La magistrada Ana Margoth Chamorro Benavides del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto del 10 de diciembre, fijó para el 22 de enero de 2026, a las 9 de la mañana, de manera virtual, la audiencia de Pacto de Cumplimiento por la Acción Popular de la Procuraduría para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios de Barranquilla del 14 de enero de 2025 contra la CRA, Puerto Colombia, Área Metropolitana de Barranquilla, Triple A, Departamento del Atlántico, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

La Procuraduría considera que dichas entidades en el área de influencia de la ciénaga de Mallorquín, donde se desarrolla un megaproyecto inmobiliario, no han protegido los derechos e intereses colectivos siguientes: el goce de un ambiente sano, la preservación del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, la realización de construcciones, edificaciones y un desarrollo urbano en coherencia con las disposiciones jurídicas, el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna, y el acceso a una infraestructura de servicios que asegure la salubridad pública.

Estas entidades se opusieron unánimemente a las pretensiones de la Procuraduría. Y como si esas oposiciones no fueran suficientes, Gisella Angulo Aguirre de la Triple A y Javier Ramírez Gómez (coadyuvante de la parte demandada) piden que María Correa Vásquez y yo seamos excluidos en representación de la sociedad civil coadyuvante de la parte demandante. Argumentan los dos abogados que nuestra coadyuvancia se excede porque introduce, por ejemplo, el tema de las alturas no permitidas en Vivienda de Interés Social (VIS), ignorando que la demanda exige precisamente construcciones, edificaciones y un desarrollo urbano en el área del conflicto acordes a las disposiciones jurídicas. La decisión de la magistrada se conocerá cuando concluya la vacancia judicial. Tal vez el mismo día de la audiencia.

Hay una solicitud de reprogramación de la audiencia de David Salazar Ochoa, abogado del Área Metropolitana, porque ese día no puede. “La inasistencia por parte de los funcionarios competentes es causal de mala conducta sancionable con destitución del cargo”, dice el auto judicial.

La audiencia de Pacto de Cumplimiento es una etapa procesal que busca que las partes hagan acuerdos y eviten un pleito largo. A esta instancia hemos llegado por defender los relictos de bosque seco tropical. Por esa razón han querido silenciarnos, aislarnos o frenarnos, utilizando incluso la intimidante vía penal.