En Colombia así como en los demás sistemas judiciales del mundo, el derecho evoluciona día tras día y los operadores judiciales tienen el deber de avanzar a la vanguardia de la evolución humana misma. Sin embargo, ello no puede resultar en que bajo el ropaje de un supuesto desarrollo jurisprudencial se legisle desde el poder judicial en absoluto desconocimiento de los derechos de los procesados e, incluso, en total contravía del principio de legalidad.
Principio este que evoca la necesidad de que las leyes estén consagradas en un cuerpo normativo para que las mismas sean exigibles, pero, primordialmente, que aquellos parámetros provengan del órgano que ostenta la función legislativa y en Colombia no es otro distinto al Congreso de la República.
Año tras año aumenta la preocupación de quienes nos dedicamos a la defensa acérrima de los Derechos Humanos y Fundamentales de aquellos que se enfrentan a procesos penales, especialmente, porque cada vez se ha normalizado la indudable injerencia de la rama judicial en lo que respecta a la rama legislativa que, además, cada vez desconoce más flagrantemente los derechos y garantías mínimas y fundamentales de quienes ostentan la calidad de investigados y procesados.
Recientemente, hemos sido testigos de cómo ha sido transgredido dicho principio de legalidad, el cual es un pilar fundamental del proceso penal, ya que no han sido pocas las figuras que por vía jurisprudencial se ha permitido su uso en procesos penales sin que las mismas estén debidamente contempladas por el legislador.
El ejemplo más claro de ello, es la aplicación de la figura del testimonio adjunto sobre la cual brilla por su ausencia la regulación debida por parte del Congreso de la República pero, en su lugar, se tienen decisiones judiciales del más alto órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en las cuales incluso se fijan requisitos de procedibilidad. Lo más preocupante es que estas decisiones han venido siendo acogidas cada vez con mayor fuerza por los jueces penales del circuito, municipales así como por los mismos Tribunales Superiores de los diferentes distritos judiciales.
No podemos tampoco dejar de lado la más reciente postura jurisprudencial en lo que concierne a la posibilidad de iniciar el juicio oral aún si el superior jerárquico no ha resuelto sobre la apelación frente a la inadmisión probatoria de primera instancia, cambiando de esta manera el efecto suspensivo que ha de caracterizar el recurso de apelación frente a este tipo de decisiones.
Siendo el testimonio adjunto y el efecto en el que se concede el recurso de apelación contra el auto que niega pruebas a las partes los más vivos ejemplos de esta circunstancia cada vez más preocupante, se tiene entonces que no podemos hablar de desarrollo jurisprudencial porque eso no es lo que está saliendo de las altas cortes ni de los operadores judiciales en general.
A lo que está sucediendo no se le puede tildar de otra manera distinta al desplazamiento de las funciones legislativas a la rama judicial; asunto aquel que además de controversial, cubre con un negro manto de involución las luchas diarias que se dan en los estrados judiciales en las que se propende por garantizar cada vez más los derechos de los procesados e, incluso, de las mismas víctimas.
Es entonces innegable el hecho que se está legislando vía judicial en contravía de los derechos fundamentales que garantiza nuestra Constitución Política, los principios rectores del proceso penal, de la protección a los derechos humanos que traen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, permitiéndole a los operadores judiciales en todos los niveles que moldeen estos derechos a su antojo y olvidándose de lo que fue dispuesto en el ordenamiento jurídico por quienes sí tienen la facultad de hacerlo.
No podemos ser aquiescentes con esta situación y, en su lugar, no sólo quienes defendemos derechos y garantías de los procesados sino todas las partes y extremos procesales que convergen en un proceso penal debemos seguir trabajando para que las garantías y derechos fundamentales sean el faro, de manera que se tenga una verdadera justicia para todos.
