El ultimátum es una amenaza extorsiva, y eso es el comunicado del ELN del 6 de agosto, y el del 3, a horas del fin del cese al fuego; una extorsión para presionar la reanudación de los diálogos congelados por ese Grupo Armado Organizado (GAO).

¿Qué exigen? Que el Gobierno, por decreto, lo saque de la lista de lo que es, un GAO, para igualarse a la Fuerza Pública, legitimar su violencia y encarar a la UE, que, a pesar de la solicitud colombiana, aún lo tiene en su lista de terroristas.

Los GAO están definidos en el Artículo 1 del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, (1977), aprobado por Colombia en la Ley 171/94 y aceptado por el ELN como “marco de referencia común” para el cese al fuego suscrito en el Acuerdo 10/23. Por tanto, el Gobierno no puede desbordar la estructura jurídica, en la que un decreto no mata ley, ni Constitución ni Acuerdos Internacionales.

El plazo: 23 de agosto. La amenaza: la misma de las Farc para extorsionar al presidente del Nobel; la Ley del terror: muerte, extorsión, secuestro, reclutamiento y control territorial para proteger las rentas ilícitas que pagan la violencia.

Esa amenaza extorsiva hoy tiene nombre: Cese al Fuego. Si el Gobierno cumple, habrá reunión extraordinaria; si no cumple, pues no la habrá, con todas sus consecuencias; una estrategia para terminar culpando al Gobierno.

Por ello conviene entender el cese al fuego, desde su artículo 1, que adopta como marco de referencia el DIH, es decir, la protección de la población; y su artículo 2, que obliga a la Fuerza Pública y al ELN a suspender acciones ofensivas y limitarse a las defensivas, sin menoscabo del deber de la Fuerza Pública de proteger a la sociedad en todo tiempo y lugar.

Pero… ¿Quién juzga los incumplimientos, en términos de combate o de hostigamiento a la población? El Mecanismo de Monitoreo y Verificación, MMV, creado por el Acuerdo con participación del Gobierno, el ELN, la Iglesia y la ONU; aunque el ELN lo bloqueó con su ausencia desde octubre de 2023, con más de 200 casos de posibles incumplimientos, sobre los cuales no se puede pronunciar el MMV sin romper la bilateralidad.

En la realidad de los territorios no ha habido cese al fuego; basta ver las noticias. Al contrario, el ELN sigue reclutando, entrenando y armando efectivos. Para qué, si se supone que lo obliga el artículo 11 del Acuerdo, según el cual “En todo momento debe tenerse presente que las partes actuarán bajo el marco de un proceso de paz”.

Lo dicho: sin verificación no hay cese al fuego, hoy un argumento fácil para enredar el proceso, culpar al Gobierno y extorsionarlo con ultimátums inaceptables.

¿El ultimátum del ELN… es al Gobierno, al país…, a la paz? Amanecerá y veremos.