Desde el Palacio de Nariño repiten un mensaje como si fuera un mantra “bajaron los homicidios”. Y puede que la cifra, cómo número asilado, sea cierta. Pero aquí en Barranquilla esa frase suena ajena, lejana, casi ofensiva. Porque mientras el Gobierno defiende su relato numérico, la gente vive otra realidad: extorsión en cada esquina, robos cotidianos, miedo permanente y bandas criminales que en vez de debilitarse, se fortalecen.

Aquí no se necesitan informes para entenderlo; basta con caminar por las calles. Para vender arepas en un puesto hay que pagar extorsión. En algunos barrios hay horas en las que ya no se puede pasar. El celular se esconde, la denuncia no se pone y el silencio es una estrategia para sobrevivir. Ese miedo no aparece en las estadísticas, pero es el que manda.

Sí, los homicidios bajaron, pero la verdadera incógnita es por qué. Y la respuesta quedó en evidencia con el intento de traslado de los jefes de esas bandas criminales, tan grave como revelador. Ellos pidieron el traslado: para estar más cómodos, más cerca de su base, más conectados con su territorio. Y el Gobierno estuvo dispuesto a concederlo porque sabe que esa reducción de homicidios no nace del control del Estado, sino de acuerdos frágiles con quienes manejan la violencia.

La llave de la delincuencia no la tiene hoy el Estado. La tienen ellos. Deciden cuándo apretar y cuándo aflojar. Matan menos cuando el proceso avanza. Presionan cuando sienten que algo se les sale de las manos. Y el Gobierno, atrapado en la necesidad de sostener su relato, no se atreve a romper ese equilibrio artificial.

Por eso fue clave que la ciudad reaccionara, y menos mal el alcalde Alejandro Char lideró el freno a esa decisión. No desde la ideología, sino desde la calle; desde lo que sabe quién gobierna una ciudad real y no una hoja de Excel. Porque más allá de las cifras “prestadas” por la delincuencia, está lo que sienten los ciudadanos todos los días. Y eso no se negocia.

Creer que la seguridad se mide solo en números es el mayor error de este Gobierno. Porque esas cifras no son producto de autoridad, sino de concesiones. No son reales. Son prestadas. Y como todo lo prestado, se puede perder en cualquier momento. Lo del traslado lo demostró: el ritmo de esta paz falaz no lo impone el Estado, lo imponen los delincuentes. Y cuando eso pasa, no hay paz: hay sometimiento silencioso.

Solo los estúpidos no cambian de opinión. Y creerle más a unas cifras que a la gente es una forma peligrosa de ceguera política. Todavía hay tiempo, aunque queden seis meses, para cambiar de rumbo. Para quitarle el poder a quienes hoy administran el miedo. Para volver a poner al ciudadano en el centro. Porque defender la paz no puede significar abandonar a la gente. Y ningún número, por bonito que suene, puede esconder la realidad diaria de un país donde la delincuencia se tomó los barrios patrocinada por una paz mal entendida.