Hay señales que, por pequeñas que parezcan, revelan problemas de fondo. Que un candidato presidencial pretenda condicionar su asistencia a un debate, decidiendo quién puede participar y bajo qué reglas, no es un simple desacuerdo logístico: es un síntoma preocupante de una democracia que empieza a deformarse.

En Colombia, donde la institucionalidad democrática ha sido defendida con enormes sacrificios, resulta inaceptable que se intente moldear el escenario público a conveniencia.

El debate no es propiedad de los candidatos; es un derecho de los ciudadanos. Es allí donde se contrastan ideas, se evalúan trayectorias y se mide la capacidad de liderazgo. Limitarlo o manipularlo equivale a amputar una parte esencial del proceso democrático.

La libertad de expresión no puede convertirse en una excusa para la exclusión. En un Estado de derecho, cada persona responde individualmente por lo que dice. Si hay injuria o calumnia, existen mecanismos legales para sancionarlas. Lo que no es admisible es que, bajo el argumento del riesgo reputacional, se pretenda vetar a otros actores políticos. Ese camino conduce a una democracia de micrófono selectivo, donde solo hablan quienes resultan cómodos.

Más grave aún es el impacto que esto tiene sobre los candidatos que compiten en condiciones desiguales. Aquellos que no cuentan con maquinarias robustas ni con financiamiento abundante dependen casi exclusivamente de la visibilidad que ofrecen estos espacios.

Sacarlos del escenario o reducir su participación no es un daño menor: es, en la práctica, negarles la posibilidad de existir políticamente ante la opinión pública.

En ese contexto, el caso de Sergio Fajardo resulta ilustrativo. Se trata de un candidato con trayectoria académica, experiencia administrativa y una línea discursiva coherente, que ha optado por un camino difícil: hacer política sin estridencias, sin populismo y sin promesas inviables. Ha participado de manera disciplinada en varios procesos electorales, respetando las reglas y defendiendo el debate como herramienta fundamental.

Sin embargo, ese mismo perfil lo ha convertido en blanco de estrategias que poco tienen que ver con la confrontación de ideas. Basta recordar lo que señaló Isabel Zuleta sobre maniobras políticas que afectaron campañas anteriores, en las que figuras como Fajardo y otros candidatos fueron objeto de ataques coordinados. Cuando la política se convierte en un campo de maniobras oscuras, pierde la ciudadanía.

La historia reciente también ofrece ejemplos de lo que significa competir limpiamente en un sistema desigual. Humberto de la Calle lideró una campaña seria, técnica y respetuosa, pero terminó enfrentando dificultades económicas tras las elecciones, al punto de tener que recurrir a apoyos personales para cumplir compromisos financieros. Ese precedente debería generar reflexión: la democracia no puede ser un lujo reservado para quienes tienen mayor capacidad económica o respaldo estructural.

Fajardo ha tomado una decisión que, aunque coherente, evidencia la precariedad del sistema: cancelar publicidad tradicional y volcarse a las redes sociales, apelando a pequeñas donaciones ciudadanas. Es una apuesta por la transparencia y la participación, pero también un reflejo de las limitaciones que enfrentan quienes no juegan con las mismas cartas.

A esto se suma el desgaste físico y logístico. Viajar en vuelos comerciales con retrasos frecuentes, cumplir agendas extenuantes y enfrentar situaciones que afectan la percepción pública, como llegar tarde a eventos o ser captado en momentos de agotamiento, no debería ser un factor determinante en una contienda presidencial. Sin embargo, lo es, porque la forma termina pesando tanto como el fondo en una competencia desigual.

El problema de fondo no es un candidato ni un episodio aislado.

Es la normalización de prácticas que distorsionan el juego democrático. Hoy se condiciona un debate; mañana se justificará la exclusión total. Hoy se limita la participación; mañana se definirá quién tiene derecho a existir políticamente.

El mensaje para las nuevas generaciones es devastador: que el poder no se alcanza con ideas, preparación o integridad, sino con capacidad de imponer condiciones. Que la ética es un obstáculo, no un valor. Que la democracia es negociable.

Si eso se consolida, lo que quedará no será una democracia imperfecta como casi todas, sino además una democracia amputada: funcional en apariencia, pero vacía en esencia. Y recuperar lo que se pierde por complacencia suele ser mucho más difícil que defenderlo a tiempo.

@BillyHe42512041