Uno de los valores más importantes en las democracias es la legitimidad de sus instituciones. El concepto de legitimidad es legalidad más transparencia, esto quiere decir que las actuaciones de los funcionarios públicos deben estar apegadas a la ley y transparentes ante la opinión pública.

El reciente escándalo del Ejército, que ya no sólo es por temas de corrupción sino también por cuestiones de persecución política y violación a la libertad de prensa, afecta la legitimidad de la institución. La excelente investigación de la Revista Semana deja muchas preocupaciones, interrogantes y reflexiones, y aquí menciono algunas de ellas. Primero, es claro que las instituciones de seguridad del Estado aún trabajan y piensan con las lógicas de la guerra fría y del “enemigo interno”, doctrina que fue el eje de las dictaduras militares del cono sur y que actualmente la ejecuta la dictadura de Maduro contra la oposición. Este concepto gradúa de enemigo y amenaza a toda persona o entidad que cuestione, critique o incomode las decisiones del gobierno o de algún funcionario del mismo.

Segundo, producto del conflicto armado y el mundo bipolar de la guerra fría, las instituciones de seguridad en Colombia asumieron una posición ideológica marcada, hecho que es una grave amenaza para la democracia porque las instituciones están diseñadas para servir al público independientemente de su condición sexual, etnia o posición política, razón por la cual los funcionarios que las componen deben ajustarse a la ley independiente de su postura o pensamiento, hecho que claramente en Colombia no se da, y lo que vivimos -al mejor estilo venezolano- es que los organismos de seguridad se pusieron una camiseta ideológica e instrumentalizaron bienes públicos para sus intereses políticos y personales.

Tercero, los perfiles de los chuzados son los mismos que vienen desde las chuzadas del DAS, es decir políticos de la oposición, defensores de derechos humanos, ONGs, sindicalistas, magistrados, etc. Cuarto, este problema no es nuevo, recordemos el caso Andrómeda en el que se perseguía a los negociadores del proceso de paz. Esto quiere decir que los seguimientos ilegales no son asuntos coyunturales ni se podrían reducir a unas pocas manzanas podridas, sino que hacen parte de un problema estructural, cuya solución no se debería limitar a unas destituciones sino a una revisión en la doctrina.

Ahora, las preguntas que están sobre la mesa son: ¿quién dio la orden?, ¿qué hacen con esa información?, ¿a quién le interesa esa información?. El Das nos mostró que generalmente esa información la utilizan para cinco acciones: hacer campañas de desprestigio (actividad que, según la investigación de Semana, ya estaba realizando), montajes judiciales, chantajes, amenazas, y para atentar contra la vida sus objetivos, sus familias o sus fuentes. Esperemos respuestas contundentes pues, como dijo el General Luis Fernando Navarro en su entrevista con María Jimena Duzan, “aquí hay una clara violación a protocolos, a principios, a valores y contrarios a la ley de inteligencia, eso es un hecho”. Ojalá que los valores de los que habla el general no sigan siendo mancillados por fanáticos ideológicos que todavía viven en la guerra fría, ya que los que chuzan, persiguen y amenazan son los que están atacando la constitución y el orden legal. Tengamos claro que cuando se ideologizan las instituciones es el fin de la democracia.