El resentimiento se instaló con fuerza en Colombia en los últimos años. La polarización y la posverdad llevaron a una generación de políticos a alterar a los ciudadanos mediante emociones negativas como la tristeza, el miedo, el odio, la envidia, la ira y la ansiedad. El filósofo neerlandés Baruch Spinoza explicó en el siglo XVII que estas pasiones surgen de la falta de conocimiento que tiene el individuo sobre el mundo que habita. Sociedades dominadas por tales emociones terminan siendo caóticas, oscuras y fragmentadas, especialmente cuando el resentimiento se usa para construir enemigos y justificar proyectos políticos.
Estas emociones fueron canalizadas en los últimos años a través de los discursos de Petro y de sus seguidores, centrados en la idea de haber sido supuestamente maltratados por la sociedad o por la vida. Con ese relato lograron convencer a muchos de que la izquierda jamás había gobernado Colombia, desconociendo presidentes del siglo XIX como José María Obando, José Hilario López y Manuel Murillo Toro, o figuras del siglo XX como Alfonso López Pumarejo. También ignoraron a cientos de colombianos que, viniendo de la pobreza, alcanzaron las más altas dignidades del Estado, entre ellos los presidentes Marco Fidel Suárez y Belisario Betancur; o estadistas como el exprocurador y exfiscal Alfonso Gómez Méndez y el exministro, constituyente, embajador y exalcalde de Bogotá Jaime Castro. Sobre este último vale la pena leer sus recientes memorias, Manojo de recuerdos (2025).
En la coyuntura actual, resulta evidente que la retórica de Petro sobre “los excluidos” —cuando él mismo proviene de una cuna sin carencias materiales y exhibe incluso su ciudadanía italiana— es una estrategia de manipulación política. Lo más grave es que millones de colombianos escuchan esta narrativa día y noche, adoptando un lenguaje virulento contra quienes poseen medios económicos o se han destacado profesionalmente, sin detenerse a reconocer el esfuerzo y el mérito detrás de esos logros.
Se ha vuelto, además, moneda corriente distorsionar la historia. Guerrilleros, terroristas, asesinos y narcotraficantes han pasado a ser presentados como héroes, mientras quienes han defendido la institucionalidad y la decencia son atacados por relatos delincuenciales que hoy alimentan ciertos “medios alternativos”, verdaderas bodegas pagas. Un ejemplo emblemático es la toma terrorista del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, perpetrada por el M-19 con apoyo del cartel de Medellín de Pablo Escobar. El relato dominante se ha concentrado en la recuperación militar del edificio —tema que ha tenido avances parciales en la justicia—, pero ha minimizado la responsabilidad de quienes ejecutaron la toma, responsabilidad que quedó sepultada tras la ley de indulto de 1992 que benefició a la cúpula del M-19 e impidió que individuos como Petro fueran procesados por delitos de guerra. Esa ley podría ser cuestionada hoy, pues se encuentra en tensión con los tratados internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia interamericana que ha considerado incompatibles las amnistías e indultos por graves violaciones de derechos humanos en Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Perú y El Salvador.
Los relatos y la historia pertenecen hoy a los resentidos. Esa es la proclama de quienes, con discursos de odio y victimización, buscan controlar el Estado. Sus narrativas circulan por las emisiones de RTVC —convertido en un canal de propaganda oficial—, por museos intervenidos y por bodegas digitales que compiten con los medios que aún intentan informar con rigor y seriedad.
Con este panorama, es esencial entender que, más que un proceso electoral en 2026, Colombia se juega la existencia misma de sus instituciones y la defensa de un relato fiel a lo ocurrido durante dos siglos.
Un paso en falso y, en las próximas décadas, criminales como Pablo Escobar, Carlos Pizarro o Manuel Marulanda podrían convertirse en los nuevos “héroes” de una Colombia delincuencial. Ojalá el país comprenda la magnitud del desafío.
Exfiscal General de la Nación
Profesor del Adam Smith Center for Economic Freedom, Florida International
