Justo en marzo de este año, el presidente Gustavo Petro planteó, durante un acto público en Cali, convocar una Asamblea Nacional Constituyente si el Congreso no aprueba sus reformas, argumentando que el pueblo, como constituyente primario, así lo desea. Este planteamiento, que aumenta la presión sobre el Congreso, parece encaminado a imponer sus reformas a toda costa, al mejor estilo dictatorial. Entre las muchas preocupaciones que esto nos podría generar, tenemos que incluso en caso de convocarse una constituyente, el Congreso podría ser suspendido temporalmente, tal como ocurrió en 1991.
Estas declaraciones han venido tomando más fuerza desde que el Ministro Juan Fernando Cristo, confirmó que el Gobierno nacional sí buscará una Asamblea Nacional Constituyente, algo que por supuesto ha sido objeto de rechazos y críticas. Pero no rechazos de cualquier envergadura, hasta el presidente de la Corte Constitucional criticó esta intención. El magistrado Reyes Cuartas, expresó su preocupación y vale la pena que citemos dos frases de su discurso: “Me pregunto cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991”. Adicionalmente, también resaltó que la Constitución Política “no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés, debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades”.
Adicionalmente, el Presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, indicó que la Carta Magna es suficiente para regir los destinos del país y salvaguardar los derechos de los colombianos. “Colombia no necesita de otros instrumentos, esta Constitución es suficiente para el ejercicio de los derechos y la consolidación de una democracia participativa. Con esto podemos evidenciar que oponernos a una constituyente no es caprichoso, ni de mera oposición.
Los temas propuestos por Petro, como la “garantía inmediata al derecho universal a la educación, la salud y las pensiones”, ya están contemplados en la actual Constitución. ¿Cuál es la necesidad de reformar algo que ya está establecido? Lo mismo ocurre con la propuesta de “la verdad judicial y el perdón social para una paz definitiva”, que se presenta como una solución al largo conflicto colombiano, pero podría traer más incertidumbre en vez de estabilidad.
La Constitución de 1991 fue un hito en la historia de Colombia, representando un consenso nacional para la construcción de un futuro más democrático y equitativo. Sin embargo, la insistencia en convocar una nueva Asamblea Constituyente parece más un intento de concentrar poder que de resolver los problemas del país. La constitución vigente ofrece los mecanismos necesarios para garantizar los derechos y promover la paz. El reto está en implementarla efectivamente y no en buscar cambiarla constantemente según los intereses políticos.
