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Política

Coca: Regulación para evitar su daño

No habrá quien piense equivocadamente, al leer el título de esta columna, que se trata de la legalización del consumo de la cocaína, que lo que ocasionará es que la gente se pierda mas en el uso de cocaína, nada más alejado de la realidad de lo que pretende el proyecto de ley, presentado recientemente a iniciativa de los senadores: Iván Marulanda del Partido Alianza Verde, y Feliciano Valencia Medina del Movimiento Alternativo Indígena y Social MAIS, como una herramienta alternativa para la lucha del cultivo ilícito de la Hoja de Coca, iniciativa respaldada con la firma de 21 senadores de distintos partidos políticos.

Es un proyecto de ley que busca regular el mercado doméstico de la hoja de coca y de sus derivados psicoactivos (cocaína) y no psicoactivos (bebidas, alimentos, cosméticos a base de la hoja de coca).

Se concibió con un enfoque holístico que tiene en cuenta la salud pública, los Derechos Humanos, la reducción de riesgo y daños. El objetivo del proyecto es quitarle el control del mercado de la coca a las estructuras criminales y así reducir los daños asociados al narcotráfico (violencia, hacinamiento carcelario, corrupción, violación de los derechos de los cultivadores y de los consumidores, deforestación, desconfianza en el Estado, entre otros).

Consideran sus autores que la política prohibicionista no ha logrado obtener los resultados que se propuso el Estado cuando se adoptó varias décadas atrás. Los problemas de los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el consumo de drogas se han agudizado y sus consecuencias adversas son cada vez más destructivas e inmanejables para el Estado y la sociedad colombiana.

Con mucho arrojo sentencian que la mejor forma de prevenir el consumo y reducir los riesgos asociados al consumo de sustancias psicoactivas es reconociendo su existencia y adoptando políticas de salud pública para hacer frente a esta situación.

Adicionan en la exposición de motivos con base en estadísticas de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito y  El Departamento de Justicia Americano, que: prueba del fracaso del enfoque prohibicionista actual es que: A. El consumo de cocaína ha aumentado: en Estados Unidos, el consumo de cocaína pasó del 2,2% en el 2010 al 2.7% en el 2018. B. La cantidad de cocaína producida ha aumentado: el potencial de producción de cocaína de calidad de exportación pasó de 400 toneladas métricas en 2008 a 887 en 2018, un aumento de más del 120%. C. La pureza de la cocaína ha aumentado: en Estados Unidos el porcentaje de pureza pasó del 46.4% en el 2013 al 64.3% en el 2017. D. El precio de la cocaína se ha mantenido relativamente estable: entre el 2007 y el 2017, el precio al detal por gramo en Estados Unidos pasó de 82 a 96 dólares. E. La erradicación de cultivos solo los desplaza hacia otras regiones. Asimismo, los costos que se han invertido a lo largo de décadas para la erradicación de cultivos de coca no son proporcionales a los resultados obtenidos. Entre el 2005 y el 2014 se invirtieron 8,8 billones de pesos al año para la erradicación de cultivos de coca, más de cinco veces el presupuesto anual de todo el sector agricultura. Sin embargo, el número de hectáreas de coca cultivadas en el 2015 (90.000 hectáreas) era superior al número de hectáreas cultivadas en el 2005 (86.000 hectáreas).

Además, consideran, conforme a cifras oficiales de la Presidencia de la República, que asperjar una hectárea de coca cuesta 72 millones de pesos y para erradicar una hectárea, se deben asperjar cerca de 30 hectáreas.

Añaden a sus argumentos que: la guerra contra las drogas, ha tenido efectos devastadores para el país. Así lo ha establecido un sector de la academia, expertos en el tema de la lucha contra las drogas en el mundo, llegando a las siguientes conclusiones:

