La discusión económica de la próxima elección presidencial girará en torno a la seguridad, el empleo y la corrupción. Sin embargo, existe una realidad menos visible pero determinante: el próximo mandatario heredará una restricción fiscal sin precedentes que limitará su margen de maniobra. El principal desafío no será gobernar un país con enormes deudas sociales, sino hacerlo con unas finanzas públicas profundamente tensionadas.

Durante décadas, Colombia cimentó su reputación global en la disciplina macroeconómica. La existencia de reglas claras, la capacidad histórica de honrar compromisos financieros y la confianza de los mercados permitieron acceder a financiamiento más económico y sostener la inversión. Hoy, esa credibilidad enfrenta su momento más complejo.

Las cifras explican la magnitud del problema. El déficit fiscal total del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en un preocupante 6,1% del PIB, mientras que el déficit primario, que excluye el pago de intereses, alcanzó cerca del 3,1% del PIB. Esta diferencia es fundamental: el déficit primario evidencia que, incluso antes de pagar un solo peso de sus deudas pasadas, el Estado gasta considerablemente más de lo que recauda.

La consecuencia de este desbalance es inevitable: más endeudamiento y mayores costos de financiamiento. Cuando los mercados perciben un deterioro sostenido de las cuentas fiscales, exigen mayores tasas de interés para prestar dinero. Así, el Estado termina destinando una porción creciente de sus ingresos al servicio de la deuda, asfixiando la inversión en infraestructura, educación, salud o seguridad.

Este deterioro también aviva el riesgo sobre la percepción internacional del país. El debilitamiento de la confianza no es una discusión abstracta para analistas; representa costos concretos que se trasladan a toda la economía mediante menor crecimiento y condiciones crediticias restrictivas. Al final, unas finanzas públicas debilitadas golpean directamente el bolsillo de los hogares. Cuando el espacio fiscal desaparece, las alternativas se reducen a tres caminos dolorosos: mayores impuestos, recortes a la inversión pública o más deuda para las próximas generaciones.

El próximo presidente heredará algo más complejo que un desequilibrio contable. Recibirá la urgencia de reconstruir la confianza económica de la nación. Sin credibilidad fiscal, las mejores promesas de campaña encontrarán, muy rápido, su límite.

* Directora ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla

@KeliPuche