Al decir de José Manuel Marroquín en su poema La Perrilla, “es flaca sobremanera toda humana previsión, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera”.

Pues bien, contra todo pronóstico, el presidente Gustavo Petro, mediante el Decreto 1469, expedido el pasado 29 de diciembre, reajustó el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 el 23,8 %, el máximo desde 1993 que fue del 25 %, superando con creces el rango en el que se movieron las propuestas de los empleadores, del 7,21 % y de las centrales obreras, del 16 %.

Se fijó entonces para ello, adujo el presidente Petro, que “el salario mínimo vital debe ser un salario vital familiar, que permita vivir con dignidad y no solo sobrevivir”.

El salario mínimo para el 2026 se fijó en $1.774.682, al cual se le viene a sumar el auxilio de transporte, de $253.118, para un consolidado de $2.000.000. No obstante, cuando se le suman los desembolsos que debe hacer el empleador por concepto de seguridad social y prestaciones sociales se eleva hasta los $2.975.614.

Desde luego, el salario mínimo debe crecer, como mínimo, en línea con la inflación causada, para evitar la pérdida del poder adquisitivo. Pero su incremento real solo es sostenible cuando está respaldado por aumentos en la productividad del trabajo.

Pretender resolver problemas estructurales de pobreza y desigualdad exclusivamente mediante incrementos salariales es desconocer las limitaciones del mercado laboral colombiano y la elevada proporción de trabajadores que ni siquiera devengan el salario mínimo.

No se puede perder de vista, además, la concatenación del impacto que trae consigo el reajuste del salario mínimo legal, toda vez que son muchas las variables que están atadas e indexadas al mismo.

A guisa de ejemplo citemos algunos casos: aportes de aprendices al Sena, multas de tránsito, el soat, aportes obligatorios a seguridad social (salud, pensión, riesgos laborales), tarifas notariales, arriendos, los peajes en todo el país, así como las matrículas de escuelas, colegios y universidades.

Un caso que llama poderosamente la atención es su devastador efecto en el costo de la vivienda de interés social (VIS), las cuales pasarán de costar $192.172.500 a $235.829.070. Es decir que los destinatarios de las viviendas de interés social, que no son propiamente los más pudientes, deberán endeudarse en $46 millones más para hacerse a una de ellas (¡!).

Como efecto colateral de esta insensata medida se terminará atizando la inflación, que se resiste a ceder y se mantiene por encima del 5 %, alejándose en lugar de acercarse a la inflación objetivo del Banco de la República del 3 %, lo cual ha llevado a su junta, a pesar de las presiones del Gobierno en sentido contrario, a mantener la tasa de interés de intervención en 9,25 %.

Es más, la junta del banco emisor se puede ver ahora precisada a incrementarla, lo que, desde luego, encarecería el crédito. No hay que perder de vista que la inflación constituye el impuesto más regresivo, el que más afecta a los más vulnerables, de manera que este incremento desproporcionado del salario mínimo legal simula dar con una mano a quien lo percibe lo que le arrebata con la otra.