A. la Droga ha sido un factor de violencia. Se estima que en Colombia el narcotráfico causó la muerte de 3,800 personas en el 2008. B. Ha sido extremadamente costosa. Se estima que en los primeros 15 años de este siglo Colombia, con financiación parcial del Gobierno de Estados Unidos, ha invertido cerca de USD$1.200 millones por año para combatir la producción y tráfico de drogas y desarticular las organizaciones criminales vinculadas a este negocio. C. Deteriora el medioambiente. En el 2017, el 24% de las áreas deforestadas en el país se relacionó con cultivos de coca. En el 2018, había 7.844 hectáreas de cultivo de coca en Parques Nacionales Naturales del país. D. Afecta el territorio, la cultura y la pervivencia de los pueblos y comunidades étnicas. Las comunidades indígenas y afro que habitan las zonas productoras y los corredores de tránsito, sufren los impactos del tráfico ilícito y la desmesurada política antinarcóticos en todos los ámbitos de vida: se afecta la sostenibilidad alimentaria y el equilibrio ecológico del territorio, las redes criminales imponen poderes de facto en desmedro de la autonomía de las comunidades, y se incrementa la militarización y la violencia, lo que amenaza su existencia como sujetos colectivos. Además, la política antinarcóticos del país incrimina a los pueblos indígenas en cuyos resguardos hay plantaciones de coca, y estigmatiza una planta de profundo sentido ritual y cultural. E. Es una de las principales razones detrás del hacinamiento carcelario.:

Entonces el proyecto presenta como beneficios de regular la hoja de coca y sus derivados, la probabilidad de que la violencia, el cultivo en zonas protegidas y la infiltración del narcotráfico en la política y las instituciones disminuyan. Además: A. Se podrían mejorar las condiciones de vida en las zonas cocaleras sin que estas sigan expuestas a las amenazas de grupos armados. B. El Estado podría utilizar los recursos recaudados por un mercado regulado en la prevención y mitigación del daño asociado al consumo y en la investigación. C. Se reducirían las distorsiones causadas por los flujos financieros ilegales en la economía. D. Se recuperaría la confianza en el Estado en las zonas históricamente más afectadas por el narcotráfico. E. El Estado podría implementar las políticas necesarias para reducir y mitigar los daños asociados al consumo problemático de sustancias psicoactivas. F. La salud de los consumidores de drogas dejaría de estar en las manos de organizaciones criminales y pasaría a estar bajo el control y la supervisión del Estado. G. Se podría fomentar la comercialización de productos a base de hoja de coca, como tés, harinas y bebidas energizantes, cuyos ingresos beneficiarían directamente a las zonas productoras de hoja de coca. H. Se podría promover la investigación sobre las propiedades medicinales de la hoja de coca. I. Se podría salvaguardar adecuadamente el patrimonio cultural de los pueblos indígenas sobre la planta de coca y fomentar las economías comunitarias. J. Se reduciría el hacinamiento carcelario. K. Se podría tener una política exterior con una agenda más diversa y menos dependiente de los intereses de los gobiernos extranjeros. L. Se contribuiría a disminuir la deforestación.

El cultivo de la hoja de coca estará permitido siempre y cuando: A. Se encuentre en áreas con presencia de cultivos identificados en el Censo de Cultivos Ilícitos realizado en el 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito y estén fuera de Parques Nacionales Naturales. B. Se encuentre en resguardos indígenas. C. Pertenezca a campesinos, indígenas u organizaciones sin ánimo de lucro residentes en las áreas mencionadas anteriormente. La hoja de coca y sus derivados NO psicoactivos (tales como las bebidas y los alimentos) podrán ser producidos y comercializados en todo el territorio nacional, sin más condiciones que las establecidas comúnmente para el mismo tipo de artículos. Los cultivos de coca destinados al consumo propio o a usos tradicionales y ancestrales en los territorios de las comunidades indígenas, no son materia de regulación, pues competen a la autoridad indígena respectiva en ejercicio de su autogobierno. En cuanto a los derivados psicoactivos de la coca, como la cocaína, se establece que la compra de la hoja y su transformación estará bajo el control del Estado. Así, el Gobierno definirá un monto anual de hoja de coca que le comprará a los cultivadores para la posterior transformación y producción de cocaína.

Los colombianos tendremos que esperar el trámite legislativo de esta interesante iniciativa, que de ser aprobada debe articularse con una política multilateral, en razón a que el problema del tráfico de drogas tiene su fundamento en el delito transnacional, gravitando principalmente en la demanda y la oferta entre países productores y consumidores.

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