La extracción de hidrocarburos, esmeraldas y minerales figuran entre las actividades que más se verán afectadas por el decreto 572 de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda el 28 de mayo para adelantar el recaudo de 2026 al aumentar la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y complementarios.
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Las nuevas tasas, que entrarán en vigencia el próximo domingo 1 de junio, oscilan entre el 1,20 % y el 4,5 %, dependiendo del tipo de actividad económica.
El Ministerio de Hacienda explicó en el decreto que “el aumento de la autorretención en la fuente en el año gravable 2025 disminuiría el anticipo que deben liquidar y pagar los contribuyentes en el año gravable 2026”, lo que supone el recaudo adicional de unos 13 billones de pesos en este ejercicio fiscal.
Las actividades económicas que tendrán más autorretención en la fuente, con una tarifa de 4,5 %, serán: extracción de hulla (carbón de piedra), extracción de gas natural, extracción de oro y otros metales preciosos, generación de energía eléctrica, comercialización de energía eléctrica, producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; captación, tratamiento y distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales y recolección de desechos no peligrosos.
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Con tarifas de 3,5 %, les siguen las actividades de construcción de edificios residenciales, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, demolición, preparación del terreno, terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil, otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil, transporte fluvial de carga, transporte de pasajeros y de carga marítimo y de cabotaje, transporte de tuberías, transporte de carga por carretera, transporte férreo de pasajeros y de carga, entre otros.
También afecta otros sectores industriales como el textil, el automotriz, el alimentario, el farmacéutico, la construcción y las comunicaciones. Igualmente, la producción de cereales, arroz, hortalizas, tabaco, plantas textiles, frutas tropicales, plátano, café, caña de azúcar, flores, palma de aceite y especias, entre otros, así como la cría de ganado bovino, equinos, ovejas, cerdos, aves y otros animales.
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El Consejo Gremial Nacional (CGN), que agrupa a los principales gremios económicos del país y representa a sectores como la industria, el comercio, la banca y los servicios, se pronunció a través de un comunicado en el que solicita la revocatoria inmediata del decreto.
Según esta organización, la medida “impone una carga anticipada que impacta negativamente el crecimiento económico del país y afecta gravemente la liquidez de las empresas”.
“El país necesita decisiones responsables, diálogo real y un entorno regulatorio que respalde al sector productivo. No es con medidas improvisadas y de alto costo económico que se construyen condiciones para la sostenibilidad fiscal”, subrayó el CGN.
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La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) solicitó al Ministerio de Salud que gestione ante el Ministerio de Hacienda la exclusión del sector prestador de servicios de salud del decreto 552 de 2025, advirtiendo que los centros hospitalarios no cuentan con los recursos para cumplir con la nueva exigencia tributaria.
En una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la ACHC afirmó que el decreto, recientemente expedido por el Gobierno, impone cargas fiscales que resultan imposibles de asumir para muchas instituciones del sector, ya afectadas por una crítica situación financiera.
“El decreto 572 de 2025 recientemente expedido, al margen de los recaudos que se pretendan obtener, debe tener en cuenta que las IPS no tienen el flujo de caja ni la liquidez suficiente que les permita cumplir con el pago anticipado de las retenciones y del impuesto de renta ni el incremento en tarifa alguna”, señala la misiva.
El ex director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) Lisandro Junco, criticó este decreto, indicando que viene siendo “una reforma tributaria sin pasar por elCongreso”.
En ese sentido, sostuvo que la inflación alimentaria (componente clave del IPC) puede verse afectada indirectamente por el decreto debido a varios factores, y uno de los principales es el aumento de costos en el sector agrícola.
“Actividades como cultivo de frutas, cereales, y ganadería enfrentan una tarifa de 1,20 %, superior a la anterior en algunos casos. Esto reduce el flujo de caja de los productores, quienes podrían trasladar estos costos a los precios de alimentos básicos (arroz, plátano, carne)”, señaló el ex funcionario de la Dian.
La presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, afirmó que el decreto es “una reforma” fiscal que “da pan para hoy y hambre para mañana”.
“Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay país. El Decreto 0572 es una irresponsabilidad fiscal: desde el 1 de junio, el Gobierno aumenta la autorretención en la fuente, exprimiendo la caja de muchas empresas para tapar el hueco de este año, pero abriendo otro más grande para el siguiente”, expresó.
El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo señaló por su parte que el decreto es “una reforma tributaria encubierta que adelanta ingresos del 2026 al 2025 a costa del flujo de caja de las empresas”, pues “exprime su liquidez, las obliga a endeudarse y pone en riesgo el empleo”.
“Como si fuera poco, deja una bomba fiscal al próximo Gobierno (que asumirá en agosto de 2026) al anticipar recursos futuros en una mayor proporción” pues tras “el derroche de ingresos futuros” este año, “2026 nacerá con un hueco gigante en las finanzas públicas”, agregó Restrepo, que fue ministro durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022).
Lista de sectores afectados por aumento de tarifas de retención en la fuente
