El Gobierno nacional, a través de Colpensiones, está presionando a los fondos privados de pensiones para que trasladen de manera inmediata alrededor de $9 billones. Estos recursos corresponden a los aportes de cerca de 40.000 trabajadores en actividades catalogadas como de alto riesgo, entre ellos bomberos, mineros y guardianes del Inpec.
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De acuerdo con lo que se conoció recientemente, la entidad estatal envió una carta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) solicitando que los recursos sean trasladados sin más dilaciones. El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, explicó que el dinero permitiría reforzar el pilar solidario del sistema y cubrir el pago de bonos pensionales a adultos mayores que no cuentan con pensión.
“Si yo tengo esos $9 billones en Colpensiones me van a ayudar a mermar recursos del presupuesto general de la nación, a contribuir con el pilar solidario y pagarle a los 3 millones de viejos a los que nunca antes le pagaron el bono pensional de $300.000 pesos”, afirmó Dussán.
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La discusión se da en medio de la crisis fiscal que atraviesa el país. El Ejecutivo suspendió la regla fiscal y radicó una reforma tributaria con la que busca recaudar $16,3 billones para garantizar el presupuesto del próximo año.
Dentro de las medidas que estudia el Gobierno está la eliminación del requisito de doble asesoría, lo que facilitaría el paso de los trabajadores de alto riesgo desde los fondos privados hacia Colpensiones. El tema será discutido en una reunión con representantes de las AFP y autoridades del sector.
¿Por qué están en los fondos privados?
La legislación establece que los aportes adicionales que hacen las empresas a favor de los trabajadores de alto riesgo deben ir al régimen de prima media. Sin embargo, un concepto del Ministerio del Trabajo de 2003 permitió que quienes no se trasladaron a Colpensiones en su momento mantuvieran esos pagos en las cuentas individuales de las AFP.
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Desde julio de este año, la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) no admite que dichos aportes adicionales se realicen a afiliados que permanezcan en fondos privados, lo que hace parte de la estrategia del Gobierno para acelerar los traslados.
Una carrera contra el tiempo
El Ejecutivo busca que la operación se realice antes de que entre en vigencia la reforma pensional. Si los traslados se concretan de manera previa, los $9 billones pasarían a Colpensiones. En caso contrario, la administración de los recursos quedaría en manos de los fondos privados, como lo establece la nueva normativa.
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Hasta ahora, cerca de 920.000 adultos mayores se han inscrito para recibir el bono pensional, que pasó de $300.000 a $230.000 para los beneficiarios del programa Colombia Mayor. La universalización del beneficio a personas de 65 años sin pensión dependerá de la entrada en vigencia de la reforma pensional.
