Entre los miles de problemas que tiene actualmente el presidente Duque entre sus temas pendientes, uno crucial que con razón lo incomoda mucho, es la recuperación del anticipo de los 70 mil millones de pesos que MinTic le entregó a la unión temporal Centros Poblados. No basta con salir a respaldar a la ministra que es de su más cercano entorno político, porque eso no hace aparecer unos inmensos recursos que el país no tolerará que simplemente se desaparezcan en manos de contratistas que deben responder ante la ley. Pero tan poco son suficientes los elogios del presidente sobre las cualidades personales de la ministra Karen Abudinen porque sencillamente no van a ocultar algo innegable. Aun dándole el beneficio de la duda a la ministra, lo que es innegable es que por lo menos se dejó engañar, lo cual para un funcionario público no tiene ninguna justificación alguna porque tenía en sus manos la posibilidad de ejercer todos los controles para que esto no le pasara. 

Debe aclararse que el hecho de haber hecho la denuncia, aunque esto no es evidente porque quien prendió la alarma desde hace meses fue una periodista, tampoco la libera de la inmensa responsabilidad de haber otorgado a este contratista, semejante cantidad de recursos con evidentes fallas en el proceso de su selección. La actitud defensiva del gobierno en vez de ayudar a aclarar una situación para que el proceso de responsabilidades sea transparente, lo que está incentivando es que la investigación en vez de hacerla los entes de control la están haciendo periodistas independientes. Con nombres de personas con prontuarios como responsables de esta unión temporal, el debate está llegando a niveles que le complican mucho la situación al gobierno y obviamente a la ministra. 

Por el bien del país, porque de esta dimensión es este escándalo, no basta con la caducidad del contrato. Se requiere que se aclare cómo y por que se realizó semejante adefesio de contratación. También es impostergable que la ministra asuma la responsabilidad que tiene para que no pase lo de siempre: el costo de tamaño error cae sobre funcionarios de bajo perfil y se cree que con meterlos a la cárcel ya se resolvió la situación. La dimensión de este escándalo no permitirá la solución de siempre en la que salvan a las cabezas y sacrifican a quienes no tienen poder. Pero lo que sí es ineludible es que se recuperen los 70 mil millones de pesos, lo que sinceramente no se ve nada fácil. 

Si ninguna de estas tres cosas sucede, no hay forma de que el gobierno, el presidente Duque y la ministra Abudinen, se salven del costo de haber generado las condiciones para que en semejante situación del país y de su gente, se pierdan recursos públicos, es decir de todos los colombianos. En eso no se puede equivocar el gobierno y menos aún el señor presidente Duque.  

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