Las revelaciones de Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo de Adaptación y quien fuera mano derecha del presidente Gustavo Petro, dejan una vez más en entredicho a un gobierno que acumula más escándalos que logros y que ha sumido al país en una suerte de anestesia colectiva ante tantas acusaciones de corrupción que no terminan de desentrañarse ni por la Fiscalía ni por los entes de control. Cada día surge un nuevo escándalo, una nueva denuncia en el círculo más cercano del gobierno, un nuevo hecho que opaca ante la opinión pública la gravedad o la relevancia del anterior. Todo esto ocurre en un país donde el candidato del partido de gobierno, Iván Cepeda, sigue repuntando en las encuestas, y tras unas elecciones al Congreso en las que el Pacto Histórico superó su votación de 2022.
Es difícil, por supuesto, aceptar que nada parece afectar a este gobierno: ni sus escándalos, ni sus llamados a debilitar la institucionalidad, ni sus disputas internas que le cuestan caro al país, ni sus medidas populistas que van en contravía de la economía. A pesar de todo ello, ni la favorabilidad del presidente ni la imagen de buena parte del Pacto Histórico parecen resentirse, como si en este país fragmentado, acostumbrado a la corrupción y marcado por heridas profundas, pesara más el discurso y la emoción que la realidad concreta que atraviesa al gobierno de principio a fin.
En este contexto de profunda desconexión entre una parte del país y lo que debería ser la ética pública y el mínimo control político, se está sentando un precedente sumamente riesgoso para la democracia y para toda la institucionalidad: se les está dando vía libre a los políticos para hacer y deshacer a su antojo, sin ningún apego a la ley y sin que ello conlleve un verdadero castigo o una responsabilidad política efectiva en las urnas.
La realidad es que al presidente le ha funcionado la estrategia del discurso de exoneración, según el cual todos los funcionarios —nombrados directamente por él— son los únicos responsables de lo que sale mal, mientras él no asume ni reconoce responsabilidad alguna por las actuaciones del gobierno que él mismo ha conformado. Recientemente, y en línea con lo que ha hecho en sus consejos de ministros televisados, sostuvo en Barcelona que el mayor error de su gobierno fue haber nombrado “un poco de gente que no servía”. Sin embargo, no solo nombrar personas sin la idoneidad requerida para un cargo entraña una gran responsabilidad política: también lo es mantenerlas en sus puestos o trasladarlas a otros de igual relevancia cuando ya se ha demostrado su falta de transparencia o de competencia para ejercer funciones públicas.
La gravedad de lo que vive Colombia no debe minimizarse. Aunque resulta difícil seguirle el hilo a todos los escándalos y acusaciones que rodean a este gobierno, el país necesita madurar políticamente y comprender que la democracia es lo único que nos permitirá avanzar en medio de tantas crisis.
@tatidangond
