Si hay algún sector de la sociedad mundial que ha sido puesto a prueba además de la salud por el COVID 19 son las tecnologías y telecomunicaciones.

El trabajo, educación y salud remotos, están en vilo no solo por la pandemia sino por la precaria infraestructura tecnológica y baja cobertura de internet, especialmente en países del tercer mundo.

Un breve repaso de la cobertura del internet, su velocidad y las telecomunicaciones, ubica a América Latina y el Caribe a la zaga del planeta.

En 2019 Cable.co.uk, New America’s Open Technology Institute y Google Open Source Research, presentaron el resultado de su estudio anual a través del cual se mide la velocidad global de acceso a internet, basado en la práctica de 163 millones de pruebas de velocidad de banda ancha en el mundo, los resultados para la región son más que desastrosos.

Entre 207 países, Uruguay ocupó el puesto 69 con 9.16 megabits de velocidad; seguida del puesto 76 Panamá con 8.09; del puesto 77 ocupado por Puerto Rico con 8.0; de 131 Colombia aparece con 3.48 y de último en América Latina, Venezuela en el puesto 183 con 1.37 megabits de velocidad.

A la vanguardia de ésta medición se encuentran: de primero en el mundo Taiwan con 85.02 megabits de velocidad; segundo Singapur con 70.86 y con 67.40 megabits Jersey en el tercer puesto, cierra el grupo de último Yemen, en el puesto 207, con solo 0.38 MBPS.

Según The State Of Mobile Network Experience, en cuanto a velocidad de descarga en celulares de tecnología 5G, Colombia a mayo de 2019, ocupaba entre 87 países, el puesto 67 con 10.00 Megabits de Velocidad, después de México con 14.9; Brasil con 13.0; Argentina con 12.8.

Por el contrario, Corea del Sur, ocupa el primer lugar con 52.4 Magabits, seguido de Noruega con 48.2 y de Canadá con 42.5. Los últimos lugares en América y el mundo, fueron ocupados por Irak en el puesto 87 con 1.6 y El Salvador, con 5.4 de velocidad, respectivamente.

Este sombrío panorama de infraestructura de internet nos invita a ser cautos al pretender hacer planteamientos tecnológicos de cara a los procesos electorales en América Latina.

Planteamientos como el de implementación del voto electrónico a secas pro  transparencia de los procesos electorales merece más que una sola mirada.

Se hace necesario por lo menos tener en cuenta las siguientes variables de análisis, para hacer una aproximación un poco más contextualizada que varía de país en país:

1.- Voto vía internet. Su cobertura, mixto con papel, auditoria, secreto, escrutinio público y auditoría.

2.- Electrificación. Cobertura y calidad del servicio.

3.- Democracia Digital. Identificación digital, redes, ciudadanía y partidos políticos.

4.- Educación: Cultura ciudadana en participación y electoral.

5.- Delito Electoral. Malas prácticas políticas y electorales, institucionales y ciudadanas; control y persecución del delito informático y digital electoral.

El anterior planteamiento en cuanto a procesos electorales electrónicos es común a todos los países del tercer mundo, caracterizados por la corrupción político-electoral; sistemas electorales poco confiables; normatividad obsoleta y dispersa; mala cobertura en electrificación y en servicio de internet; bajos niveles de cultura política electoral de la población; falta de partidos políticos; entre otros aspectos, que inciden directamente en la introducción tecnológica, por ejemplo del voto electrónico, como mecanismo de depuración de los procesos electorales.     

En Colombia según Documento Compes 3968 del 30 de agosto de 2019, se plantea que: la necesidad de promover un mayor acceso por parte de los hogares en Colombia al servicio de Internet está justificada en los beneficios económicos y sociales que resultan del uso de este servicio, referidos particularmente a incrementos en los niveles de productividad general de la población lo cual, a su vez, impacta los niveles de crecimiento de la economía y a reducciones en las asimetrías en la distribución del ingreso.

En virtud de lo anterior, la Ley 1341 de 20091 estableció el marco general para la formulación de las políticas públicas que rigen el sector de las TIC, y al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como entidad competente para diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector, con el fin de promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos.

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en el año 2018 solo el 52,7 % de los hogares tenían conexión a Internet para el total nacional, 63,1 % en las cabeceras municipales y 16,2 % en centros poblados y rural disperso, señalándose como principales barreras de acceso al servicio su elevado costo, y en centros poblados y rural disperso, la falta de cobertura del servicio.

De tal suerte, que considero es imperioso introducir cambios tecnológicos a los procesos electorales,  con base en las verdaderas realidades de la infraestructura del país, ampliar la cobertura de internet es vital como lo es el elevar la cultura político electoral ciudadana y responder a la necesidad de depuración de las malas prácticas electorales. Sin duda la tecnología es un buen medio para fortalecer la democracia, pasa por el voto electrónico o mixto, pero transita sin duda mucho más allá, se trata de la implementación de una verdadera política pública para el cambio del proceso electoral colombiano.