En el panorama judicial actual, la labor de la defensa penal enfrenta una presión muy preocupante. Cada vez más, los actos propios de la defensa se están etiquetando como maniobras dilatorias, especialmente bajo la presión de la Fiscalía. Esta tendencia preocupante no solo socava los derechos fundamentales de los ciudadanos acusados, sino que también pone en peligro la integridad profesional de los defensores.

Uno de los principios fundamentales del derecho es garantizar que toda persona tenga una defensa adecuada y justa. Sin embargo, en la práctica, los mecanismos legales disponibles para la defensa, como la interposición de nulidades y los conflictos de competencia, se consideran frecuentemente como maniobras dilatorias.

Esta percepción errónea, impulsada por la presión para acelerar los procedimientos judiciales, ha llevado a un escenario donde los defensores nos vemos limitados en nuestra capacidad para ejercer su labor de manera efectiva.

La realidad es que muchos de estos actos, lejos de ser meras estrategias dilatorias, son esenciales para garantizar un juicio justo. Las nulidades, por ejemplo, son instrumentos cruciales para corregir vicios procesales que pueden afectar gravemente los derechos del acusado. Sin embargo, es alarmante observar cómo, en muchas ocasiones, estas nulidades son sistemáticamente rechazadas en sede de apelación, acompañadas incluso de una compulsa de copias disciplinarias contra el defensor. Este último acto, más allá de ser una medida disuasoria, parece ser un intento de intimidación que pone en riesgo la tarjeta profesional del abogado defensor.

Es esencial reconocer que la defensa penal no es un obstáculo para la justicia, sino un pilar fundamental de la misma. Un sistema judicial que no permite a los defensores ejercer su trabajo libremente y con los recursos que la misma ley dispone está fallando en su misión de proteger los derechos de todos los ciudadanos.

Cuando los defensores se ven obligados a limitar sus acciones por miedo a represalias, la balanza de la justicia se inclina peligrosamente hacia un lado, poniendo en riesgo la equidad del proceso penal.

En este contexto, es importante que reflexionemos sobre la importancia de una defensa robusta y sin restricciones indebidas. La justicia no debe ser una carrera contra el reloj, con el fin de evitar libertades por vencimientos de términos o prescripciones, sino un proceso minucioso y equitativo que respete los derechos de todas las partes involucradas, incluyendo las del procesado que tanto se olvidan. Solo así se podrá garantizar que la justicia no solo sea rápida, sino también justa y efectiva. Si lo que queremos es agilidad, la misma no debe ser aplicada en los derechos del procesado, sino en los preacuerdos, principios de oportunidades y mecanismos de justicia restaurativa.

Es hora de evaluar las prácticas actuales y reafirmar el compromiso con los principios fundamentales del derecho y las garantías fundamentales. La defensa penal no debe ser vista como una amenaza, sino como una garantía esencial de un sistema judicial