Colombia enfrenta una crisis fiscal sin precedentes. En solo tres años, el gasto se disparó, la inversión quedó paralizada, la deuda creció en más de $300 billones y los ingresos, sostenidos principalmente por Ecopetrol y la Dian, cayeron por debajo de lo previsto. Este desequilibrio ha dejado al país con una carga financiera insostenible, sin margen de maniobra y con una economía atada a promesas incumplidas.

Del lado de los ingresos, la situación también es alarmante. La Dian no logró mantener el ritmo de crecimiento en el recaudo tributario: en 2023 se alcanzó un máximo de casi $280 billones, pero en 2024 esa cifra cayó a $267 billones, y los recortes aplicados a septiembre de 2025 confirmaron que el recaudo seguía cayendo o quedaba por debajo de la meta. A esto se suma el desplome de los aportes de Ecopetrol, que pasaron de más de $22 billones en 2023 a menos de $9 billones proyectados para 2025. Los resultados publicados por Ecopetrol a septiembre de 2025 fueron un desastre, confirmando que las expectativas que se habían construido alrededor de una bonanza petrolera simplemente no se cumplieron.

Inversión fue la palabra clave en el Plan Nacional de Desarrollo, que anunció una cifra histórica para cerrar brechas sociales y regionales. Pero todo quedó en el papel. A pesar de haber presupuestado cerca de $100 billones para 2024, el Gobierno fue incapaz de ejecutar. A mitad de 2025, más del 60 % del presupuesto seguía sin utilizarse. La ejecución no solo fue lenta: fue inexistente en muchas áreas, lo que terminó por golpear las regiones más necesitadas.

En paralelo, el gasto creció sin freno. El Presupuesto General de la Nación para 2024 superó los $500 billones, de los cuales más del 60 % se destinó a funcionamiento, una estructura rígida que deja poco margen para ajustes. Lo más grave es que para 2026 se estima que el 91 % del gasto estará comprometido en obligaciones que no se pueden recortar. La expansión del gasto no fue acompañada de reformas estructurales ni de control fiscal, y hoy el Estado está atado a un gasto que no puede financiar.

El próximo presidente asumirá un país fiscalmente agotado, sin espacio para errores ni promesas vacías. Con una deuda en ascenso, ingresos debilitados y un gasto inamovible, las decisiones que deberá tomar serán drásticas: una reforma tributaria de gran calado, recorte del aparato estatal, y ajustes que afectarán subsidios y programas populares. Inevitablemente, estas medidas erosionarán su popularidad. Y mientras el nuevo gobierno intenta estabilizar la economía, la izquierda, ahora en la oposición, podrá volver a sacar a la calle a la primera línea, agitando el descontento y culpando al nuevo mandatario de las consecuencias del desastre que ellos mismos sembraron. Una paradoja dolorosa: arreglar el daño costará poder político, mientras los responsables se reciclan como víctimas.

@junioryidi