El intento de concentrar a los principales cabecillas del crimen organizado en Barranquilla no es un hecho fortuito, obedece a la calculada lógica de capitalizar apoyos de grupos ilegales en las zonas donde ejercen coacción, para la época electoral. De eso no hay duda. Sin embargo, los peligros que entraña esta pretensión son críticos, al acercar los cabecillas a sus áreas históricas de influencia delictiva, con el pretexto de “facilitar” los diálogos y supuestamente así, reducir la violencia. Tamaño engaño.
Lo que intentó replicarse en Barranquilla sigue el mismo libreto de lo ocurrido con los cabecillas de los grupos criminales del Valle de Aburrá, a quienes sacaron de la cárcel para realizar el “tarimazo” en pleno corazón político-administrativo de Medellín, burlando las miles de víctimas que han dejado durante décadas. Este esquema de “pactar con el diablo”, propio de la fracasada paz total, nunca termina bien y crea condiciones que reproducen más violencia, mientras se dialoga sin reglas jurídicas claras, ni transparencia ante el país.
Trasladar las “cabezas” de estos grupos ilegales al lado de su “músculo” territorial, lo que irremediablemente genera es un mayor mando y control del crimen en la ciudad. Aquí hay una doble intención política: por una parte otorgar concesiones para avanzar en una “paz express” y legitimarla a escasos meses de finalizar el gobierno, pero también, la de acumular votos y respaldo al proyecto político que les conviene, el de la impunidad. No podemos ser ingenuos.
Esta intención ha encontrado una valiente resistencia en las autoridades locales y la comunidad barranquillera, quienes en los últimos años han sufrido en carne propia la acción de estas bandas. La Alcaldía Distrital y la Policía lideran un importante esfuerzo pero en solitario, sin recibir apoyo alguno del gobierno para contener el homicidio, que registra un aumento del 28% desde 2022, al pasar de 333 hechos a 429 en 2025. Es un deber ciudadano respaldar sus acciones.
En prospectiva, Barranquilla puede enfrentar una paradoja: una ficticia reducción de la violencia por pactos entre bandas, pero también un aumento exponencial de economías subterráneas del narcotráfico y de la extorsión a mayor escala.
La seguridad no se negocia en celdas con privilegios, exige una estrategia con tres enfoques: un bloque político y de opinión que rechace cualquier intento de negociar en el territorio, revictimiza la población y fortalece el crimen; un modelo de acción judicial conjunta: burbujas con fiscales, equipos de tareas especiales y jueces itinerantes enfocados en las finanzas de estos grupos, que sí los debilita; y finalmente la decisión unánime de rechazar cualquier proyecto político que abrigue impunidad y por ende inseguridad. Hoy la Puerta de oro brilla, no dejemos que se opaque por la falsa paz.
PhD - Consultor e Investigador asociado Leiden University
