“Es imposible que el ministro de Hacienda pueda unilateralmente violentar una de sus obligaciones. Una de sus obligaciones importantes es presidir la junta del Banco de la República, está definido constitucionalmente que él la preside, y él no tiene las atribuciones para que si no le da la gana ir, no ir, o que si tiene un desacuerdo, entonces, simplemente no asiste”, detalló el exministro en Caracol Radio.
Las opiniones
Uno de los que ha sido radical frente a este suceso ha sido la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quien señaló que este tipo de situaciones puede generar un grave deterioro institucional, afectando el normal desarrollo de las funciones constitucionales de la entidad.
El organismo recordó que la Constitución de 1991 estableció la autonomía e independencia técnica y patrimonial del Banco de la República, con funciones esenciales en la regulación de la moneda y la preservación de su poder adquisitivo, y que todos los funcionarios públicos deben respetar estos principios.
“Estos mandatos superiores imponen a todos los funcionarios públicos y ciudadanos, el deber de respetar la autonomía e independencia del Banco, así como de reconocer su papel como garante de la estabilidad monetaria. Asimismo, exigen la preservación de un adecuado régimen de coordinación entre los órganos del Estado, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI del Título XII de la Constitución Política, relativo al régimen económico y de la hacienda pública“, señalaron.
La academia expresó que “observa con preocupación” lo sucedido y enfatizó que es urgente recomponer un clima de entendimiento y respeto de las decisiones mayoritarias adoptadas en la junta, para evitar consecuencias negativas para la ciudadanía.
Por su parte, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, enfatizó que la inflación que hoy golpea al país y no cede es, en gran medida, consecuencia de la decisión irresponsable de aumentar el salario mínimo sin atender criterios técnicos ni parámetros establecidos.
“La credibilidad de nuestro sistema económico no puede ser sacrificada para ocultar errores de gestión”, sostuvo.
Fuertes consecuencias
Con una inflación que va ligeramente al alza y con unas tasas de interés que ya tomaron fuerza con esta última decisión, varios expertos dieron a conocer sus pensamientos de cara al futuro.
Mauricio Sabogal, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Corporación Universitaria Iberoamericana, sostuvo que el panorama para el crédito en Colombia sigue marcado por condiciones financieras exigentes y un ciclo de tasas que podría prolongarse más de lo previsto.
“El país está transitando hacia un escenario en el que el acceso al financiamiento seguirá siendo más costoso y exigirá mayor disciplina financiera por parte de hogares y empresas. La economía colombiana parece entrar en una etapa donde las tasas de interés se mantendrán altas durante más tiempo, principalmente como parte de la estrategia del banco central para mantener controlada la inflación y restringir la liquidez”, explicó Sabogal.
Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, dijo que un ciclo alcista de la tasa de política monetaria no favorece al sector financiero, sino que perjudica su dinámica y sus resultados.
“Tras los incrementos recientes, dicho fondeo es hoy 200 puntos básicos más costoso que a finales de 2025. Al tener un costo de fondeo más alto, los establecimientos de crédito se ven obligados a trasladar parcialmente ese incremento a las tasas de interés de los créditos que ofrecen a hogares y empresas. Contrario a lo que podría suponerse, esto no se traduce en mayores ingresos, sino en una menor demanda por crédito, un mayor deterioro de la cartera y un aumento significativo del gasto en provisiones”, indicó.
