La destitución “express” de la presidenta interina del Perú no ha sorprendido a los observadores del régimen político del país vecino que en las últimas décadas mostró una inestabilidad política que preocupa a la región. De hecho, la señora Boluarte entró a ser la primera presidenta del país como consecuencia del frustrado “autogolpe” del presidente Castillo -uno de tantos outsiders en la política latinoamericana- que pretendió destituir al Congreso y literalmente le salió el “tiró por la culata”.

Boluarte no solamente demostró incapacidad para gobernar sino que perdió el control del orden público. No pudo comprobar su inocencia frente a cierto enriquecimiento con la ostentación de lujosos “Rolex” y además distraía tiempo del gobierno para hacerse cirugías estéticas. Pero la inestabilidad política viene de atrás.

Luego de las dictaduras militares que en las décadas de los sesenta y setenta padecieron los países de América del sur con las notables excepciones de Colombia y Venezuela, el Perú entró en una época de relativa estabilidad con el resurgimiento del APRA fundado por Haya de la Torre con el carismático político Alan García, gran orador y discípulo de aquel, quien con apenas 35 años demostró gran tino para manejar los problemas de su país.

En el año 90 el fantasma de la “anti política” eligió a Alberto Fujimori, hasta entonces un desconocido ingeniero agrónomo de ascendencia japonesa, quien alegando que no era político, podía enarbolar las banderas de la mano dura contra el grupo guerrillero Sendero Luminoso, cuyos actos terroristas desesperaban a la población, y de la lucha contra la corrupción. En lo primero tuvo éxito relativo pues físicamente “enjauló” a Abimael Guzmán y acabó con el terrorismo, pero como se demostró luego, con graves violaciones de los derechos humanos que años después le representaron una condena de más de veinte años de prisión.

En cuanto a la lucha contra la corrupción, terminó instaurando con su oscuro asesor, Vladimiro Montesinos, convertido en el hombre todo poderoso del gobierno, un régimen corrupto que “implosionó” cuando en video quedó la prueba de cómo se compraban a los congresistas por puestos burocráticos y dinero en efectivo. Ambos fueron a parar con sus huesos en la cárcel. ¡Y pensar que muchos dirigentes en nuestro país decían entonces que lo que se necesitaba era un Fujimori!

Respecto a Alan García, un socialdemócrata que pudo haber cambiado el país, lamentablemente terminó involucrado en el escándalo de Odebrecht, lo que lo llevó a suicidarse cuando iba a ser detenido. Un sistema constitucional que con una gran “flexibilidad” permite des-investir presidentes, decretando la “vacancia moral” llevó a que, en la última década, los peruanos tuvieran muchos presidentes de corta duración. Claro está, no todas esas destituciones fueron por mero capricho político. Basta pensar en las que se dieron por la corrupción de Odebrecht.

Pero ese sistema al igual que lo que ocurre con algunas modalidades del régimen parlamentario, conduce a dañinas inestabilidades políticas, como en la Francia de la tercera y cuarta República anterior a De Gaulle, o en la Italia de la post guerra.

El otro extremo es el de Colombia donde desde 1886 hasta hoy tenemos un procedimiento para procesar a los presidentes, infortunadamente extendido también en la Constitución del 91 a los magistrados de las altas Cortes y al fiscal general, que en la práctica los hace política y judicialmente irresponsables. Por menos de lo ocurrido en estos años en el Perú -y en cierta forma en el Ecuador con Bucaram- en nuestra historia, se han dado motivos por los cuales se hubiera podido “des-investir” a algunos jefes de Estado. Parte del bloqueo de la democracia en Colombia radica en que aquí es prácticamente imposible llevar, como se decía en el siglo XIX, a las “barras del Senado” a un presidente.

Un solo ejemplo, Castillo decretó el cierre del Congreso en el Perú, pero como no se tomó las instalaciones, el revocado fue él. Ospina Pérez, el 9 de noviembre del 49, cerró el Congreso, militarizó el capitolio, y por eso los despedidos fueron los congresistas y duramos casi diez años sin poder legislativo.

En conclusión: Los peruanos deben modificar su sistema para hacerlo más rígido y nosotros reformarlo para que no sea tan flexible que conduzca a la impunidad. Alguna fórmula aparecerá.

@gomezmendeza